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Investigación

Inmunidad diplomática no es impunidad: responde el Procurador a Prieto

Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente.

Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente.

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Prieto dice que la Procuraduría no lo puede investigar por caso BID ni Marketmedios.

Iván Peña
Roberto Prieto, ex gerente de las campañas Santos Presidente, asegura que la Procuraduría debe cerrar de inmediato los procesos que sigue en su contra por supuestamente haber gestionado desembolsos en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para favorecer a la empresa de su familia, Marketmedios; y las indagaciones en torno a sus visitas para interceder a favor de terceros.
Según él, goza de inmunidad como exfuncionario del BID y nunca ha sido funcionario público, lo que lo deja fuera del radar del Ministerio Público.
“Entendidas así las cosas, resulta evidente que la investigación disciplinaria en contra del doctor Prieto, en su condición de Director Ejecutivo del BID, no podía adelantarse porque ostenta inmunidad judicial y administrativa (...) no es funcionario público del Estado colombiano y tampoco reúne los requisitos para ser investigado como particular”, aseguró su defensa en carta que radicó el jueves en la Procuraduría.
La postura de la defensa de Prieto se conoce luego de que la Procuraduría anunció que busca determinar posibles irregularidades en directivos de ocho entidades del Estado, incluida la Cancillería, en la contratación con la firma Marketmedios.
De hecho, basados en la evidencia que compulsó esa entidad, la Fiscalía anunció el jueves la imputación de cargos a tres personas por sobrecostos y pagos sin soporte de contratos de la Cumbre de las Américas, realizada en Cartagena en 2012, en los que aparece también Marketmedios.
En efecto, en noviembre del 2011 se entregó a la Unión Temporal Cumbre de Las Américas (conformada por Aviatur, Gema Tours, Contacto SAS, Marketmedios y Creativa Producciones), un contrato por 43.500 millones de pesos para las actividades logísticas. Y, cuatro meses después, el Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó una adición de 12.000 millones. Al respecto se investiga si el 50 por ciento del valor de la adición fue usado para un doble pago de servicios de salud, imprevistos y gastos generales, actividades que ya estaban cubiertas por el contrato original.

La postura de Prieto

En cualquier caso, la defensa de Prieto está pidiendo que se anulen de inmediato todos los procesos disciplinarios en su contra que, además, sirvieron de punto de partida para las decisiones de la Fiscalía General.
Además, advierte que las pruebas recolectadas hasta este momento por los investigadores de la Procuraduría, lejos de demostrar responsabilidad, permiten concluir que Prieto no ha trasgredido norma alguna ni en el caso de su actuación en el BID ni respecto de visitas u otras actividades “con la finalidad de favorecer intereses particulares o de terceros”.
Al respecto, sus abogados recalcan que no era posible que su representado participara de los procesos de aprobación de operaciones de empréstitos en el BID, "tal como quedó consignado en la respuesta que dio el BID en este trámite", reveladas por EL TIEMPO. En este punto Prieto insiste en que no tuvo ninguna participación en los desembolsos que luego fueron usados en parte para contratar a Marketmedios y que además ya había dejado su posición cuando fueron aprobados.
La Procuraduría ya abrió investigación formal contra dos funcionarios del Ministerio de Transporte por la adjudicación de contratos a la empresa de la familia de Prieto con dineros del BID.
El mediodía de este viernes, además, el Procurador Carrillo respondió a los argumentos de la defensa de Prieto al señalar que "inmunidad diplomática no es impunidad".
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u.investigativa@eltiempo.com
Iván Peña
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