Una unidad especial de la Fiscalía tiene a su cargo la tarea de descifrar el misterio detrás del robo de dos automóviles y tres motocicletas que pertenecían a la captadora ilegal DMG, propiedad del extraditado David Murcia Guzmán.
Los vehículos fueron sacados del parqueadero de un edificio de cuatro pisos y puertas blindadas ubicado en la calle 65 con 30, en el sector del Siete de Agosto, en Bogotá.
Se trata de un Nissan Máxima, una camioneta Mitsubishi Outlander, una moto Suzuki 650, una Honda XL 200 y una Vento Workman 125.
De acuerdo con el testimonio de los vecinos (mecánicos y pintores de carros), el hecho ocurrió en diciembre del año pasado. El día del robo, contó uno de ellos, se presentaron cuatro personas, entre ellas un cerrajero que procedió a abrir las puertas y a cambiar las guardas de las cerraduras. Llevaban, además, un camabaja para transportar los vehículos. “A primera vista parecía un operativo judicial”, le dijo a EL TIEMPO uno de los testigos.
El Grupo Holdinng S.A., en liquidación judicial y en cabeza de María Mercedes Perry Ferreira, que tiene bajo su responsabilidad los bienes incautados a DMG, solo se percató de la desaparición de los vehículos un mes después de consumado el hecho.
Los vehículos fueron adjudicados por la liquidadora a un ciudadano que pagó por ellos casi 40 millones de pesos, incluidos impuestos atrasados.
El 6 de enero, cuando estaba prevista la entrega al adjudicatario, que ya había pagado, se dieron cuenta de que los carros y las motos habían desaparecido.
Lo que causó más asombro luego de descubrirse el robo, grabado por las cámaras de seguridad, es que los delincuentes llegaron en compañía de una patrulla del CAI del Siete de Agosto.
La explicación que ofrecieron los policías es que fueron engañados.
El CTI de la Fiscalía estableció que los delincuentes se presentaron en el CAI con documentos falsos en mano (escrituras y certificados de libertad y tradición), aseguraron que habían comprado el edificio y que necesitaban desocuparlo para venderlo y pidieron el acompañamiento de la Policía.
Según una fuente del caso, los vehículos fueron sacados de Bogotá por la vía a Soacha, Cundinamarca. Los investigadores están analizando los videos del robo para tratar de identificar a los timadores.
“Vale la pena hacer claridad que esta entidad, en liquidación judicial, colocó la demanda penal correspondiente para que la Fiscalía General de la Nación realice las averiguaciones del caso”, respondió Perry a un derecho de petición.
La persona afectada, a quien le habían adjudicado los activos de DMG, está solicitando que le devuelvan el dinero que invirtió, pero la respuesta de la liquidadora es que “la Superintendencia de Sociedades no autorizó la devolución de la suma de dinero”.
JUSTICIA
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