Los 15 meses que Leonidas Bustos lleva por fuera de la Corte Suprema de Justicia lo podrían dejar a un paso de la cárcel.
Este lunes, en una cumbre a la que asistirá el fiscal Néstor Humberto Martínez, ocho magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema y miembros de la Comisión de Acusación de la Cámara, se definirá en qué casos el exmagistrado conserva su fuero y en cuáles quedaría en la órbita del ente acusador.
Hasta ahora, todo su proceso avanza a paso lento en la Cámara. Sin embargo, la hipótesis central de la investigación es que Bustos y el también expresidente de la Corte Francisco Ricaurte “dirigieron y promovieron una organización criminal entre los años 2013 y 2017”.
Por lo tanto, todo lo ocurrido después de que Bustos salió de la Corte –en julio del año pasado– es del resorte de la Fiscalía.
“Nunca antes a tan alto nivel se había prostituido la profesión de abogado y el ejercicio de la magistratura”, aseguró el fiscal del caso, Jaime Camacho, en la audiencia de legalización de captura de Ricaurte, que culminó a las 3 de la madrugada del viernes.
De hecho, la jueza que revisó la evidencia manifestó que era un día muy triste para la administración de justicia y no titubeó a la hora de enviar a prisión a Ricaurte, uno de los hombres más poderosos de la justicia en los últimos 15 años, que ya completa tres noches en los calabozos del edificio del extinto DAS, en el centro de Bogotá, antesala de su traslado a La Picota.
Bustos podría seguir el mismo camino si se tiene en cuenta que en su contra avanzan otros procesos por hechos hasta ahora desconocidos.
En las últimas horas, varios fiscales estuvieron hablando con exdiputados del Meta, condenados en el 2008 por una nómina paralela.
Buscan establecer cómo lograron que, a pesar de haber sido condenados en segunda instancia, a varios de ellos les declararan prescritos sus procesos en la Corte, con ponencia del magistrado Bustos.
Una denuncia en poder de la Fiscalía señala que varios de ellos se reunieron con una mujer muy cercana al entonces magistrado y habrían pagado 150 millones de pesos por cabeza por ese ‘favor’ judicial.
A ese expediente se une un caso más fresco, el del exgobernador del Cauca Temístocles Ortega, denunciado por EL TIEMPO en julio del 2016. El exmandatario regional está procesado por desviar dineros públicos para elegir a su sucesor y amigo, Óscar Campo.
El fiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettin, ahora señalado de ser parte de la organización criminal, llevaba el caso de Ortega. El abogado del exmandatario era Leonidas Bustos, a través de Eduardo Saavedra, exdirector del CTI Bogotá. Y hay otra coincidencia: el caso estaba en la unidad a cargo de Moreno.
La Fiscalía, que esta semana apartó a Bettin del cargo, dice, además, que este acordó con Ricaurte favorecer ilegalmente a otro exgobernador: Juan Carlos Abadía, procesado por corrupción en el Valle.
Según se reveló en la explosiva audiencia de Ricaurte, los procesos contra Abadía venían desde el 2009 y estaban en el despacho de Bettin, quien había hecho el compromiso de archivarlos en lo posible o al menos evitar la imputación de cargos. En efecto, dos de los procesos fueron archivados.
Pero, a finales del 2016, Bettin le informó a Ricaurte que por presión de la nueva administración del ente acusador tenía que imputarle cargos a Abadía. Y así lo hizo en marzo pasado ante el Tribunal Superior de Bogotá por un contrato para suministrar libros a 40 establecimientos educativos de su departamento y en el que, según la investigación, hubo sobrecostos por 817 millones de pesos.
En ese caso, vuelven a aparecer varios integrantes de lo que la Fiscalía llama la “organización criminal” de Bustos y de Ricaurte. El exfiscal Moreno fue abogado de Abadía, y cuando saltó a la Unidad Anticorrupción, el caso lo asumió la oficina del exmagistrado Bustos.
Abadía niega haber hecho cualquier pago a Bettin. Y en igual sentido se pronunció Ortega, quien le quitó el poder a Bustos.
No menos complicada es la situación del también expresidente de la Corte Suprema Camilo Tarquino. En su caso no hay discusión de que no tenga fuero ni de que haya evidencia en su contra.
El procesado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons asegura que llegó a Tarquino a través de la condenada exrepresentante a la Cámara por Sucre, Muriel Benito Revollo, quien selló pactos con paramilitares’.
La idea inicial era que Tarquino asesorara a Lyons en la veintena de procesos que se le siguen por el saqueo de su departamento. De hecho, le alcanzó a pagar 30 millones de pesos.
Pero Lyons, cuyo caso fue la génesis de esta bola de nieve, dice que Tarquino le exigió luego 20.000 millones de pesos y que le dijo que “había un grupo de magistrados dedicados a ese tipo de actividades: intervenir en favor de los intereses de los procesados en las actuaciones que se adelantaban en la Corte y en la Fiscalía”, en referencia a Bustos y a Ricaurte.
Para la Fiscalía es claro que los clientes de esa red no son víctimas de extorsión, como han querido venderse varios de ellos, en especial el poderoso senador cordobés Musa Besaile, cuyo pago, dice la Fiscalía, también alcanzó para el magistrado Gustavo Malo, quien está a cargo de su expediente.
Y si bien algunos sí fueron presionados, como pareciera haber ocurrido en el caso de Julio Manzur, lo que había era un servicio de corrupción que garantizaba impunidad mediante el pago de gruesas sumas.
Esto parece haber funcionado a la perfección en el caso del festín con las propiedades incautadas a los narcotraficantes y en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
La Corte ya mandó llamar a un exinvestigador del CTI que descubrió que la investigación estuvo frenada por una razón absurda: no pudieron establecer una conexión entre los teléfonos de los depositarios y los de miembros del Congreso porque estos últimos supuestamente no tenían celular a su nombre. Y cuando se logró que el Congreso enviara la lista de líneas asignadas a cada parlamentario, el investigador fue relevado.
Uno de los investigados en ese caso era el senador Álvaro Ashton, el mismo que por otro proceso por ‘parapolítica’, en el despacho del magistrado Gustavo Malo, pagó 1.200 millones de pesos, los cuales terminaron en los bolsillos de Bustos y Ricaurte.
Ese caso y el que se le seguía a Besaile muestran, según la Fiscalía, cómo la red sacaba del camino a funcionarios incómodos. Uno de ellos fue José Reyes, el magistrado auxiliar de Malo que le dijo a la Corte desde Guatemala que, en su momento, le había parecido sospechosa la cercanía de Ashton con Francisco Ricaurte, quien, a la vez, era compadre y amigo del magistrado Malo.
La Fiscalía dice que lo que negociaron Ricaurte y Ashton fue el archivo del proceso. Pero Reyes, el encargado del expediente, se atravesó y por eso fue despedido por su jefe, Malo.
El sistema de registro de entradas al Palacio de Justicia obtenido por EL TIEMPO muestra que de las 13 visitas de Ashton, en los últimos seis años, cinco fueron al despacho de Ricaurte en la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura.
Sucedieron entre noviembre del 2012 y febrero del 2014, fechas que coinciden con los movimientos del proceso.
Además, el senador conservador Hernán Andrade, otro de los supuestos beneficiarios de esta red, registra 128 entradas al Palacio de Justicia, muchas de estas al despacho del procesado exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. Pero hay tres a la oficina de Ricaurte en la Judicatura, entre abril del 2013 y el mismo mes del 2014.
Los magistrados de la Corte que lideran la purga en casa creen que incluso desde antes de la llegada de Bustos y Ricaurte ya existían manejos dudosos de algunos procesos, como el de Álvaro ‘ Gordo’ García Romero, que estuvo engavetado seis años antes de ser condenado por la masacre de Macayepo. Pero la práctica oscura se disparó en el 2013, cuando se juntaron Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y un joven abogado de provincia que de un momento a otro saltó a las grandes ligas de la justicia: el monteriano Gustavo Moreno.
La Fiscalía, basada en la confesión de este, ahora testigo estrella, asegura que él era el cobrador de la red, pero actuaba siguiendo órdenes de Ricaurte, quien escogía y hacía el primer abordaje a los clientes.
Bustos era, según el expediente, el gran poder en la sombra, quien, al igual de Malo, ubicaba estratégicamente fichas en la Fiscalía, el CTI, la unidad de investigadores de la Corte y tribunales regionales.
La caja menor para engrasar la maquinaria promete un nuevo capítulo del escándalo: Fonade, uno de los feudos burocráticos de Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías.
La ficha para 'destapar esa olla' es Alfredo Bula Dúmar, exdirector de Fonade, ficha de Malo y quien ahora ocupa un cargo burocrático en Cartagena –en Edurbe S. A.–, el cual, coincidencialmente, estaba en manos del grupo político de Piedad Zuccardi.
En el 2008, con apenas 45 años, Francisco Javier Ricaurte entró a la historia como el presidente más joven de la Corte Suprema de Justicia. Casi una década después, volvió a hacerlo: se convirtió en el primer expresidente de una alta corte en terminar en una cárcel y, peor aún, en la mira de todo el país, procesado por el mayor escándalo de la justicia colombiana.
Hijo de un político conservador de Cartagena, el hombre que inició su carrera como notificador de tribunal y que llegó a magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema está acusado hoy de encabezar, junto con el no menos polémico exmagistrado Leonidas Bustos, una red criminal enquistada en lo más alto de la justicia colombiana.
Ricaurte se ha declarado “totalmente inocente” y ahora esperará en el pabellón de los ‘parapolíticos’ de la penitenciaría La Picota el avance del caso en su contra.
La juez de garantías consideró evidente que si seguía en libertad, podría alterar el aparato de la justicia, más teniendo en cuenta su reconocido poder burocrático y su influencia en la Rama Judicial.
En el 2012, Ricaurte logró un polémico salto de la Corte Suprema a la Judicatura, el cual fue anulado en una histórica sentencia del Consejo de Estado contra la cuestionada práctica del ‘yo te elijo, tú me eliges’.
Aunque perdió esa pelea por seguir de magistrado (y de paso, con el fuero integral), estaba aspirando a ser uno de los magistrados de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y había buscado a dirigentes de su partido, el Conservador, para darle vuelo a una precandidatura presidencial.
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