La entrevista de Noticias Uno con el auditor de la Concesionaria Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, revelada el lunes –cuatro días después del fallecimiento del ingeniero–, no solo sacudió el caso de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en Colombia, sino que puso a dar explicaciones al fiscal Néstor Humberto Martínez.
Pizano había pedido que la entrevista solo fuera publicada cuando él hubiera salido del país –algo que pensaba hacer porque, según dijo, temía por su vida– o cuando hubiera fallecido. Padecía un cáncer linfático.
Según sus declaraciones, en agosto del 2015 él había buscado a Martínez cuando todavía no era fiscal general sino asesor jurídico del Grupo Aval, para pedirle que enterara al presidente de la junta directiva del grupo financiero, Luis Carlos Sarmiento Angulo, de que había detectado irregularidades en contratos de Odebrecht en el desarrollo de la Ruta del Sol II, de la cual hacía parte el grupo económico a través de Corficolombiana y su filial Episol.
El socio mayoritario de la Concesionaria era Odebrecht, que tenía el 62 por ciento.
Pizano y el hoy Fiscal General eran amigos de toda la vida.
Sobre la visita que el auditor de la Concesionaria Ruta del Sol le hizo en agosto del 2015, y a partir de la cual algunos se preguntan si Martínez sabía de los sobornos de Odebrecht desde ese año, el Fiscal confirmó que efectivamente Pizano fue a su oficina particular y le pidió que le transmitiera sus preocupaciones a Sarmiento Angulo.
“Con el fin de cumplir el encargo cabalmente, le pregunté al doctor Pizano si podía asumirse que se trataba de coimas, a lo cual me contestó: ‘Hombre (…), pues no tengo certeza’; de hecho, una de las hipótesis que contemplaba Jorge Enrique Pizano era que se trataba de pagos a paramilitares”, dijo Martínez en un comunicado.
En audios entregados por Pizano –grabó la conversación que tuvo con Martínez en agosto del 2015– se oye cuando se plantea si los contratos irregulares eran para tapar coimas.
—(...) Acá te traje el consolidado que tengo a agosto 4, de todos los contratos y de todas las observaciones, que suman 24 mil millones de pesos”, afirma Pizano en un aparte de los audios.
—(...) ¿Esto son coimas? ¿Sí o no? Diga como es cierto, ¿sí o no? (...) –pregunta el Fiscal.
—Hombre (...), pues no tengo certeza –le contesta Pizano.
En su comunicado de ayer, Martínez señala que solo “con la investigación de la Fiscalía en el año 2017 se pudo establecer con certeza que los ‘hallazgos’ de Pizano estaban relacionados con ‘coimas’”.
El Fiscal precisa, en todo caso, que tras recibir la información de Pizano, la trasladó a Sarmiento Angulo, después de lo cual los miembros de la Concesionaria Ruta del Sol acordaron que Odebrecht debía reintegrar los 33.000 millones de pesos de los contratos cuestionados.
Martínez anota que no participó en reuniones de los socios de la Concesionaria y que solo fue llamado para redactar el acuerdo de transacción, con la previa advertencia “de que la empresa brasileña no reconocía que dichos pagos fueran ilícitos”.
Precisamente, el Grupo Aval, Corficolombiana y su filial Episol ratificaron mediante otro comunicado que, como lo dice Martínez, le encargaron a su oficina jurídica la elaboración de un contrato para que Odebrecht le restituyera a la Concesionaria Ruta del Sol los pagos “que finalmente no fueron explicados a satisfacción de Corficolombiana”.
Así mismo, el Grupo Aval indica que solo se enteró de las acciones ilícitas de Odebrecht para obtener obras en distintos países el 21 de diciembre del 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público su acuerdo con la constructora brasileña para confesar sus delitos.
En medio del lío jurídico, hay toda una tragedia. La familia de Pizano no solo sufre por su repentina muerte, sino por el envenenamiento con cianuro de su hijo Alejandro Pizano, de 31 años, el domingo, al beber un sorbo de una botella de agua saborizada que estaba en el escritorio de su papá.
Alejandro había viajado desde Barcelona (España), donde vivía con su esposa –quien tiene un embarazo de seis meses–, para asistir al funeral de su padre (ver ‘La doble tragedia de la familia Pizano’).
Desde el 2017, cuando se comprobó la corrupción de Odebrecht, han sido expedidas órdenes de captura contra los exdirectivos de la constructora Amilton Ideaki Sendai, Eder Paolo Ferracuti y Mauricio Marangoni, las cuales están vigentes.
Igualmente, han sido llevados a juicio, entre otros, el exsenador Otto Nicolás Bula y los contratistas Eduardo José Zambrano, Federico Gaviria, Gustavo Adolfo Torres, Gabriel Adolfo Dumar y Mauricio Alberto Vergara.
Por su presunta vinculación con el escándalo de pago de sobornos, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema contra el congresistas Armando Benedetti y los excongresistas Bernardo Miguel Elías, Musa Besaile, Antonio Guerra, Álvaro Ashton, Sandra Villadiego, Martín Morales y Ape Cuello. La última persona llevada ante la justicia fue el contralor de Bogotá y exgobernador de Boyacá Juan Carlos Granados, para quien la Fiscalía pidió cárcel. Este viernes, el Tribunal de Bogotá decidirá si lo priva de la libertad.
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