En Colombia, apenas la mitad de los que necesitan acudir a la justicia para que les resuelva un problema legal decide hacerlo. Pero hay departamentos, como Amazonas, donde apenas 3 de cada diez ciudadanos logra acceso al sistema de justicia, lo que en la práctica significa que allá el 70 por ciento de la gente termina plegándose a la cultura del ‘deje así’.
Esa es una de las revelaciones más importantes del primer Índice de Acceso Efectivo a la Justicia, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación en alianza con el Banco Mundial y basado en la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas que realizó el Dane en el 2016. Los investigadores determinaron qué hace la gente cuando tiene un problema judicial y cuáles son las barreras más frecuentes para acceder al sistema de justicia.
El departamento mejor calificado resultó ser Quindío con un índice, que aunque apenas pasa raspando, del 65 por ciento, es el más alto del país. Incluso en las grandes capitales, como Bogotá, Medellín y Cali, el indicador apenas supera el 60 por ciento. En general, los resultados son precarios y, destaca Luis Fernando Mejía, director de Planeación Nacional, no solo terminan afectando derechos individuales sino al país entero, en la medida en que “la justicia es un pilar fundamental desde el punto de vista de la competitividad en lo que tiene que ver con el cumplimiento de contratos”.
El estudio muestra que casi una de cada diez personas que debería interponer una demanda no lo hace por “temor a las consecuencias”. Tres de cada diez desisten porque hacerlo exige demasiado tiempo (al menos 5 horas) y demasiadas vueltas, mientras que 17 de cada 100 dicen que desconocen sus derechos y otro 7 por ciento simplemente no confía en la autoridad.
El informe midió un factor que llamó ‘empoderamiento legal’ y que en esencia se trata de qué tanto conoce la gente sus derechos y las rutas para hacerlos valer, así como la existencia de mecanismos de divulgación institucional. En este punto Bogotá sacó la nota más alta, con 77,2 por ciento, mientras que en Amazonas el dato fue de apenas 12,2 %.
Las dos regiones repitieron posición cuando se midió el acceso a un abogado y, en general, a asesoría legal: 72,3 % y 15,5 % respectivamente.
El indicador de percepción y potenciales garantías para obtener un procedimiento justo –que mide calidad de respuesta al ciudadano, confianza a la justicia, tutelas por violación al debido proceso, etc.– ubica a San Andrés como la región con mayor confianza en las instituciones (85,2 %). Bogotá obtiene un 58 %, mientras que Valle, Cauca y Chocó están en los últimos puestos con porcentajes de entre el 41 % y el 36 %.
Más grave aún, cuando se midió el índice de cumplimiento del mandato judicial emitido, este apenas llega al 55 por ciento a nivel nacional. Y Bogotá aparece de penúltimo en la lista, con apenas el 36,2 %, solo supera a Putumayo, con el 30 %.
“El problema del acceso a la justicia ha generado que ciertos sectores privilegiados por la sociedad se hagan a un modelo propio, monopólico y excluyente de justicia, y así no va haber una justicia al alcance de todos”, señaló este miércoles el fiscal Néstor Humberto Martínez en el lanzamiento del informe.
El Fiscal confió en que los pasos que se han dado, como la posibilidad de denunciar en línea algunos delitos de alto impacto como el hurto, van a repercutir positivamente en la confianza de los colombianos en su aparato judicial. Pero, advirtió, el país tiene el mismo número de jueces que hace 20 años y este cuello de botella lleva a que hoy haya al menos 112.000 audiencias represadas.
El informe revela que hay departamentos, como La Guajira, donde el 87 % de los presos son sindicados, lo que muestra la inoperancia del sistema judicial. En Cesar el porcentaje está en 82, mientras que el departamento que saca la cara en esa materia es Boyacá: allá la población carcelaria sindicada es del 12 por ciento.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
Twitter: @JusticiaET
