La historia de una ciénaga en Sucre desaparecida por resolución

La historia de una ciénaga en Sucre desaparecida por resolución

Resolución del Incoder del 2010 benefició a un ganadero al desaparecer tres cuerpos de agua.

Ciénaga en Sucre

Ciénaga en Sucre.

Foto:

Archivo particular

Por: Justicia
17 de mayo 2020 , 04:28 p.m.

Con la resolución 2437 de agosto de 2010, expedida por el Incoder, oficialmente se desapareció del mapa una ciénaga que agrupaba a los cuerpos de agua de Amanzaguapo, Caño Viloria y el Dividivi, que juntos sumaban 700 hectáreas y eran parte de la vida de pequeños campesinos y finqueros de San Marcos, en Sucre.

Y aunque por allí diariamente transitaban los habitantes de la región y era evidente observar esos cuerpos de agua, la resolución decía que allí “no existían” las ciénagas, que se ubicaban en la hacienda Mata de Corozo, propiedad del ganadero Alberto José Bula Bula, quien, según la investigación, se terminó beneficiando de esa resolución al apropiarse de esa zona pública por al menos dos años.

Así consta en la condena que acaba de emitir el juzgado noveno penal de Bogotá contra el exsubgerente Nacional de Tierras del Incoder José Ignacio Lacouture Armenta, Juan Heredia Fernández y Alfredo Eugenio Sánchez Jiménez, de la subgerencia de Tierras; el abogado Julio Alberto Acosta y el topógrafo José Rodolfo Castro. El ganadero, de 80 años, alcanzó a ser vinculado al proceso, pero este se canceló tras su muerte.

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El caso se remonta a 1993, cuando, dice el expediente, el ganadero cercó la ciénaga impidiendo el paso de la comunidad. Más de una década después, el caso llegó al Incoder, en donde se habrían realizado las maniobras irregulares para legalizar su apropiación.

En mayo de 2010 se ordenó una inspección ocular de la región y se contrató para realizar la diligencia de observación en el terreno al abogado Julio Alberto Acosta y el topógrafo Alfredo Eugenio Sánchez, quienes rindieron un informe según el cual “en el lugar mencionado y señalado para realizar la inspección ocular no hay ciénagas”, lo que permitió expedir la resolución.

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“Al momento de la visita del predio, el cual se realizó a caballo y a pie, no encontramos ciénaga alguna porque el invierno es fuerte y el nivel del agua es alto y aun con estos niveles de agua no se encontró la mencionada ciénaga. Para mayor constancia se tomaron registros fotográficos testimoniales de habitantes de la región, quienes afirman que habitan allí hace más de 15 años y que nunca han visto una ciénaga en el lugar”, se leía en el informe de los peritos condenados por prevaricato y peculado por apropiación a favor de terceros.

En la investigación se cuestionó que los encargados de la visita tenían que notificar a los interesados en el tema, incluyendo autoridades locales y no lo hicieron, pero sí se quedaron a dormir en la hacienda del ganadero enredado en el proceso.

Proceso engavetado

Pero esa no fue la única maniobra para quedarse con el predio, según la investigación. José Ignacio Lacouture Armenta se habría aprovechado de su cargo para presionar a subalternos para que cambiaran informes y faltaran a la verdad. Luis Ignacio Sánchez, quien laboraba en el Incoder, asistió al juicio y señaló que Lacouture Armenta le dijo “que necesitaba que le hiciera un informe al respecto, diciendo que en el predio no se encontraba ninguna ciénaga”, ante lo cual él le respondió “que no podía hacer eso, porque obviamente era muy fácil observar que en el predio se encontraban todas las ciénagas” y que el funcionario se molestó y le dijo que no estaba colaborando y que le iba a cancelar el contrato.

Y como si las irregularidades no fueran suficientes, en la sentencia se lee que cuando los campesinos intentaron legalmente tumbar la resolución, el expediente desapareció y fue encontrado tres años después en un baño del Incoder.

José Ignacio Lacouture Arment

José Ignacio Lacouture Armenta, exsubgerente nacional de Tierras del Incoder, condenado a 10 años de cárcel.

Foto:

Archivo particular

Reapareció en 2011

Durante el proceso se escuchó a funcionarios del Incoder que volvieron al lugar en junio de 2011, como parte de un recurso de reposición contra la resolución que señaló que allí no existían las ciénagas. Esta vez los funcionarios afirmaron que sí observaron el cuerpo de agua en el que había vegetación y animales en vías de extinción propios de ese tipo de ecosistemas. También declararon campesinos, quienes mencionaron que durante más de dos décadas la gente de la zona pudo pasar por esos cuerpos de agua hasta que fue cerrada y llegaron hombres armados que impidieron el paso.

“Bula quería apoderarse de esos terrenos por las ganas de tener más, y también llevó clientes para venderles. Por eso una vez tiró una cerca en la ciénaga, pero se la quitaron y luego el Incoder dio la autorización a los parceleros y les informó que eran terrenos del Estado y que allí no se podía podían hacer cercas”, señaló uno de los testigos.

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Este capítulo judicial que afectó a los campesinos que llevaban el ganado para beber del cuerpo de agua en época de verano aparece registrado en el Libro Blanco publicado por el Ministerio de Agricultura en el 2011 y que documentó 1.600 casos de irregularidades en el manejo de la tierra en los Montes de María que comprometieron 40.000 hectáreas que fueron saqueadas por notarios, empresarios, registradores, funcionarios de alcaldías locales y del desaparecido Incoder.

Lacouture Armenta le dijo que necesitaba que le hiciera un informe al respecto, diciendo que en el predio no se encontraba ninguna ciénaga

Investigados se declararon inocentes en el proceso judicial

Durante toda la investigación y el juicio, los funcionarios procesados se declararon inocentes y argumentaron que no cometieron irregularidades.

Entre otras cosas, señalaron que, de hecho, la resolución cuestionada no quedó en firme. José Ignacio Lacouture Armenta sostuvo en el juicio que estas decisiones se tomaron “siguiendo todas las ritualidades y el procedimiento que está descrito en el decreto reglamentario 2663 de 1994, considerando y teniendo en cuenta estrictamente las pruebas válidamente recaudadas en el curso de ese proceso”.

Señaló, igualmente, que tampoco hubo alguna afectación o beneficio a la propiedad del ganadero Bula Bula.

JUSTICIA

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