Presuntas irregularidades en dos millonarios convenios adjudicados por la Gobernación de Córdoba pusieron ante la justicia a María Fátima Bechara y a su hermana Mara Bechara de Zuleta, integrantes de la familia dueña de la Universidad del Sinú y quienes se han desempeñado como directivas del centro educativo.
Ambas hacen parte de un grupo de cinco personas que fueron detenidas por presuntamente haber participado en irregularidades para apropiarse de recursos del Estado asignados a través del Fondo de Ciencia y Tecnología e innovación.
La vicefiscal María Paulina Riveros señaló que las capturas se presentan en el marco de la segunda fase de las investigaciones por corrupción que adelanta el ente investigador en el departamento de Córdoba y que fueron priorizadas.
Por esos hechos, la Fiscalía les imputará los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado y concierto para delinquir.
Según reveló EL TIEMPO en el 2014, Mara Bechara, excandidata a la Gobernación de Córdoba y quien ha fungido como vicerrectora de la universidad, fue quien recomendó a Jairo Zapa, el director de regalías de ese departamento que fue asesinado.
Le admitió a este diario que se lo presentó al entonces gobernador Alejandro Lyons antes de su posesión, “por su experiencia en Invías, la Corporación Valle del Sinú y el trabajo que hizo en la universidad como docente”.
La Fiscalía encontró que las hermanas Bechara terminaron manejando plata entregada por el cuestionado exgobernador, quien está citado este jueves a imputación de cargos por irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Se calcula que en la administración de Lyons se desviaron regalías por más de 60.000 millones de pesos.
El primer convenio que enreda a María Fátima, rectora de la Universidad, y a Mara fue firmado en diciembre de 2013 por la Gobernación, la Universidad y la Fundación para el conocimiento y desarrollo de la diversidad biótica de Colombia George Dahl.
El convenio costaba 3.176 millones de pesos y buscaba promover y hacer más eficiente la realización de artesanías con caña flecha.
En el expediente aparece un informe de la Contraloría según el cual, con corte a diciembre de 2016, se había girado el 95 por ciento de la plata del contrato pero solo se había ejecutado un 30 por ciento.
Esa fundación, cuyo representante legal, Álvaro Hernando Sua Carreño, también tendrá que responder por tres delitos, ya había sido cuestionada por la Contraloría en una auditoría de enero en la que se advertía que junto a otras dos fundaciones entregó cerca de 12.000 millones a Ceniagroecológico, para que ejecutara las actividades que se les habían asignado.
El otro contrato por el que serán judicializadas las Bechara es el 744 de 2013 firmado entre la gobernación, la Universidad del Sinú y la Fundación para la Conservación y el desarrollo Forestal (CDF) por 7.659 millones de pesos.
Su propósito era la “investigación y desarrollo aplicado de un modelo experimental para el manejo productivo y sostenible de los sistemas agroforestales en Córdoba. En ese convenio se detectó que se giró el 91 por ciento del valor del proyecto y este solo había avanzado el 42 por ciento.
En agosto de 2016, el actual gobernador de Córdoba, Edwin José Besaile Fayad, se declaró impedido para conocer de ese contrato en el que aparecía su suegra, Mara Bechara.
En su momento, Mara Bechara le dijo a EL TIEMPO que su universidad no es la única que participa en programas con regalías: “La norma invita a las instituciones a presentar proyectos”. Según sus allegados, la mujer se presentó voluntariamente a la Fiscalía.
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