Reglamentación de JEP pondría nuevos límites a extradición

El aterrizaje de la nueva justicia especial para la paz en el sistema jurídico colombiano, que se hará a través de un proyecto de ley de 151 artículos presentado este miércoles en el Congreso, promete nuevas polémicas.

La iniciativa está firmada por los ministros de Justicia, Interior y Defensa y aclara varias zonas grises de la operación del nuevo sistema de justicia transicional. Así, por ejemplo, se establece que cualquier beneficio de pena alternativa, incluyendo la amnistía para los guerrilleros y el fin de la acción penal para los agentes del Estado, está sujeto al cumplimiento estricto de las obligaciones de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Se trata de un seguro contra los que pretendan ‘hacerle conejo’ a la paz, quienes se exponen a 40 años en una cárcel.

También se establece que, para el caso de los agentes del Estado que se beneficien en la JEP, la suspensión de la persecución judicial por los delitos menos graves no da derecho a regresar al servicio activo. En el caso de los que no han sido condenados, si se trata de delitos graves y logran libertad temporal no habrá reintegro mientras se da la decisión de fondo.

La propuesta deja en claro que un eventual beneficio de amnistía para miembros de las Farc no impedirá que avancen los casos de extinción de dominio en su contra. Sin embargo, uno de sus parágrafos abre la puerta para que se revisen los casos ya fallados por la justicia sobre bienes de las Farc. Esto, si aparece “el antiguo propietario (que) declare bajo gravedad de juramento que el bien lo obtuvo con recursos lícitos”. El caso iría a revisión de la justicia ordinaria.

El proyecto, en uno de sus apartes más polémicos, extiende los límites para que se aplique la extradición. Así, en el acuerdo de La Habana había quedado claro que no habrá extradición de miembros de las Farc por hechos cometidos con ocasión del conflicto armado, incluido el narcotráfico, y que si llegan solicitudes por hechos posteriores al proceso de paz, serán resueltas por la JEP y no por la Corte Suprema de Justicia. También, que los casos de pedidos de extradición contra familiares de miembros de las Farc también pasarían en primera instancia a la nueva jurisdicción.

El proyecto trae un artículo adicional que blinda, al menos temporalmente, de esa figura jurídica a “otros” que no sean de la guerrilla. Esa categoría podría incluir a narcos o ‘paras’. El artículo 145 señala: “No se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, antes de que terminen de ofrecer verdad”.

La explicación del Gobierno es que, sin importar si se trata o no de un miembro de la guerrilla, deben priorizarse los derechos de las víctimas: “Es una experiencia aprendida de los procesos de justicia transicional que ya ha vivido el país y que han demostrado que la extradición de responsables de crímenes atroces en el marco del conflicto armado satisface a la justicia de países extranjeros en su lucha contra el narcotráfico, pero desconoce los derechos de las víctimas en Colombia”, dice la exposición de motivos.

En la Comisión Primera del Senado fue aprobado este miércoles, en el primero de cuatro debates, el proyecto de reforma constitucional que prohíbe la creación, promoción y financiamiento de todo tipo de grupo armado ilegal, incluidas las organizaciones paramilitares.

De esta forma, sin ningún sobresalto, el Congreso retomó este miércoles la discusión y votación de los proyectos que implementan el acuerdo de paz con las Farc, según el nuevo modelo que ordenó la Corte Constitucional.

Aunque este proyecto ratifica el monopolio de las armas en cabeza del Estado, que ya está en la Carta, tiene una particular relevancia para cerrar el conflicto y recoge la experiencia a nivel comparado. Por ejemplo, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, Alemania elevó a rango constitucional la prohibición del nazismo.

“El artículo está hecho para prohibir que cualquier organización civil se arme. Nuestra historia nos muestra que si algo está detrás de la violencia es que cada quien en este país decide empuñar las armas. Estamos cerrando ese capítulo, mirando hacia adelante”, dijo Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la Paz, quien también destacó que la implementación de este punto es un mensaje de tranquilidad para las Farc en el sentido de que la paz avanza, no obstante el fallo de la Corte Constitucional que limitó el procedimiento fast track o vía rápida para la aprobación de las leyes de la paz.

La semana pasada ese tribunal, que hace el control constitucional de esas leyes, dejó sin piso dos de las reglas del fast track: el Gobierno ya no puede frenar las proposiciones de los congresistas y los proyectos no se pueden votar en bloque.

Por los lados de la Cámara, este miércoles avanzó en la plenaria otro proyecto producto de los acuerdos de paz. Avaló, en el segundo de cuatro debates, el proyecto que destina una parte de las regalías para la construcción de vías terciarias.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, celebró el avance de las iniciativas y dijo que este miércoles fue un día “histórico” en el que lo importante para destacar es que las mayorías del Congreso están apoyando el proceso de paz.

La comisión de seguimiento a la implementación delos acuerdos de paz, integrada por personas del Gobierno y las Farc, seguía discutiendo este miércoles una eventual “recalendarización” de las fases del desarme definitivo del grupo guerrillero.

Este punto entró en debate por la intranquilidad que les generó a las Farc el fallo de la Corte Constitucional sobre el ‘fast track’ o vía rápida para las leyes de la paz en el Congreso. La sentencia levantó la prohibición para que el Legislativo les haga cambios a los proyectos y dijo que no se pueden votar en bloque. El Gobierno se mantiene en que las Farc deben mantener su palabra y abandonar las armas el día D+180 como se acordó, es decir, el 29 de mayo.

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