Tres años, 2 meses y 27 días. Ese fue el tiempo que el exsenador Alberto Santofimio Botero logró rebajar de su condena por el asesinato de Luis Carlos Galán a través de certificaciones de trabajo en una de las granjas de la penitenciaría La Picota, de Bogotá.
Esa rebaja de pena fue determinante para que el otrora poderoso cacique político –el primer personaje público sentenciado por el magnicidio– lograra que un juez de Bogotá le diera el beneficio de casa por cárcel. Santofimio, que en 1989, el año del asesinato de Galán, competía con él por la precandidatura presidencial del liberalismo, fue condenado a 24 años de cárcel, pero terminó pagando solo 9 años y 2 meses en uno de los patios privilegiados de La Picota.
Con el tiempo redimido por trabajo, su pena cumplida terminó oficialmente en 12 años, 4 meses y 20 días. Como la ley establece que para pedir la detención domiciliaria es suficiente cumplir al menos la mitad de la condena y demostrar buena conducta y arraigo familiar, el juez 16 de Ejecución de Penas decidió autorizar la casa por cárcel.
Santofimio tuvo que cancelar una caución de seis salarios mínimos (menos de 5 millones de pesos) y este martes seguía esperando la disponibilidad de un brazalete de control electrónico para abandonar La Picota.
destino será un apartamento en el sector del Museo del Chicó, en una de las zonas más exclusivas del norte de Bogotá. Su manutención, dice el documento del juez, está garantizada por los más de 14 millones de pesos que Santofimio recibe como pensión de excongresista.
El cuestionado exsenador y exministro logró la detención domiciliaria a pesar de que una década después de haber sido condenado como determinador del crimen de Galán –que fue perpetrado por una tenebrosa alianza de políticos, ‘paras’, narcos y agentes del Estado– no ha pagado la indemnización que le impuso un juez para reparar a sus víctimas. Esa indemnización fue revalidada en la revisión definitiva del caso en la Corte Suprema de Justicia, en el 2011.
Santofimio fue condenado a pagar 1.725 millones de pesos por daños y perjuicios en favor de la familia de Luis Carlos Galán y otros 200 millones de pesos más a la familia de Santiago Cuervo Sánchez. Este último era el escolta del DAS que murió con su protegido en el atentado del 18 de agosto de 1989 en la plaza de Soacha.
Hasta ahora, Santofimio no ha dado un peso para reparar a sus víctimas. Fuentes cercanas a su defensa aseguran que no han pagado porque están pendientes de un fallo en el Sistema Interamericano sobre su proceso, que consideran injusto.
Ese paso, sin embargo, no está contemplado en la legislación nacional, que entre las condiciones que impone para conceder casa por cárcel menciona “que dentro de los términos que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito”. También, que “el pago de la indemnización debe garantizarse”.
La decisión del juez no hace mención alguna a este incumplimiento del fallo en lo que refiere a la reparación de las víctimas.
JUSTICIA
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