“Indiscutiblemente, frente a un acto de barbarie, de terrorismo, zozobra, como el del centro comercial Andino, en el que se afectó ese primer bien jurídico como lo es la vida, la integridad física de los seres humanos (...) no podemos cerrar los ojos”.
Esa fue una de las consideraciones de la Juez 47 de Control de Garantías que este viernes ordenó enviar a la cárcel a los ocho capturados por las autoridades y señalados de perpetrar atentados en Bogotá y Pereira.
La medida cobijó a Boris Ernesto Rojas, Andrés Mauricio Bohórquez Flórez, Lizeth Johana Rodríguez Zárate; Lina Vanesa Jiménez; César Andrés Barrera Téllez, Juan Camilo Pulido Rivera, Alejandra Méndez Molano y Natalia Trujillo Novoa. Ellos serán trasladados a las cárceles del Buen Pastor y La Modelo de Bogotá.
Al mismo tiempo, en un operativo de la Policía y la Fiscalía en el municipio de Soacha, Cundinamarca, fue capturado otro de las personas, que según las autoridades estaría vinculada a un atentado registrado en Pereira el pasado 16 de mayo del 2017, en las instalaciones de Cafesalud.
Para la jueza, el atentado en el Andino, en el que murieron Ana María Gutiérrez, Lady Paola Jaimes Ovalle y la ciudadana francesa Julie Huynh, fue el resultado de un “metódico plan”, en el que participaron Bohórquez Flórez y Pulido Rivera como explosivistas, los que habrían prepararon el artefacto. Los otro seis e Iván Ramírez, ‘Talibán’ –quien es buscado por la Sijín después de haber sido dejado en libertad–, son señalados de realizar inteligencia en el centro comercial.
“El hallazgo, en poder de este grupo, de elementos (son los) que permiten inferir que efectivamente habían realizado toda labor de inteligencia, verificación, estrategias, hasta el punto de obtener entradas y salidas, sitios de fuga, y la posible hora en que se ejecutaría ese hecho”, indicó la jueza del caso.
A ellos la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio y porte ilegal de armas y explosivos.
A Lizeth Johana Rodríguez, Bohórquez Flórez y a Pulido Rivera les imputaron los cargos de falsedad en documento, porque portaban cédulas de ciudadanía fraudulentas.
La vicefiscal María Paulina Riveros señaló que del cotejo de las entrevistas a testigos y las cámaras de seguridad de un café internet ubicado en Bogotá, se logró evidenciar que dos de las imputadas descargaron, cuatro días antes del atentado, los planos del centro comercial.
“Sobre estos planos fueron marcadas con claras indicaciones las entradas y salidas del centro comercial”, dijo la vicefiscal.
“Con la acción eficaz, estrecha y coordinada de las autoridades, se están salvando vidas: tenemos indicios, sobre elementos materiales probatorios adicionales, de que estaban a punto de materializarse nuevos atentados terroristas en la capital del país”, añadió Riveros.
Por su parte, el general Jorge Hernando Nieto Rojas, director de la Policía, afirmó que el Movimiento Revolucionario del Pueblo “es un grupo que atenta contra el régimen democrático al instalar artefactos explosivos de bajo poder, que ponen en peligro la vida y libertad de los ciudadanos”.
La Fiscalía rechazó los señalamientos que se han hecho donde se vincula a la ciudadana francesa, que murió en el atentado, como sospechosa del atentado y dijo que con ese tipo de pronunciamientos solo se busca desviar deliberadamente la investigación.
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