Desde las ocho horas o más que tiene que destinar en la URI un ciudadano que decide denunciar un simple robo hasta los casi 80.000 asesinatos que entre 2008 y 2015 ha dejado archivados la justicia porque no se tienen pistas sobre los responsables son algunas de las caras de la creciente crisis del sistema penal acusatorio, que en palabras del fiscal Néstor Humberto Martínez, está hoy 'ad portas' del colapso.
De acuerdo con Martínez, el número de audiencias atrasadas en mayo era de 112.461, lo que significa que el rezago de la justicia está creciendo en una tasa cercana al 10 por ciento bimensual.
Del total de audiencias atrasadas 17.168 son de imputación de cargos, de las cuales solo han sido programadas 1.725 a más de un año. Para acusación de cargos hay 28.270 audiencias pendientes, de las cuales hay programadas 2.605.
Por si fuera poco, a la fecha hay 15.598 personas que a pesar de haber aceptado su responsabilidad en la comisión de algún delito, siguen esperando a que un juez los cite a audiencia para dictar una decisión en de condena o absolución.
“Es imperativo, impostergable, que busquemos soluciones (...). De no hacerlo, el sistema colapsará definitivamente, y con mayor severidad en la medida en que avanza la mayor productividad de la Fiscalía”, precisó el fiscal Martínez.
Pero el de las audiencias represadas no es el único indicador crítico. Entre el 2008 y el 2015, la Fiscalía recibió 8’863.000 ‘noticias criminales’. Poco más de 4 millones de esas denuncias terminaron archivadas, es decir, sin investigación.
Algunos de esos casos se archivaron por no estar tipificados, pero, y lo que es más alarmante, 1’681.000 fueron archivados porque no se determinó la identidad de los responsables del delito; entre esos, 72.000 denuncias por homicidio.
En el 2015, cuando se completaron 10 años del nuevo sistema penal acusatorio, la Corporación Excelencia en la Justicia elaboró un informe en el cual advirtió sobre la congestión en los procesos que llegan a manos de los jueces.
El informe cita que durante esos 10 años, el 70 por ciento de las ‘noticias criminales’ (3’386.813) terminaron en archivo. En el 11 por ciento de los casos prescribió la acción penal, en el 9 por ciento se llegó a una conciliación y en el 3 por ciento precluyó el proceso.
Los delincuentes deben entender que por encima de sus garantías están las de la sociedad
Excelencia en la Justicia menciona varias razones para estos atascos. En primer lugar, que las audiencias de todo tipo están durando mucho más de lo que se había pensado, bien porque los actores del sistema no están, una década después, en la onda de la oralidad o incluso por artilugios para dilatar los tiempos procesales y así ir cocinando una libertad por vencimiento de términos.
“Los jueces tienen que asumir de mejor manera su papel de directores del proceso y frenar a fiscales y abogados que por cualquier razón introducen elementos que no corresponden en las audiencias de trámite”, dice la exviceministra de Justicia Ana María Ramos, en referencia a las audiencias que se vuelven eternas.
La corporación señaló además en su informe del 2015 que del total de los casos que son puestos en conocimiento de los jueces, tan solo el 5 por ciento culminan en un fallo.
Las cifras muestran que entre el 2008 y el 2015, unas 853.031 personas fueron llevadas a imputación de cargos por todo tipo de delitos. De ellas, 562.000 fueron acusadas formalmente. Las condenadas fueron al final 462.737.
El fortalecimiento de la Fiscalía ha representado en los últimos dos años un aumento en el número de casos que llegan ante los jueces. Pero, como la Rama Judicial no se ha fortalecido ni capacitado de la misma manera, es en los juzgados donde ahora se forma el más preocupante cuello de botella del sistema.
Todo esto se suma a dos hechos importantes. El primero de estos es que el sistema penal sigue arrastrando la carga que venía del sistema viejo (más de dos millones de procesos, muchos de los cuales siguen hoy activos), que también está a cargo de los mismos jueces y fiscales del actual sistema.
El otro hecho es que la justicia premial, que aunque no gusta funciona porque a cambio de beneficios los delincuentes delatan a otros de mayor poder y en todo caso al aceptar sus delitos le evitan desgaste a la justicia, poco se sigue usando.
Otro hueco que debe taparse es el alto número de audiencias aplazadas por cualquier razón, las cuales van poco a poco congestionando el sistema.
El aplazamiento por inasistencia de los abogados de la defensa, como se vio en casos como el del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, es uno de los problemas recurrentes. En la mayoría de los casos, estos aplazamientos buscan dilatar los procesos, por lo que expertos proponen sanciones más duras contra los abogados que utilizan esta trampa contra la justicia.
Este miércoles empieza a regir en el país la nueva versión de la ley de pequeñas causas, que sobre el papel debería hacer más expedita la justicia en los casos de delitos menores, que son los que más golpean a los ciudadanos de a pie, como los hurtos y las lesiones personales.
Las audiencias, en esencia, pasarán de siete a dos, y se espera que los tiempos totales de esos procesos pasen de más de dos años a seis meses.
De la misma manera, los ciudadanos podrán, en algunos casos y previa autorización de la Fiscalía, convertirse a través de sus abogados en acusadores privados, capaces de recabar pruebas y llevar a juicio a quienes cometieron delitos en su contra.
Con esto se busca impactar positivamente unos 275.000 procesos que entran cada año al sistema penal por 63 tipos de delitos, entre querellables (que no tienen cárcel) y los que por su naturaleza son más sencillos de investigar, como los robos. En teoría, por primera vez los ciudadanos tendrían justicia rápida.
Sin embargo, para lograr esto se requieren esfuerzos más coordinados del Gobierno, la misma Fiscalía y, en especial, del reiteradamente cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, para plantear soluciones legislativas y administrativas a fin de que la aparición de la justicia deje de ser una ficción para miles de colombianos afectados por los delincuentes.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, también ha criticado la entrada en vigencia de normas que obligan a la libertad de los capturados por los delitos más graves cuando completan dos años en prisión sin que haya fallo en sus casos. La excarcelación opera después de un año para delitos como los hurtos.
Martínez aseguró que esas normas representan un “garantismo perverso”, que en la práctica amarra a la justicia y afecta la seguridad ciudadana.
“Los delincuentes deben entender que por encima de sus garantías están las de la sociedad”, dijo, y reveló que las estadísticas muestran que en más del 10 por ciento de los casos, la sola instalación del juicio oral toma más de un año. Según Martínez, esas iniciativas “favorecen a los criminales”.
“Se ha llegado a limitar la privación preventiva de la libertad preventiva con el concepto de que el imputado debe comparecer libre ante los jueces porque así se garantiza la dignidad individual, sin que se piense ni siquiera en la seguridad colectiva”, agregó el jefe del ente acusador.
Por ello, Martínez convocó al Gobierno, a las autoridades judiciales y a la academia: “Para que nos empeñemos con rigor en la formulación de una adecuada política contra el crimen en Colombia”, precisó.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
