La investigación por el cambio fraudulento de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en varios municipios, para desarrollar megaproyectos urbanísticos e industriales, promete convertirse en un expediente tan escandaloso como el del ‘carrusel’ de la contratación.
La Fiscalía confirmó que los tentáculos de ese cartel se extienden, por ahora, a cuatro departamentos y a más de 20 municipios entre los que figuran Chía, Tocancipá, La Calera, Facatativá y Soacha, Cundinamarca; Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, Santander; y Villavicencio, Acacías y Restrepo, Meta.
En Medellín se verifica por qué predios de la mafia en poder del Estado quedaron valiendo una tercera parte por cambios del POT.
“Estamos revisando las decisiones de alcaldes y concejos entre el 2008 y el 2015 para saber quiénes son los responsables”, aseguró un investigador.
Para ello, ya empezaron a programar entrevistas con funcionarios que aparecen firmando los cambios de uso. El caso más adelantado es el de Mosquera en donde llamaron a imputación, para el próximo 26 de julio, al exalcalde Álvaro Rincón, a su esposa, Edith Rocío Peñuela, al concejal Víctor Julio Castellanos y al contratista Ernesto Pinto. Todos serán imputados por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito por la compra de un predio que saltó de rural a urbano y quintuplicó su precio.
Más implicados
Quien aparece firmando el cambio del POT de Mosquera es Nicolás García, entonces secretario de Gobierno y alcalde encargado.
“El alcalde no aprueba el POT, es el Concejo. Yo solo sancioné la decisión”, explicó García, quien actualmente se desempeña como jefe de gabinete del gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel.
Y admitió que es cercano al exalcalde Rincón, que lo reemplazó en 15 ocasiones y que espera que aclare su situación ante la justicia.
Otro funcionario de Cundinamarca que sería llamado a entrevista es el actual gerente de la Empresa de Licores del departamento, Jorge Enrique Machuca.
Cuando se desempeñó como alcalde de Funza, la oficina de Planeación expidió licencias para un parque industrial que benefició a la firma Urbanos Logística.
Milena Orozco, entonces cabeza de esa oficina y esposa del detenido exalcalde Giovanni Villarraga, le admitió a EL TIEMPO que hubo anomalías en la expedición de la licencia que ella denunció: un solo número aparece en tres proyectos.
Por su parte, el representante de Cambio Radical Jorge Rozo negó versiones según las cuales intercedió para que se frenara la imputación contra Rincón.
“Pregúntenle al fiscal Martínez. Fui en el 2016 a advertirle lo que pasaba. Le dije que tenía información y que el senador Carlos Galán también había recibido denuncias”, explicó el parlamentario. Y agregó que los datos que entregó están relacionados con Tocancipá y Facatativá.
EL TIEMPO buscó al gerente de la Empresa de Licores, Jorge Machuca, pero no respondió los mensajes.
El caso de los POT estaba a cargo del capturado fiscal Gustavo Moreno, al igual que el del manejo de regalías por parte de la Universidad del Sinú. En el primero, el fiscal Martínez garantizó que no había sido frenado. En el segundo, se pidió su revisión.
Estamos revisando las decisiones de alcaldes y concejos entre el 2008 y el 2015 para saber quiénes son los responsables
El abogado Jaime Lombana, defensor de la directiva de Unisinú María Fátima Bechara, capturada por la Fiscalía por la investigación del saqueo de las regalías en Córdoba, le pidió a esta que revisara el caso y la solicitud de medida de aseguramiento.
Y agrega que cuando estaba el fiscal Anticorrupción Gustavo Moreno, imputaron y capturaron a su clienta para beneficiar al exgobernador Lyons para desviar el foco del proceso. Añadió que Bechara, puesta en libertad el 10 de julio pasado, es ajena a los hechos que son investigados, pues era la rectoría que se encargaba de temas contractuales y no “tenía ningún control sobre esos contratos”. Lo extraño es que el caso pasó a un juez de Soacha, Cundinamarca, que anuló todo lo actuado.
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