Diego Mauricio Rayo Abella, capturado este domingo y quien sería el enlace entre las red de chuzadas ilegales y el senador Armando Benedetti, aparece como procurador adscrito a la división judicial de Ubaté, Cundinamarca.
De acuerdo con un documento de la entidad, el abogado tenía un permiso de licencia de estudio, la cual habría sido otorgada a finales del año 2017.
Al parecer, Rayo estaba cursando una maestría. El senador Benedetti aseguró que conoció al abogado "por su interés en los temas de la JEP", gracias a los estudios que cursaba.
El congresista negó que Rayo hubiera trabajado para él ni como asesor, ni como miembro del equipo de trabajo que tiene cada legislador.
Armando Benedetti, senador por el Partido de la U.
Archivo particular
El abogado, quien ha encaminado su carrera a la rama judicial, había sido designado provisionalmente en enero de 2016 como profesional especializado grado 33, al servicio del despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló.
Rayo fue vinculado a la investigación contra la red que a cambio de dinero interceptaba teléfonos de manera ilegal, luego de que apareciera en un vídeo en el que, al parecer, recibía un informe que habría pagado el senador Benedetti para 'chuzar' el celular del fiscal Néstor Humberto Martínez.
Ese vídeo y el testimonio de Juan Carlos Madero, quien era el enlace entre los clientes y la red, habrían hecho que se hiciera efectiva la captura del abogado, quien desde hace ocho días estaba en una finca en Sutatausa, Cundinamarca.
Madero aseguró que Rayo era el encargado de revisar el material que se le hacía llegar al senador. "Algunas veces yo llegaba en horas de la noche y me recibía en el primer piso el doctor Rayo, a quien le mostraba los resultados para que los revisara. Luego de eso subíamos al tercer piso a encontrarnos con el senador”, afirmó el testigo de la Fiscalía.
Este lunes se legalizará la captura de Diego Mauricio Rayo y se realizará la audiencia en la que la Fiscalía le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados, uso de software malicioso agravado y daño informático agravado.
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