La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha recibido más de 160 versiones de miembros de la Fuerza Pública que acudieron a esa justicia para resolver su situación jurídica y obtener los beneficios penales que esta contempla para quienes aporten verdad plena y contribuyan a la reparación de las víctimas.
Entre estos, surgieron los que llevaron a la inspección hecha la semana pasada en Dabeiba, Antioquia, donde se presume que habría enterradas hasta 75 víctimas de ‘falsos positivos’.
Esa es apenas una parte de la verdad que un militar tiene por contar ante la JEP y que podría terminar por vincular a investigaciones a otros militares, incluso algunos que no han sido investigados en la justicia ordinaria.
EL TIEMPO conoció que el uniformado que comparece ante la JEP, en una de sus versiones libres, manifestó a los magistrados sobre atentados contra su seguridad e integridad, y la de su familia, y que seguía preocupado por estos hechos, pese a estar recluido en una unidad militar. Estas preocupaciones, incluso, fueron ratificadas por un abogado de las víctimas del compareciente.
También se confirmó que el hombre fue trasladado a esa reclusión especial después de sufrir un atentado en una cárcel ordinaria, donde, incluso, a través de maniobras aparentemente irregulares, llegó a ser trasladado a un pabellón de guerrilleros para supuestamente poner en riesgo su vida. Sin embargo, según este ha contado, los presos de este sitio lo terminaron protegiendo.
Ante la preocupación por su seguridad, en riesgo a causa de sus declaraciones sobre el fenómeno de los ‘falsos positivos’, medió la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que solicitó un “monitoreo especial” de su situación de reclusión.
Tras conocerse la inspección judicial adelantada en Dabeiba por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, la preocupación por la seguridad del uniformado llegó incluso hasta el alto Gobierno. El domingo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez escribió en su cuenta de Twitter que “se debe garantizar protección a la vida e integridad del testigo”.
Lo cierto es que los magistrados de la JEP ya habían ordenado a la UIA, meses atrás, evaluar el riesgo y tomar las medidas de protección necesarias. EL TIEMPO confirmó que estas medidas fueron aprobadas, pero como el hombre sigue recluido en una cárcel militar, expresó que todavía no las requería. Sin embargo, insistió en que fuera protegida su familia.
La UIA también aprobó medidas de protección para la familia del hombre, que están prontas a implementarse y constan de un esquema de seguridad.
Aunque EL TIEMPO se abstiene de publicar nombres e información que pueda dar con la identidad del uniformado, consultó más detalles sobre lo que hay tras sus testimonios y su papel en la comisión de ejecuciones extrajudiciales.
El hombre llegó a la JEP después de ser condenado en la justicia ordinaria por dos casos distintos. Ninguno de estos ocurrió en Dabeiba, por lo que sus versiones sobre 75 posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales no habían sido investigadas en la justicia ordinaria y son nuevas.
Uno de los casos fue el asesinato de dos habitantes de calle con problemas de drogadicción en 2008.
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A estos les sembraron armas de fuego y hasta una granada de fragmentación para hacer pasar como un combate el asesinato y a ellos como miembros de un grupo armado al margen de la ley.
En otro, el militar fue autor material e intelectual del asesinato de un civil, a quien asesinaron con armas de largo alcance a menos de dos metros de distancia.
Solo estos dos casos involucran a cerca de 20 militares que habrían participado en esas acciones. Sin embargo, el antiguo uniformado, quien estuvo prófugo y luego fue recapturado, dijo en el interrogatorio posterior a su captura que el comandante de la unidad militar a la cual estaba adscrito debió haberse dado cuenta de lo que estaban haciendo sus hombres. El hombre a quien señala alcanzó, años después, un grado mayor en la institución.
Las investigaciones de esos casos señalan que las órdenes tácticas en el marco de las cuales los soldados cometieron los ‘falsos positivos’ fueron emitidas por ese comandante.
EL TIEMPO consultó a un abogado cercano a estas investigaciones, quien señaló que este militar ha sido uno de los que más verdad ha aportado en sus declaraciones sobre los ‘falsos positivos’, tanto aquellos por los que había sido acusado y condenado en la justicia ordinaria como otros en los que participó y tuvo conocimiento y sobre los cuales no hubo investigaciones o estas no pasaron de etapa preliminar.
También se estableció que, cuando estaba activo en el Ejército, y en los años que ocurrieron estos hechos, no era un soldado raso, sino que tenía a otros hombres bajo su mando. Además, que estos “resultados”, que para la justicia fueron crímenes, le representaron al hombre felicitaciones en su hoja de vida.
En su investigación, la JEP ha priorizado seis regiones, donde se habría registrado el mayor número de hechos de ‘falsos positivos’. Estas son: Antioquia, Meta, Norte de Santander, Cesar, Casanare y Huila. Los hechos en los que el militar ha contribuido con su esclarecimiento corresponden a dos de estas.
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