“Aquí hay cero tolerancia con cualquier miembro de la Fuerza Pública que atente contra la Constitución y la ley. Esa es la instrucción que han tenido siempre los comandantes”.
De esta forma respondió este sábado el presidente Iván Duque a la investigación publicada por la revista Semana en la que se recogen graves denuncias de interceptaciones ilegales que se habrían hecho el año pasado desde batallones del Ejército a magistrados, periodistas, congresistas, gobernadores, militares, entre otros.
El mandatario agregó que habló sobre este tema con los comandantes de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro, y del Ejército, Eduardo Zapateiro, así como con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y que les precisó que se debe investigar esta situación.
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“Hasta el fondo con toda las investigaciones sobre hechos de malas conductas, pero aquí tenemos unas Fuerzas Militares que se han destacado por ser honorables y al servicio de los colombianos”, expresó Duque.
Hace menos de un mes, el pasado 27 de diciembre, el presidente Iván Duque sorpresivamente anunció la salida del entonces comandante del Ejército, general Nicacio Martínez Espinel, en cuyo remplazo nombró al general Zapateiro.
Aunque en ese entonces el presidente Duque indicó que la salida de Martínez se debió a motivos personales, la investigación revelada por Semana indica que pudo haber otras razones tras el paso al costado del general Martínez, quien el año pasado también estuvo envuelto en otros escándalos, como el de unas directivas –que terminaron por ser removidas– que presuntamente incentivaban la práctica de ejecuciones extrajudiciales.
La revista señala que su salida se pudo haber precipitado por, supuestamente, no haber ejercido controles suficientes sobre lo que estaba pasando en el interior del Ejército, donde se habría usado un software de última tecnología llamado ‘Hombre Invisible’, en el cual se invirtieron casi 3.000 millones de pesos, para realizar estas interceptaciones ilegales.
Este sábado, desde Bojayá, Chocó, Duque reiteró: “El general Nicacio Martínez salió porque él me esgrimió razones personales. Frente a las investigaciones que se han hecho por medios de comunicación, debemos decir que si hay conductas contrarias a la ley, nosotros mismos vamos a sancionarlos”.
Y concluyó: “Donde haya manzanas podridas, llevarlos a que haya sanciones ejemplares”.
El Ministerio de Defensa indicó además que se iniciarán todas las investigaciones internas correspondientes, y pidió a las autoridades competentes que adelanten de forma expedita las investigaciones a las que haya lugar.
De acuerdo con la revista, las chuzadas que presuntamente realizó el Ejército el año pasado se hicieron desde instalaciones de dos guarniciones militares: el Batallón de Ciberinteligencia (Bacib) y el Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi).
Uno de los uniformados que habría participado en esas operaciones le contó a Semana que recibía órdenes de sus superiores, y les entregaban un número celular o un correo electrónico, sin mayor información. En un caso, dijo, le ordenaron una interceptación a una supuesta oficial que estaba afectando los intereses del Ejército, pero cuyo número resultó ser el de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, quien se convirtió en 2018 en la primera militar en ser magistrada de alta corte –venía de la Justicia Penal Militar–.
“Le preguntamos a los mandos si había un error (...) nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático”, cuenta el testimonio que publicó Semana.
La magistrada Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte, tuvo hasta mayo del año pasado la investigación contra el senador y jefe del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal, por supuestamente haber intentado presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de afirmaciones en las que lo relacionaba con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas en Antioquia.
Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático
Pero, publicó la revista, Lombana no fue la única magistrada chuzada. Además, militares también narraron que se habría interceptado a gobernadores, representantes y senadores; y que también se habría recolectado información de entidades públicas, ONG, medios de comunicación, funcionarios de la Dian, colectivos de abogados, y defensores de derechos humanos.
Parte de esas actividades se hacían desde el Bacib, de donde el pasado 18 de diciembre, durante una enorme diligencia de allanamiento, se recolectaron varias veintenas de evidencias, entre memorias USB, teléfonos y computadores.
Esta diligencia fue ordenada por Lombana, quien, según dijo Semana, desconocía que ella era una de las víctimas de chuzadas para el momento del allanamiento, que adelantó dentro de otra investigación.
Al ser contactada por EL TIEMPO, la magistrada aseguró que está analizando el contenido y el alcance de las denuncias, por lo que, por ahora, no se pronunciará públicamente. Pero dijo que está “atónita” por lo que se ha conocido.
El allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia fue apoyado por la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría y personal de la Dijín, y aunque, según reportó Semana, los militares se habían enterado de la inspección días antes y comenzaron a destruir evidencias, durante la diligencia se pudieron recaudar varias pruebas que siguen siendo analizadas en el laboratorio de informática forense de la Procuraduría.
"Acudiremos ante la CIDH porque ha regresado la práctica ilegal de persecución política, física y jurídica contra defensores de la paz, opositores, periodistas y magistrados, bajo una ‘ideología del enemigo".
Acudiremos ante CIDH porque ha regresado la práctica ilegal para-estatal de persecución política, física y jurídica contra defensores de la paz,opositores, periodistas independientes,magistrados,bajo una “ideologia del enemigo” en la que lo es todo aquel que piense diferente...
— Roy Barreras (@RoyBarreras) January 11, 2020
"Exigimos el mínimo de garantías para nuestro ejercicio político (...). Hago responsable de mi vida y mi seguridad a quien debe asumir como jefe de Estado, Iván Duque. Por más dificultades que se presenten, seguiremos".
Exigimos el mínimo de garantías para nuestro ejercicio político.
— Camilo Romero (@CamiloRomero) January 11, 2020
Ya estamos a 11 de enero y @UNPColombia no activa el esquema de seguridad.
Hago responsable de mi vida y mi seguridad a quien debe asumir como jefe de Estado, @IvanDuque#ChuzadasSinCuartel#NoMásPersecución
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"Es el estallido del escándalo de las chuzadas II. Esta vez se da desde el alto mando del Ejército Nacional y con participación de un reconocido líder político del partido Centro Democrático".
El artículo central de la @RevistaSemana es de hecho el estallido del escándalo CHUZADAS II. Esta vez desde el alto mando del Ejército y con participación de un reconocido político del @CeDemocratico. Chuzadas sin cuartel Chuzadas sin cuartel https://t.co/fphZHRpmTZ
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 11, 2020
“Gravísima la denuncia de revista Semana y más grave aún esta respuesta (del Gobierno). Es evidente que no son manzanas podridas sino una acción organizada. Los colombianos debemos conocer toda la verdad”.
Gravísima la denuncia de @RevistaSemana y más grave aún esta respuesta. Es evidente que no son manzanas podridas sino una acción organizada. Los colombianos debemos conocer toda la verdad.Quién mandó a chuzar? Quiénes fueron interceptados? A quién se entregaba la información? https://t.co/riHkURQoKK
— Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) January 11, 2020
JUSTICIA
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