¿Qué sigue en caso del exrector del San Viator denunciado por abusos?

¿Qué sigue en caso del exrector del San Viator denunciado por abusos?

ELTIEMPO.COM-APP le explica, a través de un experto, cómo procede la justicia en estos casos.

Morrales

Si se encuentra que el denunciado representa un peligro para la sociedad o que corre el riesgo de escapar o de desaparecer las pruebas, es procedente la orden de captura en la primera audiencia.

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123RF

Por: MARÍA DEL MAR QUINTANA - ELTIEMPO.COM - APP
24 de octubre 2018 , 11:26 a.m.

Aunque la justicia colombiana no ha dado a conocer detalles de la investigación que se adelanta respecto a las denuncias interpuestas por padres de estudiantes y exalumnos del colegio San Viator en contra de sacerdotes por supuestos abusos sexuales, existen unos pasos a seguir por parte de las autoridades colombianas para estos casos.

Carlos Eduardo Lagos Campos, presidente del Centro de Pensamiento Libre y abogado especializado en derecho penal de la Universidad Nacional aclara y explica el cómo debería procederse en casos como el de Albeyro de Jesús Vanegas Bedoya, Carlos Luis Claro Arévalo y otros sacerdotes que puedan estar implicados en delitos sexuales.

¿Qué pasos jurídicos o legales se siguen en estos casos como el del exrector del Colegio San Viator?

El proceso continúa por el sistema acusatorio donde la Fiscalía representa al Estado como ente acusador Al recibir la noticia criminal, la Fiscalía debe desplegar todos sus esfuerzos y recursos para obtener elementos probatorios suficientes para realizar una imputación.

Si se encuentra que el denunciado representa un peligro para la sociedad o que corre el riesgo de escapar o de desaparecer las pruebas, es procedente la orden de captura
en la primera audiencia.

Si hay capturado se procede a la audiencia de legalización de captura, en la que el juez de garantías verifica que se hayan preservado todos los derechos del detenido que se conocen como los "Derechos de Miranda".

Acto seguido se procede a la imputación de cargos por parte de la Fiscalía. Si la víctima es menor de 15 años se configuraría como una violación a menor de edad. Pero si la víctima es mayor de 15 años se podría configurar un estupro por prevalimiento, que se da cuando el agresor tiene un grado de autoridad sobre la víctima.

Carlos Eduardo Lagos Campos

Carlos Eduardo Lagos Campos, presidente del Centro de Pensamiento Libre y abogado especializado en derecho penal de la Universidad Nacional.

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Cedida por el entrevistado

Una vez superada la etapa de imputación se procede a definir la medida de aseguramiento. Esta medida puede variar y va desde la detención efectiva de la libertad, que procede para delitos con penas mínimas superiores a 4 años, como en este caso, y en otros casos puede ser la detención domiciliaria, la prohibición de salir del país o la presentación temporal.

Frente a la medida de aseguramiento, cabe aclarar que la ley 1098 prohíbe en estos casos la detención domiciliara y subrogados.

Después de esto procede a la audiencia de acusación si existen serios indicios de responsabilidad, como los hay: cartas de la víctima donde narra sucintamente las atrocidades que padeció.

Para esto basta con una prueba grafológica. Aquí se hace la confrontación de otros escritos que existan como cuadernos, diarios, cartas, etcétera... para que un grafólogo determine la autenticidad de la letra. Sería muy difícil que la víctima haya creado una ficción.

A partir de la acusación empieza formalmente el juicio y ante el juez de conocimiento una audiencia preparatoria del juicio donde se decretan las pruebas.

A raíz de la constitución del 91 y su desarrollo jurisprudencial, los sacerdotes no tienen fuero y deben acudir a la justicia ordinaria, más aún en estos casos de delitos que lesionan a la humanidad.

Es muy difícil que se pueda sustraer del proceso dada la contundencia de la prueba documental que en este caso serían las cartas del menor

El exrector ya fue absuelto en una ocasión, ¿podría suceder lo mismo en este nuevo escándalo?

El ius puniendi, que es el derecho de castigar que tiene el Estado, es considerado desde la dogmática jurídica como un límite, como la última razón para castigar a alguien. El hombre nace en libertad y debería en teoría permanecerá así. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe" Jean-Jacques Rousseau.

Pero existen ciertas conductas que cruzan el límite de tolerancia de los estados para aplicar el ius puniendi.

La crítica que se hace desde la dogmática jurídica es que los Estados le dan muchas cargas al derecho de castigar toda la responsabilidad
y se castiga a las personas, pero no se previene el delito ni se educa a la persona. No se invierte en la inclusión social.
En consecuencia al ser selectivo si se realiza una estadística de las personas que están en la cárcel, casi todas pertenecen a estratos bajos, contadas excepciones. Entonces el ius puniendi se convierte en selectivo.

Por ejemplo, en el caso Uribe Vélez existe toda una estrategia estructurada para 
deslegitimar a las Cortes,
incluyendo amenazas. Por lo que una decisión que provengan en esas circunstancias tendrá que ser estudiada de manera cuidadosa.

Un estudio del Colegio Jueces y Fiscales arrojó que el 97% de las personas que cometen delitos contra la propiedad de la ciudad, viven de la calle 27 hacia el sur. Eso nos está indicando algo.

Sin embargo, dada la gravedad del caso y la atrocidad de los hechos denunciados, es muy difícil que se pueda sustraer contundencia de la prueba documental que en este caso serían las cartas del menor.

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Algo fundamental es que si estos sacerdotes fueran juzgados por la justicia eclesiástica, las penas serían el retiro en conventos o una vida de aislamiento.

Foto:

Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

¿Cómo podrán demostrar los padres de los abusados que sus hijos fueron víctimas del exrector y otros curas?

En Colombia existe la libertad probatoria, es decir que son viables todos los medios de prueba como: testimonios, declaración de parte, interrogatorio, documentos y grabaciones. Pero en este caso la prueba reina sería la documental: las cartas del menor, y seguramente van a aparecer testigos del caso.

Las cartas serán cotejadas por un perito grafólogo que deberá indicar si la letra corresponde a la de la víctima.

¿Existe alguna ley que proteja a los menores y evite que los colegios contraten personas con antecedentes de acusaciones por abusos?

Las reglas de contratación obedecen a las del sector público y privado que en algunos casos pueden tener sistemas estrictos de calidad y exigir antecedentes judiciales, pero tengo entendido que no es una norma impositiva.

Algo fundamental es que si estos sacerdotes fueran juzgados por la justicia eclesiástica, las penas serían el retiro en conventos o una vida de aislamiento y reflexión, por lo que la constitución del 91 ganó un terreno importante al desaforar a estos individuos.

María del Mar Quintana Cataño
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