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Investigación

Tras la renuncia de Aguilar al Senado, ¿saldrá su caso de la Corte?

Exgobernador de Santander Richard Aguilar fue detenido este martes.

Exgobernador de Santander Richard Aguilar fue detenido este martes.

Foto:Fiscalía

Es investigado por delitos que habría cometido cuando estuvo en la Gobernación de Santander.

Tal como lo hicieron otras dos personas en el último año, Richard Aguilar, recién capturado por la Corte Suprema de Justicia, renunció a su curul en el Congreso de la República.
Aunque en su carta de renuncia dijo que la decisión la tomó para concentrarse en su defensa judicial, Aguilar podría estar buscando lo mismo que el exsenador Álvaro Uribe Vélez y el exrepresentante a la Cámara Álvaro Hernán Pradaquienes en medio de una investigación del alto tribunal también renunciaron a su escaño con el fin de que sus casos salieran de la Corte.
Uribe lo logró y hoy la Fiscalía lleva su proceso y argumenta la preclusión, mientras que el caso de Prada sí se quedó en la Corte.
Pero en el caso de Aguilar, que presentó su renuncia un día después de su captura, el 27 de julio, en el norte de Bogotá, las cartas son un poco diferentes.
La Corte lo investiga por delitos que habría cometido como gobernador de Santander, para el periodo 2012-2015, y la Constitución Política establece, en su artículo 235, que la Corte Suprema de Justicia es el juez de los gobernadores.
La diferencia en este caso está en que, si bien la Corte será su juez, la investigación y acusación podrían pasar a la Fiscalía, pues, de hecho, la carta política establece que el juicio en la Corte a los gobernadores se realiza luego de la acusación de la Fiscalía.
En su proceso, la Corte lleva actualmente la investigación puesto que la Constitución sí deja en manos del alto tribunal tanto la investigación como el juicio de los miembros del Congreso.
Ahora, el máximo tribunal de justicia ordinaria deberá reunirse para definir si envía a la Fiscalía el proceso o si continúa con la investigación que ya había comenzado. 
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema investiga al político por supuestamente incurrir en contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros.
Puntualmente, se lo investiga por vicios en cuatro contratos que suscribió desde la gobernación: tres en 2014 para obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá, para el corredor vial Agroforestal y Energético y para labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca. Y uno de 2015 para obras e interventoría para el reforzamiento del estadio en la villa olímpica de Bucaramanga.
De acuerdo con la Corte Suprema, que lo envió a detención preventiva, se trató de un plan gestado desde el inicio de su mandato para satisfacer intereses personales, direccionar contratos y apropiarse de recursos públicos a través de secretarios y asesores.

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