Ante la nueva derrota judicial en Estados Unidos para evitar su extradición a Colombia, en donde tiene pendiente una condena por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura del gobierno Uribe entre 2005 y 2009, enfrenta un complejo panorama.
Este viernes se confirmó que la justicia de los Estados Unidos, país al que huyó en el 2014 y donde buscó refugio político, avaló su extradición a Colombia. Aunque los abogados de Arias presentaron un nuevo un recurso contra esa decisión, es poco probable que Estados Unidos reverse su determinación.
Desde Estados Unidos Arias ha sostenido su inocencia y ha denunciado una supuesta falta de garantías en Colombia, tanto para su proceso judicial como para su eventual estadía en una prisión del país. Desde 2016, por efecto de la solicitud de extradición basada en la condena de la Corte Suprema, Arias ha pasado varios meses detenido en cárceles federales.
Su sentencia es de 17 años y 4 meses de cárcel y una multa de 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Estas son algunas claves para entender este proceso judicial que lleva calentando la política colombiana por casi una década.
Arias ha sostenido tanto en Colombia como en Estados Unidos que es víctima de una persecución política y judicial. En ese argumento lo han acompañado el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe y varios de sus alfiles en el Centro Democrático, quienes afirman que la Corte Suprema de Justicia de Colombia se ensañó con Arias en medio de sus polémicas con el uribismo. Ese argumento no ha calado ante los jueces de Estados Unidos, que en varias oportunidades le han negado solicitudes de libertad bajo fianza a Arias, incluso apoyadas por el gobierno de Iván Duque.
La última fue en enero, cuando una corte de Miami (EE. UU.) le negó la solicitud de libertad considerando que había riesgo de fuga, dado el antecedente del 2014, cuando el exministro huyó del país aprovechando que la Corte le había dado libertad mientras se dictaba sentencia.
Dos jueces estadounidenses se han pronunciado a favor de la extradición de Arias tras considerar que en su expediente hay pruebas de que no se trató de un caso político sino de un proceso por un delito común, pero todavía quedan recursos pendientes de resolver.
El exministro, en diferentes declaraciones, ha afirmado ser víctima de jueces "corruptos" e "ilegítimos" que le dictaron una "condena descabellada", y que además desconocieron su derecho a la doble instancia, es decir, a que se revise su condena.
Por el escándalo de Agro Ingreso Seguro aceptaron cargos varios de los hacendados que se beneficiaron indebidamente de los millonarios subsidios y tanto la Corte Suprema, como en su momento la Procuraduría, consideraron que Arias tenía responsabilidad en lo que pasó. Sin embargo, la altísima pena impuesta en su contra -17 años, mucho más alta que las que han recibido protagonistas de los escándalos de corrupción más sonados- siempre ha generado ruidos alrededor del caso.
Para el gobierno del presidente Duque el caso es una 'papa caliente' por varias razones. Primero, porque difícilmente un Presidente de la República puede avalar la tesis de que la Corte Suprema de su país persigue políticamente a un procesado sin generar una crisis institucional. Tampoco puede avalar abiertamente la versión de Arias, según la cual su vida correría riesgo si volviera a Colombia, pues es el Gobierno el encargado del control de las cárceles y de la seguridad en el lugar donde cumpliría su condena. Y tercero, porque tiene dos embajadores que en su momento actuaron desde sus cargos contra Andrés Felipe Arias por el caso de Agro Ingreso Seguro. lo cual va en contra del argumento de la persecución política.
Así, el actual embajador de Duque en la OEA, el exprocurador Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó a Arias por 16 años por ese escándalo. Por su lado, fue la actual embajadora en Francia, Viviane Morales, quien como Fiscal General investigó y acusó a Arias ante la Corte por el caso. Es decir, las primeras investigaciones y condenas contra Arias las promovieron actuales fichas del Gobierno.
Para la época de la condena (2014) la ley que creó la doble instancia para aforados constitucionales, como los ministros, no existía, esta apenas entró en vigor en 2018, por lo que la Corte ha sostenido que esa norma no le aplica a Arias.
Y a pesar de que en noviembre pasado el Comité de Derechos Humanos de la ONU falló a favor de Arias en una demanda en la que pedía tener doble instancia, el pasado 13 de febrero, la Corte Suprema de Justicia rechazó ese recurso con el cual el exministro pretendió impugnar la condena.
De ser finalmente extraditado al país, la justicia colombiana deberá determinar varias cosas como su lugar de reclusión y cuántos años de su condena finalmente le quedan por pagar.
Arias estuvo privado de su libertad en Colombia entre julio de 2011 y junio del 2013, mientras avanzaba el proceso en su contra. En ese tiempo estuvo recluido en la Escuela de Caballería del Cantón Norte, en Bogotá. Además, en Estados Unidos ha estado detenido por temporadas desde 2016, por cuenta de la petición de extradición en su contra.
Si Arias es finalmente enviado a Colombia, la justicia local deberá descontarle los años preso en el país y decidir si descuenta también el tiempo que ha estado privado de la libertad en Norteamérica.
De hecho, en la carta de notificación de la extradición de Arias firmada por Tom Heinemann, consejero legal asistente del Departamento de Estado y responsable de ese despacho para los casos de extradición internacional, la justicia de ese país dice que el Gobierno de Colombia será notificado del tiempo que Arias ha pasado en prisión en Estados Unidos para que se determine si le reduce ese término de su condena.
Dado el monto de la pena y el antecedente de fuga, sería poco probable que la Corte acepte que Arias tenga detención domiciliaria, si bien podría pagar su pena en una instalación militar, como ha ocurrido en otros casos.
Uno de los argumentos de Arias, que incluso encontró eco en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, es que su caso no tuvo doble instancia. La Corte Suprema hace pocas semanas reiteró que su condena no será revisada, a pesar de varios pronunciamientos internos e internacionales que así lo exigían. Esa decisión, sin embargo, tiene fundamentos jurídicos sólidos.
El principio de doble instancia es universalmente aceptado e implica que una condena tenga revisión. Pero esto no implica que fórmulas como las que se aplicaron en Colombia por varias décadas en los casos de los funcionarios con fuero no dieran las máximas garantías para los procesados.
Así, el modelo de la Corte, que cambió desde este año, implicaba que sólo los más altos dignatarios de la justicia pudieran investigar a los aforados: el Fiscal General, en el caso de Ministros como Arias; y los mismos magistrados de la Sala Penal en el caso de congresistas. De la misma manera, el juicio lo llevaban a cabo los magistrados de la Sala Penal, que representan la excelencia del aparato judicial del país, al menos en el modelo teórico.
Así, la garantía para los aforados está en que, a diferencia del resto de los colombianos, no cualquier fiscal y no cualquier juez los procesa, sino los más altos dignatarios del sistema judicial. Ese sistema no se aplicó por primera vez con Arias: antes de él hubo cientos de procesos investigados y resueltos en las mismas condiciones. Y reiteradamente fue avalado por la Corte Constitucional e incluso por el Sistema Interamericano de Justicia, si bien en la última década esas dos instancias impulsaron las reformas que ya se implementaron en el modelo, que ahora contempla la doble instancia.
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