¿Qué hay detrás de la carta del extraditado Gustavo Moreno?

¿Qué hay detrás de la carta del extraditado Gustavo Moreno?

Si en 24 días no amplían su principio de oportunidad, su testimonio quedaría sin ningún efecto.

Audiencia contra el exfiscal Luis Gustavo Moreno

Gustavo Moreno fue extraditado a Estados Unidos, en mayo pasado, acusado de lavado de activos y fraude financiero.

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Carlos Ortega / EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
23 de abril 2019 , 07:14 a.m.

Además de quejarse de sus condiciones carcelarias, el otrora poderoso fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, lanzó este lunes una advertencia desde la cárcel de Winton, California, a donde fue enviado después de su extradición.

Según dijo, de no extendérsele el principio de oportunidad, que suspende la acción penal en su contra, no tendrán efecto sus declaraciones y testimonios sobre los demás implicados en el escándalo del ‘cartel de la toga’.

Moreno es el testigo y partícipe del cobro de sobornos que magistrados le habrían pedido a políticos para torcer sus procesos en la Corte Suprema.

El plazo para extenderle esa gabela judicial se vence el 17 de mayo próximo, y si bien ya hay implicados tras las rejas, el caso había entrado en una especie de letargo.

En efecto, el expresidente de la Corte suprema, Francisco Javier Ricaurte —preso en La Picota— está a punto de solicitar libertad condicional por vencimiento de términos.
Y su colega, Leonidas Bustos, sigue en el exterior sin que la Comisión de Acusación de la Cámara resuelva las recusaciones que ha presentado en contra de su investigador.

Pero la carta de Moreno —enviada al presidente de la República, Iván Duque, y al procurador Fernando Carrillo— terminó agitando el expediente. Por un lado, la Fiscalía emitió un comunicado asegurando que sí está tramitando la solicitud de prorrogar por un año más el principio de oportunidad que se le concedió al exfiscal Moreno.

“El estudio de la prórroga a dicho principio de oportunidad aún se encuentra dentro del término legal y en las próximas semanas se dará a conocer la decisión”, señaló el ente acusador.

El caso Bustos

Por otro lado, EL TIEMPO estableció que la Comisión de Acusación de la Cámara citó para este miércoles una sesión con el fin de resolver las recusaciones que hay contra el representante investigador del exmagistrado Leonidas Bustos.

La defensa del exmagistrado considera que el representante Edward Rodríguez (Centro Democrático) ha prejuzgado y no es imparcial, pidiendo su cambio. Esto ha dilatado el trámite del expediente, en el que ya se cerró la etapa probatoria.

De hecho, se han escuchado a varios testigos, incluido al abogado Vadith Orlando Gómez, amigo íntimo de Moreno, quien dio fe de visitas nocturnas del exfiscal a la casa de Bustos, aunque advirtió que no sabía de su objetivo o si eran para pagar sobornos.

De manera paralela, la Corte Suprema llamó este lunes a juicio al exmagistrado Gustavo Malo, otro de los vinculados al caso (ver recuadro). En ese y en otros 25 procesos, está previsto escuchar el testimonio de Gustavo Moreno, lo cual dependerá de que un juez de control de garantías prorrogue su principio de oportunidad, siempre y cuando se solicite en los próximos 24 días.

Anoche, el procurador Carrillo pidió que se garantice la colaboración del exfiscal Moreno y le solicitó a la Fiscalía prorrogar la suspensión de la acción penal en su contra.

Malo, a juicio en tres semanas

La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Malo, acusado por el Congreso por las irregularidades del ‘cartel de la toga’. La audiencia preparatoria del juicio se realizará el próximo 15 de mayo, cuando Malo deberá presentarse ante la Sala Especial de Juzgamiento en Primera Instancia.

En diciembre pasado, el Senado envió el caso de Malo a la Corte, después de que decidió aceptar la acusación con una votación apabullante. En el expediente se mencionan dos procesos en los que supuestamente Malo interfirió: el del exsenador Musa Besaile, en el cual presuntamente hubo un pago de 2.000 millones de pesos, y el del también exsenador Álvaro Ashton, en el que habría exigido 600 millones de pesos.

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