¿Merece la pena denunciar sobornos o es mejor pagarlos?

¿Merece la pena denunciar sobornos o es mejor pagarlos?

Denunciantes del alcalde de El Rosal están decepcionados. Aunque lo condenaron, volvió a su puesto.

Denuncias al alcalde de El Rosal

La veeduría ciudadana tiene los ojos puestos en las obras de un centro de salud que inició el alcalde anterior.

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SALUD HERNÁNDEZ - MORA

25 de agosto 2018 , 01:03 a.m.

Los denunciantes del alcalde de El Rosal por corrupción están decepcionados. Aunque lo condenaron, volvió a su puesto hasta que haya sentencia definitiva. ‘Es como poner a un violador de director de un jardín infantil’, dicen.

El 7 de mayo lo condenaron a 18 años de inhabilidad por pedir sobornos a cuatro propietarios de fincas para dejarlos urbanizar. Pero el alcalde Hugo Arévalo permanece en su puesto porque la ley le permite seguir sentado en el sillón de mando mientras la segunda instancia falla su caso.

“Estamos peor que antes de denunciar”, afirma Julián Giraldo, a quien la Fiscalía General le debió poner escolta por las graves amenazas que ha recibido. “El alcalde, destituido por la Procuraduría, regresó hace cuatro meses al cargo y en el tiempo en que estuvo sancionado, el que quedó encargado, a instancias del gobernador de Cundinamarca, fue un calanchín suyo, el secretario de Desarrollo Económico. Eso es lo que ve la gente del pueblo, que él sigue en el cargo y que cuando se va, deja a los suyos”.

La decepción la comparten sus compañeros de denuncia, Alberto Cuéllar y los hermanos Andrés y Guillermo Leaño, dueños de diferentes propiedades
en El Rosal, población cundinamarquesa cercana a Bogotá, a quienes Arévalo extorsionó en su día.

Denuncias alcalde El Rosal

Guillermo Leaño, Julián Buitrago, Alberto Cuéllar y Andrés Leaño (de izq. a der.) denunciaron al alcalde por pedir coimas

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Salud Hernández

Según la denuncia, a Giraldo le exigió 8.000 millones de pesos y luego lo bajó a 3.000; a Cuéllar le dijo que la licencia era con plata, y el precio para los Leaño fueron veinte casas. Cinco concejales también pretendieron obtener beneficios irregulares “para no atravesarse” en los proyectos inmobiliarios: doscientos millones para cada uno. Para los cuatro, dejar a Arévalo en la alcaldía es “como poner a un violador de director de un jardín infantil”.

EL TIEMPO publicó una crónica sobre el escándalo en enero pasado (ver aquí)

En aquella fecha, el alcalde y los concejales llevaban tres meses suspendidos por la delegada de Moralidad Pública de la Procuraduría General, medida que alargó otros 90 días, mientras seguían avanzando las investigaciones. En mayo dictó sentencia condenatoria: 18 años de inhabilidad a Hugo Arévalo y 12 a los demás acusados. Pero debió restituirlos en sus cargos tras presentar todos ellos una apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General, hasta cuando haya una decisión definitiva.
Este, sin embargo, no es el único caso que compromete a Arévalo. También está el de Sigifredo Miranda, nativo y residente en El Rosal, que fue su compañero de colegio y ahora es su acérrimo enemigo. Él admitió en una audiencia ante la Procuradora y repite en privado, que solo se tratan de “h. p.” cuando se encuentran por causalidad en el pueblo.

Miranda cuenta que durante años ocultó, por miedo a represalias, un intento de soborno del alcalde Arévalo, que es la segunda vez que rige los destinos del municipio. “Lo grabé con una grabadora que llevaba escondida cuando me hizo la exigencia de ocho lotes, pero me dio miedo poner la denuncia porque en ese momento estaba solo”, me dice frente a uno de sus predios en el barrio Platea de El Rosal. “Solo cuando supe que otros tuvieron el valor de acudir a las autoridades, me uní a ellos, di el paso de denunciar y busqué a más afectados para que hicieran lo mismo”.

Los hechos que lo afectan se remontan al 2010, cuando Arévalo estaba en su primer periodo en la alcaldía. Miranda adquirió dieciséis lotes pequeños y, a cambio de las escrituras, el alcalde –dice– le exigió que le entregara la mitad de ellos. “Me dijo que dos eran para él y el resto para repartirlos con una funcionaria, con el que los vendía y dos concejales”, agrega Miranda. Como rechazó darle lo que tanto le había costado conseguir, nunca pudo escriturar los predios.

Tampoco los tiene legalizados María Isabel Buitrago, una mujer trabajadora y valiente, que regenta un negocio de maderas bautizado El Rebusque. “Hace nueve años compré en Platea dos lotes al señor Cosme Monroy, de 6 por 19 metros, y luego dos más. Yo estaba tranquila porque a Monroy lo presentó en público el alcalde y, además, la Secretaria de Planeación que había, y que es la misma de ahora, Mónica Nieto, dijo que todo estaba en orden. Pero luego, cuando ya estaban pagos, dijeron que ya no eran de ese tamaño, sino que había que reducirlos a 4 por 8. Como yo no convine, no me hicieron las escrituras”.

Denuncias alcalde El Rosal

María Isabel Buitrago asegura que no pudo escriturar predios porque no quiso darle al alcalde lo que le pedía.

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Salud Hernández

Ahora está decidida a llegar hasta el final. “Yo creo que ahí hubo ‘mermelada’ porque si no, ¿para qué un funcionario público se presta a decirme a mí que no había problemas con los lotes y luego me hacen la guerra y quieren sacarme?”, se pregunta.

El mes pasado le sellaron por tres días su taller de madera, aunque tienen todos los permisos de la CAR, Industria y Comercio al día. Le exigen el certificado de uso del suelo que otorga Planeación,
preciso la Secretaría contra la que ella lanza su dedo acusador. “En este pueblo hay una corrupción cosa grande, y a mí ya no me da miedo dar la cara”, remata con firmeza.

Un nuevo nubarrón se cierne sobre todos ellos. Un abogado residente en Cajicá, Diego Fernando Guzmán, ha demandado el EOT (el Esquema de Ordenamiento Territorial, equivalente al POT), aprobado en el 2015, ante el juzgado de Facatativá, con lo cual todo queda paralizado. “Es la misma persona que demandó el de Cajicá, y creemos que le hace a alguien el mandado para fastidiar a los denunciantes y para luego imponer nuevas trabas a los dueños de predios y a quienes pidan licencias. ¿No será para exigir nuevas coimas?”, dice un funcionario que pide anonimato.

Pero no solo los directamente afectados por las exigencias de sobornos se han lanzado a manifestar en voz alta lo que llevan años callando. También han dado un paso al frente ciudadanos de El Rosal hastiados de la corrupción que devora las arcas de su municipio. En marzo conformaron una veeduría ciudadana, y están poniendo la lupa en varias obras públicas que les parecían sospechosas. Como ya anticipaban, en las primeras averiguaciones tanto la administración actual como la pasada quedan mal paradas.

Dos proyectos están en su punto de mira: la construcción de un centro de salud y la segunda Ptar (planta de tratamiento de aguas residuales). Las explicaciones que obtuvieron en una visita a esta última las dejó perplejas.

“Construir la segunda etapa de la Ptar costaba unos cinco mil millones, y luego hicieron una adición de dos mil. Fuimos a las instalaciones para revisar el funcionamiento de los motores, y estaban parados. Llegamos a las 2 p. m., y nos dijeron: ‘Toca esperar a que se levante el coreano porque los prenden desde allá y ahora está amaneciendo. Vuelvan a las 7 de la noche, que ya está despierto’. Regresamos otro día y salieron con el mismo cuento”, relata Alexandra Jurado. “Les dije que si nos creen estúpidas e ignorantes, que era una falta de respeto”, recuerda. Hay contratos que conllevan un monitoreo inicial a distancia, pero solo en casos de emergencia y es de 24 horas.

“Llevamos dos años de retraso en la Ptar, y la calidad del agua es pésima, no es apta para el consumo humano. Y solo tratan el 20 por ciento”, agrega Eduarda Isabel Cubides, su compañera de batallas. “Necesitamos la colaboración de un ingeniero de la Contraloría General de la Nación porque son platas de regalías”.

Caminamos hasta el centro de salud, cuyas obras apenas avanzan. El anterior alcalde, Jaime Forero, prometió construirlo en ocho meses y entregarlo al pueblo con todo el equipamiento listo. Pero lo poco que dejó hecho lo tumbó su sucesor, Hugo Arévalo. “Cambiaron de interventor, hicieron nuevos estudios y diseños y adicionaron más dinero”, explica Cubides.

Arévalo anunció en su día que lo haría por etapas, pero las obras son intermitentes, permanecen paralizadas por días y semanas y ni siquiera a los trabajadores les pagan cumplido. “Se lo dieron al mismo contratista del pueblo de siempre. Dicen que no pudieron avanzar por las muchas lluvias”, anota Cubides. “Es un centro vital para una población de 30.000 habitantes, porque lo que tenemos solo son primeros auxilios. A los veedores nos resulta difícil hacer nuestra labor porque en el municipio siempre nos dan largas, contestan tarde nuestras solicitudes de documentos o nos mandan fotocopias ilegibles”.

Pese a los obstáculos que les ponen, no será fácil sacudirse a unas chicas que perdieron el miedo y quieren limpiar su municipio de corrupción para que progrese. “El alcalde intenta acobardarnos echándonos encima a la población, les dice que los servicios son más caros o que las obras no avanzan por nosotras”.

Además de la Procuraduría, las mismas denuncias están en la Fiscalía desde octubre del 2017, pero no avanzan los procesos.
Han cambiado tres veces de fiscal y no parece que haya un interés especial en resolverlos.

No solo son los finqueros los que se siente perjudicados por el alcalde, también esperan resultados trece familias muy pobres que lo denunciaron por estafa con un programa de vivienda para personas discapacitadas. Dicen que los ubicó en un lote diferente al que un benefactor había donado para ellos en la urbanización Villa María; los situó en ronda de quebrada, lo que es prohibido, y además no les entregó las casas prometidas pese a que les cobró hasta ocho millones a cada uno.

Arévalo y su equipo rechazan este y los demás señalamientos. Sin embargo, no le resultará fácil esquivar a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la justicia. No solo por los casos en marcha, sino por la avalancha de nuevos que se le vienen encima.

Como la investigación sobre la rapidez con que otorgaron la licencia de construcción al conjunto Fiorento para 296 apartamentos, si las características del predio eran peores que las de los cuatro propietarios que no quisieron pagar sobornos y se atrevieron a denunciar. Después seguirán las de las obras que escruta la veeduría.

La incógnita es saber hasta dónde pueden llegar los órganos de control si, por ejemplo, la Procuraduría regional, con sede en Facatativá, tiene jurisdicción sobre treinta municipios de Cundinamarca, la mayoría grandes, y solo cuenta con doce funcionarios. O cuando muchos promotores y dueños de predios observan que es más expedito y rentable pagar coimas antes que correr el riesgo de acopiar pruebas, contratar costosos abogados y esperar el veredicto de los órganos de control y los tribunales.

SALUD HERNÁNDEZ- MORA
​ESPECIAL PARA EL TIEMPO
EL ROSAL, CUNDINAMARCA

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