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Los puntos claves del plan de política criminal del Estado hacia 2024
Cárcel El Espinal, Tolima cárcel cárceles en Colombia

El documento habla, entre otras cosas, de ampliar los cupos carcelarios y mejorar el acompañamiento a pospenados. 

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Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Los puntos claves del plan de política criminal del Estado hacia 2024

Borrador incluye estrategias de prevención de delitos y racionalización de las sanciones.

Prevenir, evitar el populismo punitivo, mejorar la investigación y las condiciones en las cárceles, y trabajar por la resocialización. Estos son los pilares en los que busca trabajar el Plan Nacional de Política Criminal 2020–2024, elaborado por el Consejo Superior de Política Criminal, organismo asesor del Gobierno en el tema.

Según un borrador de este plan que aún está en socialización, conocido por EL TIEMPO, a través de cinco componentes se distribuyen lineamientos para la reducción de la criminalidad, el uso proporcional de las sanciones y el efectivo funcionamiento de la administración de la justicia penal.

En un primer punto, el plan señala la necesidad de un cambio de perspectiva para pasar de la represión a la prevención en el sistema penal y las sanciones. En ese sentido, señala acciones para prevenir el delito en jóvenes, las finanzas ilícitas, la corrupción, delitos electorales, la cibercriminalidad y delitos contra el medioambiente.

Así, por ejemplo, se fijó como meta hacer una política nacional de prevención del delito adolescente, diseñar mecanismos de respuesta institucional frente a expresiones del terrorismo a escala global y local, y fortalecer la justicia restaurativa como alternativa a la judicialización, esto tanto en causas penales como en ámbitos como los conflictos comunitarios, familiares, comerciales, entre otros.

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En segundo lugar, el borrador del Plan de Política Criminal tiene un capítulo sobre la racionalidad y proporcionalidad de las penas, en el que se señala que hoy en día la política criminal es reactiva y no está basada en evidencia, y que el populismo punitivo “incide en el hacinamiento carcelario, los extensos tiempos procesales y la congestión judicial”.

Para contrarrestar esta situación se pone de presente la necesidad de establecer una metodología de evaluación del impacto de las decisiones legislativas en los fenómenos criminales y en el sistema penal. También se plantea hacer un proyecto de acto legislativo para armonizar las normas del sistema penal bajo criterios de proporcionalidad, y configurar un sistema de penas y medidas alternativas a la privación de la libertad que luego se incluyan dentro del código penal a través de un proyecto de reforma.

Igualmente se consigna como meta la realización de campañas de concientización pública para cambiar la percepción punitivista y dar a conocer el efecto reconstructivo de la aplicación de medidas alternativas a la reclusión.

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En tercer lugar, el documento contempla un fortalecimiento de la investigación criminal, de las capacidades para obtener evidencias y pruebas y una evaluación de la figura del acusador privado, que permite que las víctimas de delitos contraten un abogado para que opere como fiscal en sus casos.

En este punto, el plan le da importancia a mejorar la articulación entre instituciones y a la necesidad de modernización con elementos tecnológicos. También se habla de fortalecer los procesos dentro de la administración de justicia para lo que se hará, por ejemplo, un diagnóstico sobre los factores que inciden en los tiempos procesales, así como propuestas para mejorarlos.

El cuarto punto del borrador del plan de política criminal se centra en la ejecución de las sanciones y plantea la necesidad de nueva infraestructura penitenciaria, carcelaria y del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA). Aquí se señala que el Ministerio de Justicia tiene la meta de entregar 6.400 nuevos cupos carcelarios entre 2020 y 2023.

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También se hace hincapié en mejorar la inteligencia penitenciaria para desarticular actividades criminales dentro y desde los establecimientos penitenciarios, así como el proceso de formación de los guardias. Se habla igualmente de implementar estrategias para mitigar los factores de riesgo vinculados con la reincidencia.

En materia de resocialización, que concentra el último componente del plan, hay acciones para realizar tanto desde cuando los internos están en prisión hasta cuando salen del lugar de reclusión.

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En el primer caso se habla de determinar la existencia de potenciales clusters productivos dentro de las cárceles, con las artesanías y productos que elaboran los internos, “a través del análisis del mercado en las vecindades de los centros, así como de las dinámicas de consumo de bienes y servicios en interior de los mismos que permita estimar el impacto potencial de una política pública de empresa penitenciaria”.

Por último, se hace hincapié en la necesidad de mejorar el acompañamiento y la atención para los pospenados y los jóvenes que salen del SRPA, en un trabajo cuyo enfoque sea la reintegración con la comunidad y la reconstrucción de los lazos sociales. Según el documento, esa atención posegreso puede ayudar a disminuir las posibilidades de reincidencia.

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