Luego de que EL TIEMPO reveló algunos detalles de una parte del proyecto de ley para que las bandas criminales entren a la 'paz total' de la que ha hablado el gobierno, este viernes se conocieron nuevos pormenores de lo que tendría la iniciativa.
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El periodista Daniel Coronell reveló en W Radio que el borrador del proyecto de 87 artículos, que está en revisión de Presidencia y sería radicado la otra semana, si obtiene visto bueno, propone reformas en el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código penitenciario y carcelario.
Según el periodista, en el proyecto se establece un tratamiento distinto para los miembros de base de los grupos criminales frente a los altos jefes, y se privilegia la aceptación consensuada de cargos y para ello se les dan roles protagónicos en el proceso al Fiscal General de la Nación y al Defensor del Pueblo.
Frente al tratamiento penal, los jefes de las bandas estarían obligados a cumplir por lo menos la cuarta parte de su condena privados de su libertad, cuando cumplan dos quintas partes, podrían tener salidas de hasta 15 días cada dos meses; y tras pagar la mitad de la pena, irían a prisiones comunitarias, que son sitios de reclusión con menos seguridad.
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Por su lado, los miembros de base de estas estructuras que sean procesados por concierto para delinquir, utilización de uniformes, uso ilícito de equipos de comunicación y porte ilegal de armas, tendrían que estar entre 4 y 5 años en programas especiales de reinserción.
En cuanto a los roles del fiscal y el defensor, el primero sería el encargado de imputar o hacer las peticiones de absolución una vez concluyan las negociaciones de sometimiento con el gobierno; el segundo ejercería la representación de las víctimas y podría pedirle al fiscal corregir, adicionar o aclarar las imputaciones.
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Otro punto que desde ya se anticipa como polémico es que el borrador del proyecto sostiene que el procesado hará un listado de los bienes que tengan relación con actividades ilegales y por ese listado podría conservar el derecho al dominio sobre algunos de ellos, cuando su valor comercial "no supere el diez por ciento del total de los bienes objeto de colaboración".
Así mismo, el procesado podría "hacerse acreedor de hasta el diez por ciento del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes entregados”.
En todo caso, este borrador aún está en revisión del gobierno, apenas en la noche del jueves el presidente del Congreso, Roy Barreras, anunció que recibió el documento para revisión, y habrá que esperar finalmente qué de todo lo que se incluyó aterriza en el Congreso formalmente, así como qué del proyecto se mantendrá después de las discusiones en el Legislativo.
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