Si se somete, 'clan Úsuga' conservaría el 5 por ciento de sus bienes

Si se somete, 'clan Úsuga' conservaría el 5 por ciento de sus bienes

El beneficio está incluido en proyecto para facilitar entrega de bandas delincuenciales.

La Cárcel de Ternera en Cartagena

La presentación oficial de la iniciativa, de hecho, será el banderazo para que ‘Otoniel’, máximo jefe de la banda, empiece a dar pasos hacia el ‘acogimiento’.

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John Montaño/ EL TIEMPO

Por: Justicia
19 de octubre 2017 , 11:35 p.m.

La posibilidad –que ya existe legalmente, pero que hasta ahora no se usa– de que puedan conservar hasta un 5 por ciento de las fortunas ilegales que entreguen al Estado y la eventual concesión de rebaja de pena general hasta del 40% forman parte de las propuestas que el Gobierno puso sobre la mesa para el ‘acogimiento’ a la justicia de la banda de ‘los Úsuga’, la más poderosa del país.

EL TIEMPO conoció un documento confidencial de 14 páginas que fue elaborado por el Ministerio de Justicia y presentado al Consejo de Política Criminal hace pocos días. Aunque aún no es definitivo y está pendiente incluir algunos reparos que hicieron los miembros de ese órgano colegiado, la esencia del proyecto se mantiene y el martes será radicado en el Congreso para ser tramitado por el 'fast track'.

La presentación oficial de la iniciativa, de hecho, será el banderazo para que ‘Otoniel’, máximo jefe de la banda, empiece a dar pasos hacia el ‘acogimiento’.

La negociación estaría en manos del Fiscal General de la Nación o sus delegados, pues no se trata de un proceso con actores que gocen de reconocimiento político, como sí pasó con la guerrilla. En todo caso habría privación efectiva de la libertad en cárceles, pero con la posibilidad de que los que se entreguen entren a programas de capacitación y de emprendimiento empresarial que podrían financiarse, incluso, con las fortunas ilegales que deberán entregar las bandas.

El articulado amplía la aplicación de esta salida no solo para las grandes bandas –que define como las que tienen mando unificado, ejercen algún control sobre una parte del territorio y que usan violencia contra la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado o la población civil–, sino para grupos más pequeños, de tres o más personas que delincan durante cierto tiempo y “que actúen concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo”.

Para iniciar los acercamientos las organizaciones ilegales deben manifestar por escrito al Fiscal su voluntad para acogerse colectivamente a la justicia.
En la solicitud debe registrarse el área de influencia del grupo y el número de personas que se someterán, así como sus identidades.

Una vez definido el sitio de concentración y entrega de armas, el Fiscal General tendrá en sus manos la decisión de levantar órdenes de captura por procesos o condenas por cualquier delito. Así, si se da la negociación, sería posible ver a ‘Otoniel’, el hombre más buscado del país, con salvoconducto temporal mientras se produce el ‘acogimiento’.

A su vez, “en la forma que lo estime conveniente”, el Presidente de la República determinará “la localización y modalidades de acción de la Fuerza Pública”, en todo caso teniendo en cuenta que “no se afecten los derechos y libertades de la comunidad”. Si se requieren, podrían establecerse corredores de movilidad seguros para que los miembros de las bandas lleguen a los sitios de concentración acordados.

Ese proceso no se extenderá más de un mes, pues la norma propuesta señala que cinco días después de terminada la etapa de acercamiento con los integrantes de las bandas la Fiscalía presentará ante el juez el escrito de acusación colectiva. Cinco días después se realizará la audiencia de aceptación de cargos y sentido de fallo. Y a más tardar diez días después, el juez emitirá sentencia.


El espíritu de la norma será “garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, y para ello, quienes se sometan deberán entregar “información conducente a la identificación de las víctimas de los delitos que serán aceptados colectivamente”. También deben entregar “información clara y detallada de todas las actividades delictivas de la organización, en especial lo relacionado con actos de corrupción y la vinculación de servidores públicos a dichas actividades”.

En cuanto a narcotráfico, que es su principal actividad delictiva, los miembros de las bandas deben revelar rutas, ubicación de plantaciones y laboratorios, así como sus redes de lavado de activos. En todo caso, uno de los puntos de partida de un eventual proceso será la entrega inmediata al ICBF de menores de edad que hayan sido cooptados por la organización. El Gobierno propone la aplicación intensiva de beneficios penales como el principio de oportunidad (la justicia ‘se olvida’ de perseguir algunos delitos a cambio de colaboración) y las rebajas de pena por preacuerdos y otras figuras judiciales.

Otro punto clave es que no habrá ‘puerta giratoria’: quien se postule a esta negociación solo podrá hacerlo por una vez y cualquier trampa será castigada con la pérdida de beneficios y la aplicación de la legislación ordinaria.

Las gabelas

Como se mencionó, uno de los beneficios a que tendrían derecho los integrantes de las bandas que negocien con la Fiscalía está contenido en el nuevo Código de Extinción de Dominio. La figura se llama ‘retribución’ y se aplica para quienes renuncien a defenderse en ese proceso y además colaboren con información efectiva para desmantelar organizaciones criminales.

“Se podrá retribuir hasta con el cinco por ciento del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes que sean objeto de extinción de dominio y se encuentren estrechamente ligados a grupos delictivos organizados, siempre y cuando no supere los dos mil quinientos salarios mínimos”, señala el Código de Extinción vigente.

La eventual rebaja de penas de hasta el 40 por ciento por el desmonte total de la organización criminal es uno de los puntos que están en discusión,
y en todo caso estaría condicionado a “la efectividad y el grado de colaboración con la justicia, la satisfacción de los derechos de las víctimas y la terminación de la actividad delictiva”.

La Judicatura y la Defensoría del Pueblo tendrían que facilitar recursos como salas para realizar audiencias para mínimo 50 personas y defensores de oficio para quienes se vayan a someter.

Las víctimas en todo caso podrán participar en las audiencias y la Fiscalía tendrá que garantizar que conozcan los avances del proceso y puedan oponerse cuando así lo consideren. Las bandas tendrán que reparar a sus víctimas, que a corte de abril del 2016 iban en 362.000 personas, casi todas por desplazamiento forzado.

Finalmente, la norma propuesta establece que a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la ley, el Inpec tendrá que adoptar un “programa especial y con enfoque diferencial de reintegración social y laboral” para quienes se sometan a la justicia. Ese proceso será apoyado por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), y para su financiamiento se podría recurrir a los bienes que entreguen las bandas. Una propuesta similar incluida en la negociación con las Farc generó una dura polémica y sigue en veremos.

Proyecto va a ir con paquete de paz

En la noche del jueves, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el próximo martes el proyecto para el sometimiento de las bandas criminales llegará al Congreso.

Se tramitará por la vía rápida prevista para las normas relacionadas con el proceso de paz, lo que permitirá que sus disposiciones estén vigentes, en caso de ser aprobadas, antes de que finalice el año.

El lunes habrá una reunión final del Consejo de Política Criminal para definir el futuro de las propuestas polémicas, como un eventual aumento de las rebajas de pena por colaboración.

También, sobre los eventuales beneficiarios del cambio legislativo, pues al incluir en el texto los delitos contemplados en la Convención de Palermo en la práctica se abre espacio a cualquier organización de narcos, siempre que tengan tres o más miembros.

Hasta ahora no hay ninguna definición específica sobre el futuro de las solicitudes de extradición que pesan sobre la mayoría de las cabezas de las bandas, empezando por ‘Otoniel’. Por él, EE. UU. ofrece 5 millones de dólares de recompensa.

Altas fuentes señalaron que, dependiendo de los avances del proceso, el tema de la extradición podría ser considerado por el Gobierno.

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