En las instalaciones de la Procuraduría se está terminando de cocinar un proyecto de ley que será radicado la próxima semana y que hace parte de la estrategia contra la corrupción que impulsa el Ministerio Público.
Tal como lo había anunciado el procurador general, Fernando Carrillo, el proyecto pide la incorporación de dos nuevos delitos al Código Penal: la financiación ilegal de campañas políticas y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
“La mayoría de legislaciones penales del mundo tienen contemplado el delito de financiamiento ilegal de las campañas y la idea es incorporarlo a la legislación colombiana por violación de topes, falsedad en documentos, problemas de contabilidad...” le dijo el procurador Carrillo a El TIEMPO.
El jefe del Ministerio Público también señaló que el Consejo Nacional Electoral no cuenta con la capacidad para sancionar ese tipo de conductas porque no tiene los instrumentos de investigación, ni las normas que respalden desde el punto de vista penal la persecución de esas acciones.
El órgano de control sustenta, así mismo, la necesidad de una la ley en que los donantes de campañas hoy están a la sombra por lo que sostiene que es fundamental acabar con el vacío legal que permite los intercambios de plata, votos y contratos como contraprestaciones por los apoyos económicos a candidatos.
Por otra parte, la Procuraduría pretende que las entidades envueltas en hechos de corrupción queden inhabilitadas para contratar nuevamente con el Estado, esto a través de la responsabilidad de las personas jurídicas y no solo de los funcionarios. El objetivo es acabar con la impunidad que eventualmente genera el velo corporativo.
Aunque ese será un paso definitivo dentro de los planes de la Procuraduría para avanzar en la lucha contra la corrupción, el órgano de control está dando otros pasos paralelos como la firma, hace unas semanas, de un compromiso por la integridad y la transparencia con los principales gremios económicos del país, que se comprometieron, entre otras cosas, a denunciar cualquier hecho que pueda estar untado de corrupción y rechazar el uso de sobornos para la obtención de contratos, licencias y trámites.
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