Aunque no se han conocido muchos detalles al respecto, el gobierno entrante de Gustavo Petro, que comienza el próximo 7 de agosto, ha lanzado algunas propuestas que implicarían profundos cambios a instituciones de la justicia en Colombia como la Fiscalía, y al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría.
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En entrevista con EL TIEMPO, el fiscal general, Francisco Barbosa, se refirió a ello y dijo que lo que se requiere es un mayor fortalecimiento de la Fiscalía para dar mejores resultados. "Cualquier fortalecimiento de la Fiscalía me parece una buena idea, pero no me parece una buena idea ni la creación de una nueva fiscalía o una fiscalía paralela ni la fractura de sus competencias", indicó.
Consultados al respecto, exfiscales y analistas coincidieron en que no sería una buena idea eliminar la Procuraduría, como ha propuesto Petro, ni tener una Fiscalía paralela encargada de temas anticorrupción.
El exfiscal general Alfonso Valdivieso señaló que es partidario de fortalecer el ente acusador, "pero no de crear otra Fiscalía". Explicó que la entidad puede fortalecerse desde el punto de vista presupuestal pero también de recursos tecnológicos para apoyar las investigaciones.
"Me parece importante que exista una Procuraduría concentrada, como lo está la colombiana, en temas de derechos humanos y temas disciplinarios. Sería un desgaste el desmonte de una institución histórica que seguramente necesita un fortalecimiento, pero no desaparecerla", añadió.
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Por su lado el también exfiscal general Luis Camilo Osorio señaló que desde su creación la Fiscalía tiene capacidades específicas para la lucha anticorrupción y que la historia normativa ha dotado a la Procuraduría de fortalezas para regular la conducta administrativa y disciplinaria de servidores públicos.
Es de recordar que en una reciente reforma la Procuraduría quedó con facultades jurisdiccionales frente a las personas elegidas por voto popular; esta reforma se hizo para dar cumplimiento a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que señaló que las autoridades administrativas no pueden limitar los derecho políticos de personas elegidas por voto popular.
Esta adecuación ha generado críticas a la entidad pero Osorio recordó que en Colombia hay otras autoridades administrativas con facultades jurisdiccionales como lo son varias Superintendencias, "y si hay una entidad que se parezca a los mecanismos sancionatorios disciplinariaos y penales es la Procuraduría, por tanto no está mal lo que se hizo de dotarla de capacidades judiciales en las investigaciones y sanciones", señaló.
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Redacción Justicia).
Por eso mismo el exfiscal considera que no sería constructivo eliminar la Procuraduría ya que esto sería "despojar al Estado de capacidades para combatir la corrupción". Algo que sí ayudaría a prevenir la corrupción en la función pública, consideró, sería verificar bien "quiénes son las personas que están llegando a puestos claves de manejo de dinero estatal. Si se escogen bien las personas, ese es el mejor antídoto preventivo", concluyó.
Frente al debate Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), señaló que es un contrasentido desvertebrar la Fiscalía o eliminar la Procuraduría y decir que esto mejorará la lucha anticorrupción puesto que esas instituciones han venido cumpliendo esas funciones.
"Lo prudente sería esperar el fallo de la Corte Constitucional en el que se examina la reforma que se le hizo a la Procuraduría para precisar el alcance de sus facultades sancionatorias frente a funcionarios públicos de elección popular, la Corte IDH no habló de eliminar la Procuraduría, habló de ajustar las sanciones", expuso.
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Así mismo dijo que sería grave usurpar las facultades de la Fiscalía "porque desvertebra la lucha anticorrupción con un organismo burocrático paralelo cuyos alcances no están definidos". Añadió que aunque siempre es deseable que la justicia tenga más resultados, "las estadística reflejan que quien ha purgado la política en estos temas ha sido la justicia, no los partidos políticos. En los últimos años el Consejo de Estado ha emitido más de 80 pérdidas de investidura contra congresistas y la Corte Suprema ha puesto más de 120 condenas penales".
Agregó que "la gran reforma que hay que hacer en la lucha contra la corrupción es la reforma política y la reforma a los partidos políticos" y que uno de los elementos importantes en una eventual reforma es tener en cuenta la opinión de las cortes y de la justicia en general, incluyendo las agremiaciones, los centros de pensamiento, las universidades, entre otros.
Sobre las conversaciones con las altas cortes, EL TIEMPO confirmó que el presidente electo Gustavo Petro aún no se ha reunido con la Corte Suprema, la Constitucional ni con el Consejo de Estado.
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