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Investigación

'No estamos actuando por interés': Procuraduría ante suspensión de Daniel Rojas

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Silvano Gómez habla por los cuestionamientos a la suspensión del presidente de la SAE.

Carlos López
La Procuraduría General de la Nación se pronunció este lunes sobre el huracán de opiniones que se dieron tras la suspensión provisional del presidente de la SAE, Daniel Rojas Medellín.
El decisión está relacionada a las acciones de compraventa de la empresa conocida como Triple A, caso por el cual el viceprocurador general, Silvano Gómez, habló con EL TIEMPO.
En la entrevista, reseñó que este proceso viene desde el 21 de diciembre de 2021, cuando se celebró un contrato de compraventa de acciones con K-yena, vienen cumpliéndose las obligaciones como pagar hasta el 50 por ciento, que se hizo hasta diciembre 31. De ahí, según el viceprocurador general, se genera la obligación de hacer el traspaso al comprador.
Daniel Rojas, como lo ha dicho a varios medios, entre esos El Tiempo, no transfirió el 82,16 por ciento de las acciones que manejan porque primero quieren que se analice si pudo haber algún detrimento patrimonial en la venta, ya que podría haberse sellado el negocio por debajo del precio real.

¿En qué se basa la suspendieron a Daniel Rojas?

Cada quien tiene unas obligaciones, y estas deben cumplirse. Nosotros celebramos que se haga cualquier acto que vaya contra la corrupción, pero el ordenamiento jurídico colombiano es preciso, es claro, y ha determinado los límites y ámbitos de competencia que tiene cada servidor público. Una vez hecho la mitad del pago de las acciones, lo que correspondía era el traspaso. Ahora, si hay motivos fundados hay que acudir a la competencia y dictar el acto contractual o demanda que corresponda ante las otras autoridades.
Estamos investigando si efectivamente existe un fundamento jurídico válido para no hacer el traspaso de las acciones.

¿Qué salida le quedaba a Daniel Rojas para que luego no lo procesaran por irregularidades?

Tan pronto alguien advierte la existencia de un hecho que puede dar lugar a un detrimento patrimonial, las acciones administrativas, fiscales, penales, si no las tienen, debe acudir ante las autoridades a demandar. Y si tiene la competencia de suspender el contrato, está habilitada para tomarla, y en eso está la investigación.

¿Qué dice la Procuraduría a los comentarios de que esta decisión es apresurada?

En principio, podría generarse un detrimento patrimonial si se hace efectiva la cláusula penal por 56.000 millones de pesos. Esto no es de capricho o actos arbitrarios, nos impone una responsabilidad a nosotros. Está la posibilidad de acudir a los jueces para que revisen nuestros actos.
Tengan la absoluta seguridad que la Procuraduría garantizará los derechos, no estamos actuando por intereses, estamos actuando porque la ley nos lo impone, y con fundamento específico debidamente expresado.

Hace un año Andrés Ávila era director de la SAE, y se habló de que las acciones se vendieron a muy bajo costo. Él se defendió, pero hay quienes dicen que esa vez la Procuraduría no actuó, y ahora sí.

No estamos actuando por intereses, estamos actuando porque la ley nos lo impone.

Esto es un negocio entre entidades públicas, no entre particulares. La Procuraduría no tiene una queja en específico que hable de un detrimento patrimonial con relación a esos hechos, y por eso no hay una actuación disciplinaria que establezca esa circunstancia. Hay opiniones acerca de que posiblemente se está dando eso, pero no conocemos un informe de un servidor público.
Ahora, si lo hay, quiero señalar que la Procuraduría ha destituido a funcionarios de Odebrecht, a exviceministros, a exgerentes de la Triple A. aquí no hay connivencia.

Uno de los más críticos con la suspensión fue el presidente Gustavo Petro. ¿Qué le responde?

Esto no es una controversia, es un proceso disciplinario. Yo respondo dentro del proceso con argumentos que presenten los sujetos disciplinables. Las autoridades están obligadas a cumplir las órdenes de otras autoridades, y a encausar su vida pública con el respeto que merecen.
No estamos para controvertir, y las descalificaciones que nos hagan, nos duelen como personas. Invitamos a que se acuda al proceso con los argumentos suficientes respecto de los hechos.

¿Qué vías le quedan a Rojas en este caso para evitar su suspensión?

La suspensión es una medida cautelar, que tiene por orden legal consulta a la procuradora. Allí se escucharán los alegatos del sujeto procesal escuchando los argumentos respecto a la suspensión.
Si se presentan hoy los elementos de juicio para levantar la suspensión, inmediatamente procederemos a ello.
Carlos López
En Twitter: @CarlosL49
justicia@eltiempo.com

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