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Investigación

Procuraduría pide reporte de lucha contra violencia sexual en niños indígenas

Cerca de 130 niños de una comunidad indígena venezolana, duermen en la intemperie, a un costado del puente internacional Francisco de Paula Santander.

Cerca de 130 niños de una comunidad indígena venezolana, duermen en la intemperie, a un costado del puente internacional Francisco de Paula Santander.

Foto:Cortesía CRUE

La Fiscalía deberá remitir si hay militares o policías denunciados por estos hechos.

Carlos López
Con un llamado a seis autoridades nacionales y locales, la Procuraduría General de la Nación elaboró un oficio con el que busca obtener un informe detallado del difícil panorama en materia de explotación y violencia sexual que padecen niños, niñas y adolescentes indígenas de las etnias nukak y jiw en el Guaviare.
En el documento conocido por EL TIEMPO, y con fecha del 5 de enero, el Ministerio Público anuncia que en medio de su labor preventiva, espera en un plazo no mayor a cinco días hábiles una respuesta frente a qué están haciendo la Fiscalía, Bienestar Familiar (Icbf), la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Guaviare, la Alcaldía de San José del Guaviare y la Comisaría de Familia para mitigar esta situación.
En concreto, el exhorto de la Procuraduría Regional del Guaviare, con firma de Michael Steven Torres Palacio, consta de siete pedidos. Con el primero de ellos se solicita saber "qué estrategias y de qué naturaleza se han implementado, desde las entidades que ustedes lideran, a fin de mitigar la explotación sexual y violencia sexual de menores pertenecientes a las etnias jiw y nukak".
Los funcionarios a los que va dirigida la carta son Joaquín Mendieta, director regional del Icbf en Guaviare, Heydeer Yoyanny, gobernador del departamento; Edisson Martínez, defensor del Pueblo; Isabel Cristina León, directora de la Seccional de Fiscalía en el lugar; Ramón Guevara, alcalde de la capital, y Luisa Fernanda Duque, comisaria de Familia.
Estaban convencidos de que una vez se firmara el acuerdo con la guerrilla, ellos podrían volver a caminar la selva sin temor.

Estaban convencidos de que una vez se firmara el acuerdo con la guerrilla, ellos podrían volver a caminar la selva sin temor.

Foto:EL TIEMPO

El oficio se conoce después de que el periodista Gerardo Reyes documentó en Univisión el caso de una menor de edad indígena que habría sido violada en la región por un militar estadounidense, proceso que se mantiene bajo reserva en la Fiscalía.
Para hacerle un rastreo a todas las posibles vulneraciones a esta población, la Procuraduría exigió que se presenten los resultados de las intervenciones que han hecho las autoridades en San José del Guaviare, desde 2019 hasta el año pasado, para prevenir el abuso y la explotación sexual.
"Por favor, indicar cifras, población beneficiada e impactada, al igual que las dependencias y funcionarios encargados de cada estrategia", se lee en el oficio, en el cual también se abarcan los planes para acabar con el consumo de sustancias psicoactivas.
Sumado al plan de choque que exigen conocer por parte de Bienestar Familiar, otro de los llamados que sobresalen en el oficio del Ministerio Público es a la Fiscalía y Defensoría, entes a los que convoca para que notifiquen cuántas denuncias por violencia y explotación que involucren a niños y adolescentes de las etnias nukak y jiw han recibido desde 2019. 
Lo especial de esa petición -la quinta del documento- es que se indique si en el desarrollo de las investigaciones "se ha podido determinar como posibles responsables a miembros de la Fuerza Pública, Policía Nacional o personas naturales que cuenten con la condición de servidores o funcionarios públicos".
El listado de la Procuraduría cierra con la advertencia de que si se omite o retarda suministrar la información, dicho acto podría ser sancionable a nivel disciplinario.
Redacción Justicia
Carlos López
En Twitter: @CarlosL49

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