En la acción popular solicitada por la Procuraduría General respecto al proyecto Ruta del Sol, el Ministerio Público pidió al Tribunal de Cundinamarca que dicte medidas de embargo urgentes contra Odebrecht, toda vez que, a la fecha y a pesar de los procesos por escándalo de sobornos, la compañía brasileña sigue a cargo del proyecto.
En su petición al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el órgano de control solicitó que se decrete esta medida cautelar y se designe "un secuestre que, en nombre y representación de las sociedades de Odebrecht, ejerza los derechos sociales y de Gobierno en la concesionaria, hasta la terminación y liquidación del contrato. Un secuestre que provenga de una entidad pública".
La Procuraduría señaló que aunque el 22 de febrero se suscribió un acuerdo para la terminación y liquidación del contrato, esto realmente no ha sucedido. "El control de las obras y de la concesionaria aún no está en poder de instituciones del Gobierno", dice el comunicado del Ministerio Público.
"Inquieta que en la etapa de transición se incrementen los gastos por parte de Odebrecht y que estos a la postre sean pasivos que hagan imposible la financiación del proyecto a largo plazo. Así, en el limbo en que se encuentra actualmente el proyecto, esa interinidad durará mínimo 120 días con empresas cuestionadas por actos de corrupción", dice la Procuraduría.
También pidió que se adelante de inmediato la etapa precontractual para la celebración de un nuevo contrato, a través del cual deberá terminarse el proyecto con un nuevo concesionario.
Así mismo, la Procuraduría dijo que espera que el Tribunal de Arbitramento de la próxima semana declare la nulidad del contrato.
Sobre las medidas de urgencias solicitadas por la Procuraduría para el contrato de Ruta del Sol II, el procurador delegado Iván Darío Gómez Lee señaló que en el marco de la acción popular solicitaron una intervención urgente de esas obras.
Hizo énfasis en que para el país es grave que Odebrecht sigua vinculado al contrato por lo que el Gobierno debe nombrar a un delegado que sustituya a la compañía.
El Ministerio Público recuerda que el embargo que decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra los contratistas fue por 191.000 millones de pesos, dinero que según la Procuraduría serviría para reparar los daños ocasionados por la firma brasileña.
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