En varios municipios de Antioquia, los alcaldes les encomendaron a decenas de hospitales regionales la entrega de raciones escolares para los niños.
De hecho, hay algunas empresas sociales del Estado (ESE-hospitales) que son más conocidas por recibir esos contratos que por la prestación del servicio de salud, para la cual fueron creadas.
En Chigorodó se le pagaron 821 millones de pesos a la ESE Hospital María Auxiliadora; en Támesis, el contrato se lo ganó el Hospital San Juan de Dios, que también resultó elegido en Pueblo Rico y en La Concordia. La misma modalidad de contrato se encontró en Amalfi y Jardín.
Esta modalidad de contratación se ha detectado en 27 de los 32 departamentos, y hay casos incluso en Usme.
Así lo estableció la Procuraduría como parte de la investigación macro que adelanta sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE). El ente de control halló decenas de contratos o convenios interadministrativos firmados por municipios y las ESE, en varias regiones.
Para la Procuraduría es claro que la ley tan solo habilita a estas empresas para “la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social”. De hecho, ya encontró varios casos en los que los hospitales subcontratan con terceros por un menor valor para cumplir con la entrega de raciones.
La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la entidad identificó además que en algunos casos un mismo municipio firmó varios contratos con la misma ESE; incluso, ya tienen firmados convenios para 2018 por sumas que superan los mil millones de pesos.
Además, hay una clara concentración de contratistas, un patrón que se viene repitiendo desde 2013 hasta la fecha, lo que ha llevado a los investigadores a buscar a los accionistas de esas ESE y sus conexiones.
Por ahora, las investigaciones conjuntas entre Fiscalía, Procuraduría y Contraloría dejan más de 90 capturas de contratistas por sobrefacturación de alimentos, entrega de raciones en descomposición o menores cantidades.
Actualmente están en la mira cerca de 80 contratistas en Santander, Norte de Santander, La Guajira, Antioquia, Valle, Cauca, Córdoba, Huila, Madgalena y del sur del país, incluido Amazonas, en donde un huevo se factura por 400 pesos.
La Contraloría informó de una auditoría en la cual los sobrecostos en piezas de pollo y otros alimentos es hasta del 200 por ciento, y la Fiscalía reveló cómo empresas dedicadas al servicio de grúas eran contratadas en Santander para proveer tamales por 30.000 pesos la unidad, elaborados en Meta.
Se calcula que en un año, el número de raciones que se robaron estas mafias supera los 32 millones, suma que se traduce en el mismo número de niños que se quedaron sin comida.
Al respecto, el Ministerio de Educación aseguró que este año ha realizado 733 visitas de seguimiento y verificación a instituciones educativas y 468 visitas de asistencia técnica. Pero las anomalías siguen apareciendo.
- En el Atlántico, la Contraloría General abrió seis procesos de responsabilidad fiscal por el desfalco de 2.258 millones de pesos. En ese departamento se perdieron 1.703 millones en Soledad y 554 millones en Malambo, dinero que debía invertirse en la alimentación escolar.
- En Bolívar, específicamente en Cartagena, la Contraloría investiga contratos del PAE por 23.427 firmados por el suspendido alcalde Manuel Vicente Duque de forma irregular con una firma de Nariño.
- En Cesar, el ente tiene abiertos 13 procesos de responsabilidad fiscal por desvío de dineros de los alimentos de los niños que suman 8.518 millones. En esos procesos están investigados más de doce exfuncionarios y contratistas. En ese departamento las irregularidades en el PAE ya suman 1.424 millones.
- En La Guajira se llevan 16 procesos por la pérdida de 20.500 millones de pesos.
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