En más de una docena de hechos, cometidos durante la emergencia por el nuevo coronavirus, distintos grupos armados habrían usado a menores de edad para cometer delitos en varias zonas del territorio nacional.
Así lo denunció en una carta dirigida a la Fiscalía el procurador general, Fernando Carrillo. Dice que el Eln, las disidencias de las Farc y otros ocho grupos armados están usando a niños para cometer homicidios de personas protegidas, actos de terrorismo y otros hechos.
Igualmente, se señala que estos grupos armados están reclutando menores de edad con fines de explotación sexual, y que miles de niños también han sido víctimas de tortura y desplazamiento forzado.
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En particular, el Ministerio Público ha identificado que se están reclutando menores indígenas de las etnias embera dóbida, embera katío y embera chamí y de la comunidad nonam, en Bojayá e Istmina, Chocó; así como niños indígenas de Toribío, Cauca, menores embera eyábida de Murindó, Antioquia; e indígenas wounaan de Santa Rosa de Guayacán, en Buenaventura, Valle del Cauca.
Carrillo señaló también que a pesar de que el monitoreo de la misma Procuraduría indica que desde que se suscribió el Acuerdo Final de Paz con las Farc bajaron las afectaciones a la niñez, alrededor del 30 % de los entes territoriales (municipios, departamentos, etc.) registran que los niños siguen siendo víctimas del accionar de los grupos violentos.
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Finalmente, el jefe del Ministerio Público pidió priorizar las investigaciones por estos eventos criminales contra niños y niñas cometidos en medio de la emergencia derivada por la covid-19, que “adquieren un mayor reproche social, dada la prevalencia constitucional de sus derechos y la protección integral que se debe brindar a la población de infancia y adolescencia”.
En su carta, Carrillo menciona que los llamados 'Caparrapos', el bloque 'Virgilio Peralta Arenas', las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 'los Rastrojos', el 'clan del Golfo', las Águilas Negras, ‘los Paisas’, el grupo E-40 y otros grupos armados organizados residuales han participado en varias amenazas a la población civil, así como en tráfico de drogas, minería ilegal y obstaculización de tareas humanitarias.
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