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‘El proceso contra Álvaro Uribe debe comenzar de ceros’
Hernando Herrera Mercado

Hernando Herrera Mercado, director Corporación Excelencia en la Justicia.

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Corporación Excelencia en la Justicia.

‘El proceso contra Álvaro Uribe debe comenzar de ceros’

Según Director de Excelencia en la Justicia, al cambiar de ley debe volver a etapa de investigación.

En la última semana, la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación de Iván Cepeda para que el fiscal general, Francisco Barbosa, se apartara del proceso que sigue su institución contra el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. EL TIEMPO habló con Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, sobre lo que ha pasado y lo que viene en este controvertido proceso judicial.

¿Qué opina de la decisión de la Corte de no apartar del caso al fiscal Barbosa?

Creo que el senador Cepeda se equivocó y promovió una recusación institucional, porque recusó al Fiscal General, a la vicefiscal, a los fiscales delegados, y esa figura es inexistente. Pero, además, mirábamos con alta preocupación la invitación de Cepeda a lo que hubiera sido un prevaricato por parte de la Corte Suprema de Justicia si ella hubiera aceptado su solicitud para que ella eligiera un fiscal ad hoc sin surtir el proceso que la Constitución señala. Con relación a la investigación, por supuesto que toda la sociedad, amigos y enemigos del hasta hace poco senador Uribe podrán hacer veeduría útil e importante para que el proceso se conduzca de forma adecuada. Pero a priori no se puede desconfiar de un funcionario o de una entidad, como lo intentó hacer el senador Cepeda.

(Lea también: Fiscal General rechazó recusación contra fiscal que lleva caso Uribe)

Hasta ahora se sabe que se va a llevar el proceso por la ley 906. ¿Qué cree que viene en este caso?

El cambio implica la aplicación de una normativa totalmente distinta, porque los trámites por la 906 y ley 600 son totalmente distintos frente a como lo venía haciendo la Sala de Instrucción de la Corte. En la ley 906 hay una diferencia entre quien instruye la investigación y quien toma decisiones sobre medidas cautelares o preventivas, como podría ser la detención, pues eso le corresponde a un juez. En ese sentido, con esa disonancia, hemos dicho que la investigación debe empezar de ceros. Esto también lleva a que la Fiscalía surta un trámite ante el juez de garantías para revisar la detención preventiva puesta por la Sala de Instrucción.

¿A qué se refiere con arrancar de ceros?

Quiere decir irse al inicio propiamente de la investigación, lo que implica que las decisiones de la Sala de Instrucción sobre la indagatoria y detención preventiva se caigan. Hay un fenómeno que se puede atribuir, que es el decaimiento de esas decisiones, porque ahora el proceso se está haciendo con un trámite distinto y trae funciones diferentes para la Fiscalía y para los jueces de garantías y los jueces penales ordinarios. En ese sentido, debe arrancarse desde el inicio, recolectando las pruebas, citando al indiciado por esos presuntos delitos, y reuniendo las declaraciones que considere la Fiscalía en el caso.

¿Y podría incluir o no las pruebas que reunió la Corte en los últimos dos años?

La Fiscalía tendría todo el margen de acción para determinar si esas pruebas son conducentes o pertinentes. Hay una que poderosamente me ha llamado la atención, que son las conversaciones dadas entre el testigo Juan Guillermo Monsalve y el senador Cepeda. Primero hubo versiones de que estaban los chats completos, luego dijeron que eran pantallazos. Luego, el senador dijo que se le cayó el celular y se le había borrado la memoria. Pero hay dudas técnicas porque una caída de un celular no tiene la capacidad de borrar la memoria.

(Le recomendamos: ¿Por qué la Corte no apartó al Fiscal General del caso contra Uribe?)

¿Podría la Fiscalía revisar otras pruebas que la defensa ha cuestionado, como la interceptación por error a Uribe?

Se han filtrado tantas partes del expediente, y ese es uno de los elementos que deben llamar la atención. Tengo gran respeto por las altas cortes. Mi constancia es que en su gran mayoría están conformadas por hombres y mujeres de gran valía. A veces, por supuesto, existen irregularidades y señalamientos de corrupción. En este caso partiríamos de la buena fe, pero esas pruebas llaman poderosamente la atención, porque en Colombia hay unos requisitos –y van más allá del caso de Uribe– sobre las garantías procesales, y está el argumento sobre si en Colombia se puede interceptar por error. Debe haber una discusión sensata, desde todo punto de vista, para clarificar esta investigación. Ciertamente lo que se ha mostrado es que se estaba interceptando a otra persona, y el celular interceptado daba cuenta de comunicaciones surtidas por el exsenador Uribe, en lo que dan cuenta de más de 20.000 interceptaciones.

Debe privilegiarse la defensa en libertad.

¿Conoce el expediente y algunas pruebas? ¿Qué análisis hace de ellas?

Sí, lo conocí porque fue difundido de manera genérica, y por eso me parece que es un debate pertinente y prudente decir que se debe levantar la reserva sumarial. Este caso es muy interesante porque se trata de la primera vez en la historia que un expresidente es conducido judicialmente. Cuando uno evalúa los 1.554 folios no hay antecedente reciente en Colombia o el mundo de una providencia tan extensa. Más allá del caso Uribe –porque esto no se trata de ser uribista o antiuribista–, uno ve que para efectos de determinar la detención, que era el fundamento de esa decisión, de esas 1.554 páginas al asunto lo remataron en muy pocas. Además, llama la atención que para efectos de darle razonabilidad y peso a la medida de aseguramiento se hable del carácter o temperamento de una persona. Esto le corresponde a la Fiscalía revisarlo a fondo.

La Corte ordenó la detención afirmando que había pruebas de que él sí podía afectar el proceso e inducir a testigos. ¿La medida de aseguramiento debería mantenerse?

En términos generales soy de la escuela garantista en el derecho penal, lo que comparto con la gran mayoría de abogados penalistas. Debe privilegiarse la defensa en libertad. Si el día de mañana esto fuera contra cualquier actor político, por ejemplo, el doctor Petro, diríamos exactamente lo mismo.

La Corte dijo que Diego Cadena y Juan José Salazar, entre otros, actuaron por órdenes de Uribe, al que señaló como determinador del soborno a testigos...

En el expediente no hay una prueba directa de una orden tajante que diera Uribe a estas personas. Aquí se parte de la base de un elemento distinto de análisis judicial, que es la inferencia, la deducción; mas no que exista una prueba reina o única para hacer esa conclusión.

El testigo ‘Caliche’ le dijo a Monsalve que él habló con Uribe por el teléfono de Álvaro Hernán Prada. Aunque luego negó esa versión ante la Corte, hay una interceptación de él con un asesor jurídico en la que repite que sí habló con Uribe...

Cuando un testigo tiende a dar diferentes versiones, uno podría pensar que su conocimiento sobre los hechos es errado, equivocado o contradictorio. Cuando hay contradicción en la declaración, el testimonio tiende a perder credibilidad en un sistema judicial, porque al final del día no se sabe en cuál de esas versiones está diciendo la verdad o si en todas ellas se está diciendo mentiras.

(Le puede interesar: El discutible papel de Uribe y Petro en estas horas de crisis)

¿Cree que el magistrado César Reyes estaba impedido por haber tenido un contrato con el gobierno de Santos?

El mejor rasero que puede medir los actos de una persona es como esa persona evalúa a otros en esas circunstancias. Y precisamente analicé una providencia del doctor Reyes, que me pareció interesante, en donde señalaba que funcionarios judiciales deben generar apariencia de credibilidad y deben estar al margen de cercanía con cualquier otro poder, entre ellos el Ejecutivo. Más allá de que se hubiera celebrado el contrato con Santos, el elemento fundamental era el objeto de ese contrato, derivado con temas del desarrollo del acuerdo de paz. Y está claro quién fue el principal opositor político de ese acuerdo. Por eso, guardando coherencia con lo que ha dicho Reyes y con lo que ha dicho la Sala de Instrucción para apartar a Cristina Lombana, era necesario que Reyes expusiera esto a sus compañeros, para darles la posibilidad de debatir si existía o no un impedimento. Creo que todo juzgador, además de las causales taxativas, tiene estándares éticos por los que está obligado a revelar cualquier hecho que genere duda razonable sobre su gestión objetiva.

En algún momento, Uribe dijo que la Corte lo tenía secuestrado, cuestionó la imparcialidad de los magistrados, y su defensa dijo que el proceso era una venganza. ¿Le hace bien a la institucionalidad lo que dijo Uribe?

Yo creo que hay que tener en cuenta dos elementos. Primero, ciertamente fueron llamativos los comentarios con relación a la determinación de la Corte Suprema. Pero, de otro lado, hubo cumplimiento a esa determinación. Y al final del día, lo que nos importa es que las decisiones se acaten, porque aquí hay amigos del anarquismo. Hay personas interesadas en desacreditar las instituciones. También hay personas interesadas en generar estados de anarquía, que se ahonde la crisis económica, y por eso la única solución para fortalecer la democracia es el respeto por las instituciones y su fortalecimiento. Aquí ha actuado el Estado de derecho. Tras la renuncia de Uribe al Senado, la Corte dijo que ya no tenía competencia y le pasó el caso a la Fiscalía, y ahora negó la recusación contra el Fiscal. Esto nos muestra que hay que confiar en las instituciones, en las altas cortes, en la justicia en general y, obviamente, en la Fiscalía. La descalificación previa es oportunista.

JUSTICIA
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