Hacinamiento, falta de personal administrativo y de vigilancia, e infraestructuras deficientes, así como falta de espacios laborales para poder ocupar a las privadas de la libertad son algunas de las mayores dificultades que rodean a las cárceles de mujeres en el país.
En total, en Colombia hay 8 penales femeninos, y dentro del sistema penitenciario había, a octubre, 8.869 mujeres detenidas, a pesar de que solo existen 6.391 cupos a nivel nacional para ellas, lo que representan un hacinamiento del 38,77 %. Si bien esa cifra es inferior al promedio de todo el sistema, contando hombres y mujeres, que es del 56,32 % a nivel nacional, no deja de ser alta.
Los niveles de hacinamiento más altos están en las cárceles de la regional norte, que comprende los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, Guajira y San Andrés y Providencias, con un hacinamiento del 105 %; y en la regional central, en donde están los penales de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima, Caquetá, Casanare y Amazonas, con una sobrepoblación del 74 %.
Además del hacinamiento está la situación jurídica de las mujeres que está en prisión. Con corte a octubre 5.702 mujeres estaban en las cárceles cumpliendo su condena, mientras que 3.098 esperaban su sentencia.
De estas últimas, 567 llevaba entre 11 y 15 meses detenidas; 228, entre 16 y 20 meses; 93 entre 21 y 25 meses; 74, entre 26 y 30 meses; 45 mujeres llevaban entre 31 y 35 meses detenidas; y 120 mujeres completaban más de 36 meses detenidas.
Esto a pesar de que la ley establece que el tiempo máximo que una persona puede estar detenida preventivamente (mientras definen si es culpable o inocente) es de un año, para la mayoría de los delitos; o de dos para casos más graves, de corrupción, o cuando hay más de tres acusados.
Algunas problemáticas que afectan a las penitenciarías de mujeres también afectan a las de hombres, en la medida que obedecen a fallas estructurales del Sistema Penitenciario y Carcelario
Frente a la situación, desde el Ministerio de Justicia indicaron que algunas de las problemáticas que afectan a las cárceles de mujeres, afectan así mismo a los penales masculinos, “en la medida que obedecen a fallas estructurales del Sistema Penitenciario y Carcelario en su conjunto”, comentaron. Es por esto que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario en la Sentencia T – 762 de 2015.
Sobre la situación de hacinamiento, así como de otros problemas centrales del sistema penitenciario, dijeron que ya está en marcha el Plan de Humanización y Transformación del Sistema Carcelario el cual contempla acciones de intervención integral para el periodo 2019-2022.
Por ejemplo, el Ministerio planea entregar entre 2019 y 2020 1.712 nuevos cupos carcelarios para todo el sistema (tanto hombres como mujeres). Y en total, entre este año y el siguiente la cartera tiene en planes 23.110 cupos entre aquellos que van a entregar, contratar y diseñar en ese periodo.
Si bien hay problemáticas que son comunes tanto a los penales femeninos como a los femeninos, hay características que hacen que la situación de las mujeres requiera de mayor atención.
La Corte Constitucional dijo en 2018 que las mujeres recluidas en cárceles deben ser protegidas de violencia física, psicológica o sexual, de la explotación y la discriminación; también se les debe garantizar atención a las necesidades básicas que por ser mujeres están expuestas a tener; y deben contar con una protección reforzada durante el embarazo, la lactancia y la custodia de los niños.
Frente a eso, la cartera de Justicia informó que para garantizar adecuadas condiciones para mujeres embarazados y menores de edad lactantes hay convenios con el Icbf. Por ejemplo, para este año la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios (Uspec), encargada de administrar las cárceles, asignó $742 millones para realizar adecuaciones locativas a las ocho unidades de servicio de atención a la primera infancia dentro de las cárceles, estas unidades son alternas, y no están dentro de los pabellones.
Según explicaron desde el Ministerio, estas ocho unidades son espacios tipo jardín a cargo del Icbf con atención permanente en salud y alimentación. En 2018 se atendieron 479 usuarios de los cuales 258 son mujeres gestantes y 221 niños y niñas.
Además del Plan de Humanización del Sistema Carcelario, hoja de ruta del Gobierno para superar los problemas estructurales de las cárceles, el Ministerio de Justicia también trabaja en lineamientos para tener una política pública para la atención y la prevención de la reincidencia con enfoque de género centrado en las necesidades de las mujeres privadas de la libertad.
Uno de los problemas estructurales del sistema penitenciario es la falta de personal en las cárceles. En el caso de los penales femeninos, en las 8 cárceles de mujeres existentes hay 535 funcionarios, de los cuales 104 son personal administrativo y 431 del cuerpo de custodia y vigilancia.
Pero, de acuerdo a un estudio técnico, dijo el Ministerio de Justicia, los establecimientos femeninos deben contar con 1.489 funcionarios, de los cuales 1.062 deberán ser del cuerpo de custodia y vigilancia.
Es decir, hay un déficit de casi 36 % en el total de funcionarios; cifra que es del 40,5 % si se analiza solo la cantidad de personas que debería estar vigilando a las reclusas.
Frente al déficit general de personal en todo el sistema penitenciario, la semana pasa la ministra de Justicia, Margarita Cabello, indicó que se aumentará el personal del Inpec. Habrá 2.300 guardianes del Inpec más y un aumento de 500 funcionarios administrativos
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