Los que tienen casa por cárcel pagarían para tapar ausencias

Los que tienen casa por cárcel pagarían para tapar ausencias

Algunos ni siquiera viven en la dirección que habían entregado a la justicia.

Cárcel El Pedregal

Cárcel El Pedregal en Bello, Antioquia. Este penal alberga a 3.552 internos, entre hombres y mujeres. Foto: Esneyder Gutiérrez - Archivo EL TIEMPO

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Foto: Esneyder Gutiérrez - EL TIEMPO

Por: Justicia
11 de febrero 2019 , 11:17 a.m.

Merlis Bermejo Genez, investigado por tráfico, porte y fabricación de estupefacientes, tiene el beneficio de casa por cárcel. El miércoles 30 de enero, investigadores del CTI llegaron a su vivienda, en la isla de San Andrés, para verificar que estaba cumpliendo con las condiciones del beneficio judicial que le otorgaron, pero no lo encontraron.

Sí vivía en la dirección que tenían las autoridades, pero simplemente no estaba, hecho por el cual debería ser trasladado a una cárcel.

Pero la visita a la casa de Bermejo Genez fue solo una de las 851 que funcionarios de la Fiscalía General realizaron entre el miércoles 30 y el jueves 31 de enero a igual número de presos con casa por cárcel en todo el país para verificar que le estaban cumpliendo a la justicia, y se llevaron una gran sorpresa.

Solo encontraron en las direcciones registradas por los investigados o condenados a 365 de los 815 visitados. Los otros 450 no estaban, nunca vivieron en el domicilio, o la dirección no existía.

Esta sería la punta del iceberg del problema con los internos que no cumplen la medida de casa por cárcel ordenada por jueces del país.

Según cifras del Inpec, en Colombia hay 60.000 personas beneficiadas con detención domiciliaria, y aunque la muestra que tomó la Fiscalía es pequeña, podría ser una evidencia de la magnitud del problema.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que esa situación no solo se estaría dando debido al desorden y la falta de control del Inpec, organismo encargado de la seguridad de las cárceles, sino también porque habría corrupción.

Los responsables de verificar la reclusión de los internos, según la Fiscalía, estarían recibiendo dinero para certificar que los investigados o procesados sí están cumpliendo con su casa por cárcel. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sostiene que el caso de Medellín es dramático. El día de las visitas del CTI en esa ciudad, “el 60 por ciento de las personas estaban evadidas”, afirma Martínez.

A raíz de esas irregularidades se trabaja en imputaciones de cargos contra funcionarios del Inpec, por delitos como favorecimiento para la fuga y falsedad en documento público y privado.

Los responsables de verificar la reclusión de los internos, según la Fiscalía, estarían recibiendo dinero para certificar que los investigados o procesados sí están cumpliendo

Según la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, los jueces no están siendo rigurosos en la concesión del beneficio de casa por cárcel y lo otorgan a personas que, por su nivel de peligrosidad, la gravedad de los delitos o la reincidencia, tendrían que estar recluidos en centros carcelarios.

Pero Freddy Antonio Machado, presidente de Asonal, el sindicato de los empleados de la justicia, sostiene que no se les puede echar la culpa a los jueces, que no están encargados de vigilar a los presos. “La ley es clara en señalar cuándo una persona puede recibir la prisión domiciliaria”.El desorden del Inpec se refleja en hechos constatados por el CTI en San Andrés, donde no encontraron a tres de los procesados porque ya estaban muertos.

Participaron en la realización de este informe especial: Marisol Gómez Giraldo, Editora de la sección Justicia y Paz; Saír Buitrago, Subeditor de la sección, y los redactores Michel Quiñones, Juan Camilo Pedraza, Alicia Méndez y María Isabel Ortiz.

En Twitter: @PazYJusticiaET

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