Para hoy estaba prevista la reanudación, ante el juzgado 28 de conocimiento de Bogotá, de la audiencia de preclusión del proceso contra el expresidente de la República y exsenador Álvaro Uribe Vélez.
El exmandatario es investigado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
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Sin embargo, tal como lo anticipó EL TIEMPO, la aparición de una nueva presunta víctima dilató la diligencia.
El pasado 5 de marzo, el ente acusador decidió pedir la preclusión, luego de que el caso salió de la Corte Suprema de Justicia, tras la renuncia de Uribe Vélez al Senado.
Esa renuncia hizo que el expediente quedara en manos de la Fiscalía, que considera que hay una atipicidad del hecho investigado y una ausencia de intervención del expresidente en los presuntos delitos.
Pese a que desde marzo comenzó la audiencia en la que el ente acusador debe argumentar su petición, la diligencia ha sido aplazada en varias ocasiones porque personas mencionadas en el proceso pidieron su acreditación como víctimas.
Por ejemplo, en abril, la juez 28 aceptó como víctima a Deyanira Gómez Sarmiento, la expareja del testigo estrella del caso, Juan Guillermo Monsalve; y rechazó la petición del periodista Gonzalo Guillén de ser acreditado como víctima.
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Sin embargo, en segunda instancia, el 29 de mayo de este año, el Tribunal de Bogotá tumbó el reconocimiento de Gómez como víctima y mantuvo la decisión respecto de Guillén.
El Tribunal aseguró que ni los documentos entregados por el abogado de Gómez, ni lo referido en interceptaciones entre Uribe y su abogado demuestran que "la afectación de la seguridad de Deyanira tuvo su génesis en los hechos que ocupa la sala, específicamente en el delito de soborno a testigos".
Ante esto, la expareja de Monsalve interpuso una tutela en la que solicitaba que la audiencia de preclusión se aplazara y se estudiara, nuevamente, su acreditación como víctima.
La Corte Suprema de Justicia admitió para estudio la tutela, pero denegó la medida cautelar que pretendía suspender la realización de la audiencia.
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Además, en las últimas horas se conoció de una nueva solicitud de acreditación como víctima, esta vez del abogado Luis Alfredo Castro, a nombre propio, y del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro, reportado como desaparecido en Bogotá en noviembre de 1996.
Ante estas solicitudes, el 6 de julio la juez Carmen Helena Ortiz negó conceder la calidad de víctima por el delito de desaparición forzada estatal, dentro del proceso por soborno a testigos y fraude procesal contra el expresidente.
La juez argumentó que no se entregó ningún poder por parte del padre Barahona Castro para que se realizara esa petición en su nombre. Y frente al abogado, la togada señaló que no adjuntó ninguna prueba que demostrara su condición de víctima.
Esta decisión la adoptó la juez de forma escrita y no en audiencia pública con participación de todas las partes. Por esto a juicio de la Procuraduría tendría que decretar la nulidad de su decisión y dar la palabra a la presunta víctima.
Las demás partes se pronunciaron sobre la petición de nulidad.
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La juez decidió levantar la audiencia para el lunes, a las ocho de la mañana, para decidir si declara la nulidad, pedida por la Procuraduría, de la decisión inicial de no aceptar a la víctima o, si le da la palabra para que sustente los argumentos por los que considera debe ser acreditada.
El proceso comenzó luego de que, tras un acalorado debate en el Congreso en el que Iván Cepeda señaló a Uribe de tener vínculos con paramilitares, el expresidente lo denunciara.
Esta historia dio un giro pues después de cuatro años de investigación, el 16 de febrero del 2018, la Corte Suprema, a través del magistrado José Luis Barceló, determinó que el senador Cepeda no buscó a exparamilitares para fabricar un cartel de falsos testigos, como lo afirmó Uribe.
Gabriel Jaimes Durán, fiscal delegado ante la Corte, deberá sustentar, ante la justicia, su decisión de pedir la preclusión del caso contra Álvaro Uribe Vélez.
Fiscalía
Con interceptaciones a los teléfonos de abogados y personas que aparecen en el caso, la Corte determinó que quien debía ser investigado era el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El alto tribunal aseguró, tras investigaciones, que personas cercanas al exmandatario, presuntamente, habrían ofrecido dádivas a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, a cambio de que testificaran a favor de Uribe.
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Con este material, el 24 de julio del 2018 la Corte abrió un proceso formal contra Uribe, para entonces senador del Centro Democrático, y lo llamó a indagatoria por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
El expresidente ha sostenido que nunca sobornó a testigos. En octubre de 2019, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia realizó la indagatoria contra Uribe.
Por ese mismo proceso, la Corte también investiga al exrepresentante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, quien, presuntamente, contactó a Carlos Eduardo López Callejas, amigo de Monsalve, para que le pidiera que declarara a favor de Álvaro Uribe. Aunque Prada renunció al Congreso, en su caso la Corte mantuvo la competencia de la investigación.
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Asimismo, la Fiscalía abrió un proceso contra Diego Cadena, exabogado de Uribe, quien habría asistido a las cárceles para contactar a paramilitares como Monsalve y les habría ofrecido dádivas para garantizar que estos testificaran a favor de su cliente.
El 4 de agosto del año pasado, el alto tribunal decidió que habían pruebas suficientes para continuar con la investigación contra Álvaro Uribe y ordenó su detención domiciliaria, por considerar que su libertad implicaba un peligro para el proceso, ante las posibilidades que el imputado, supuestamente, tenía de afectar pruebas y testigos.
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Tras esta decisión, Uribe decidió renunciar al Senado y con su renuncia, perdió su fuero, por lo cual la Corte dejó de tener competencia para investigarlo. Por eso, el caso pasó a manos de la Fiscalía General y llegó puntualmente a Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante la Corte Suprema.
El futuro de este proceso lo tiene la juez 28 de conocimiento, quien decidirá si atiende a la solicitud de preclusión hecha por el ente acusador.
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