En la audiencia llevada a cabo ante el juez séptimo especializado de Bogotá, la Fiscalía socializó las negociaciones hechas con tres procesados por el escándalo de sobornos de la multinacional Odebrecht.
Sin embargo, la diligencia fue suspendida por la no comparecencia de Gabriel Dumar Lora, quien al parecer presenta quebrantos de salud.
Por tal motivo y para que Gabriel Dumar Lora asista, y para que el juzgado se pronuncié respecto a las negociaciones, el juez séptimo especializado programó la audiencia para enero de 2020.
Los preacuerdos con tres procesadosGabriel Alejandro Dumar Lora, uno de los salpicados en el escándalo de Odebrecht y quien se encuentra detenido en la cárcel La Picota llegó a una negociación con la Fiscalía en la que pagaría una pena de 48 meses, reintegra 215 millones de pesos, producto de su incremento patrimonial, además de pedir disculpas públicas.
Según el delegado fiscal, Dumar Lora realizó el reintegro de 105 millones y existe una póliza que respalda el porcentaje restante. Además realizó la publicación de un artículo en 'El Espectador', en el que pide disculpas, como parte del preacuerdo.
Respecto al empresario Gustavo Adolfo Torres Forero, también vinculado a la investigación, el ente acusador dijo que la pena imponible es de 51 meses y una multa de 1.962 millones de pesos.
Entretanto, el delegado fiscal dijo que el procesado ha realizado el depósito de 981 millones de pesos y el 50 por ciento restante está respaldado con un pagaré. Añadió que la reparación simbólica a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) está programada para el próximo domingo 15 de diciembre mediante un artículo en el periódico 'El Espectador'.
Sin embargo, la Procuraduría expresó su inconformidad y dijo que el reintegro restante no lo asegura.
Federico Gaviria Velásquez, otro de los investigados por el escándalo y testigo de cargo en el proceso llegó a un preacuerdo en el que pagaría 25 meses de cárcel. Aunque el Fiscal recalcó que Gaviria tiene otra pena por 75 meses, también pagaría una multa de 83,33 salarios mínimos mensuales legales vigentes e una inhabilidad por 40 meses para ejercer cargos públicos.
Una solicitud adicional por parte de la Fiscalía y que está estipulada en el precauerdo es que el procesado tuviera como lugar de reclusión la cárcel militar Cespo, ya que es testigo en las distintas líneas de investigación relacionadas con Odebrecht.
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