Los muertos que hunden a la mayor comercializadora de oro del país

Los muertos que hunden a la mayor comercializadora de oro del país

La fundidora C. I. J. Gutiérrez y otras empresas habrían lavado $ 10,2 billones de minería ilegal.

Incautación de oro y plata

A la fundidora se le incautaron 100 kilos de oro y 600 kilos de plata, avaluados en 20.000 millones de pesos.

Foto:

Archivo particular

Por: Unidad Investigativa
22 de abril 2019 , 09:13 a.m.

Dos sicarios acribillaron a Alberto Rafael Manjarrez Escorcia en un puesto de comida rápida de Barranquilla. Su crimen se registró la última semana de agosto de 2017, y aunque allegados dijeron que era un mototaxista, tenía detención domiciliaria por hurto y porte ilegal de armas.

Meses atrás, Luis Miguel Acosta Chima fue asesinado en el Bajo Cauca antioqueño por un gatillero conocido como el ‘Profe’, al servicio de la banda criminal del ‘clan del Golfo’, dedicada al narcotráfico y a la minería ilegal.

Manjarrez y Acosta no se conocieron en vida, pero después de muertos ambos empezaron a aparecer como barequeros y proveedores de oro de poderosas comercializadoras del país.

La hipótesis de las autoridades es que decenas de muertos, presos o personas de bajos recursos son usados para simular millonarias ventas de oro. En los últimos años han lavado 10,2 billones de pesos que terminaron en los bolsillos de grandes comercializadoras y de bandas criminales dedicadas a la minería ilegal.

Una de las firmas salpicadas por este carrusel resultó ser la más reputada, grande y antigua del país: C. I. J. Gutiérrez, que tiene entre sus socios a prestantes familias antioqueñas.

EL TIEMPO empezó a investigar sus operaciones desde agosto de 2018 e, incluso, ante los hallazgos periodísticos confrontó a su representante legal, Andrés Vieira Gutiérrez, y a uno de sus accionistas.

Ambos aseguraron que la propia comercializadora identificó a 25 muertos —incluidos Manjarrez y Acosta— que aparecían en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), la plataforma que el Gobierno habilitó para supuestamente darle transparencia a esa actividad.

Y Vieira agregó que, además de haberle dado aviso a la Agencia Nacional de Minería (ANM) para que eliminara a los difuntos del Rucom, su empresa aplicaba los más altos estándares para detectar casos de lavado de activos.

También señaló que, a través de su abogado, Fabio Humar, le había pedido a la Fiscalía una audiencia para explicar estos casos, que representaban una mínima parte de su gigantesca operación, que incluye la venta de oro a refinerías en Suiza y Estados Unidos.

La trampa

Pero Vieira lleva 10 días detenido, señalado de liderar una multimillonaria operación de blanqueo de dinero proveniente de la minería ilegal. Lo acusan de simular millonarias adquisiciones del metal a través de proveedores ficticios, para justificar jugosas ventas en el exterior.

Un exempleado de la comercializadora, a quien intentaron rastrear durante meses, se encargó de dar las primeras pistas sobre operaciones sospechosas. Estas fueron revisadas por la Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía —en cabeza de la fiscal Luz Ángela Bahamón—, que identificó patrones ilegales que incluyen a “influyentes vendedores” que figuran en el Sisbén sin ninguna capacidad económica.

Una de las proveedoras resultó ser María Eugenia Perdomo, quien registra transacciones por 45.881 millones de pesos. Pero, a la vez, tiene una solicitud de microcrédito con el Banco de la Mujer y una deuda con la distribuidora de elementos de belleza Yanbal. Algo similar sucede con Mireya Gutiérrez Mayorga. Aparece vendiéndole a la empresa C. I. J. Gutiérrez 6.680 millones de pesos en oro de manera directa, entre 2010 y 2011. Sin embargo, en registros oficiales figura como beneficiaria del régimen subsidiado de seguridad social, como madre cabeza de familia..

Entre los proveedores también está Henry Alexánder Hernández Remolina, dueño de un centro de servicio de acero y mayorista de metal, en Bucaramanga, quien ya admitió su participación en el turbio negocio.

El tema de la minería ilegal está desbordado y sus rentas superan las del narcotráfico

EL TIEMPO estableció que hay operaciones por 4.872 millones con personas cuyas cédulas fueron canceladas por muerte, 12.868 millones con gente que ni siquiera aparece en el Archivo Nacional de Identificación y 19.534 millones con proveedores cuya cédula no corresponde al nombre asignado por la Registraduría.

También se descubrió que fueron creadas empresas de papel, por un lapso de dos, tres años, con el único propósito de simular transacciones.

¿C. I. J. Gutiérrez fue engañada por sus proveedores y subproveedores? Al parecer, eso dirán en su defensa y, de paso, que tienen 140 años de existencia, generan 30 empleos directos y han sido reconocidos con la Cruz de Boyacá y la Orden del Mérito Nacional.

Medidas urgentes

Lo que llama la atención de los investigadores es que la próspera firma ha reportado en los últimos años 10,6 billones de ingresos operacionales, 10,4 billones de costos y tan solo 170.000 de renta líquida.

Por ahora, el fiscal Néstor Humberto Martínez es claro en que las ex-Farc y las bandas criminales les están vendiendo el oro a varias comercializadoras y en que el blanqueo es monumental.

“El tema de la minería ilegal está desbordado y sus rentas superan las del narcotráfico: un kilo de coca en Estados Unidos vale 20.000 dólares y uno de oro, 42.000 dólares”, explicó Martínez, y a la vez pidió que el Banco de la República tenga el monopolio de la compra de oro en el país.

Andrés Jiménez, fiscal delegado para las finanzas criminales, agregó que con C. I. J. Gutiérrez ya se han judicializado a cuatro comercializadoras de oro y a 50 proveedores.

Por ahora, Vieira y los otros 10 capturados —entre ellos, su revisor fiscal y el contador— deberán responder por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Además, todos los bienes de C. I. J. Gutiérrez fueron ocupados y entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras se adelanta el proceso de extinción de dominio. Lo único que se salvó fue un moderno helicóptero azul, que pernoctaba en el helipuerto de la compañía y fue reclamado por una firma que transporta valores.

La defensa de la firma C. I. J. Gutiérrez

Tras la captura de su representante legal, C. I. J. Gutiérrez le envió a EL TIEMPO un comunicado en el que asegura que “ha actuado siempre en estricto respeto por la normatividad legal y tributaria vigentes para el ejercicio de su actividad, tanto en su relación con proveedores y clientes como en sus operaciones mercantiles”.

Y agrega que, ante el incremento de la explotación y comercialización ilegal de oro en el país, ha realizado acciones en conjunto con las autoridades mineras para mejorar los controles y la capacidad de fiscalización y ha implementado medidas internas que van más allá de la regulación, con el fin de proteger al máximo posible su operación.

En este sentido, dicen que su junta directiva y sus empleados le prestarán máxima colaboración a la Fiscalía para aclarar todas las operaciones que están en entredicho.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa

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