Una golpiza, un insulto, gritos, amenazas o violaciones. Cualquiera de estas acciones pasa con frecuencia en las casas de las familias en Colombia.
En 2017, según un informe del Instituto de Medicina Legal, entre enero y noviembre ocurrieron 70.806 casos de violencia intrafamiliar. De ellos, 54.273 era hacia mujeres.
Uno de estos casos fue denunciado el 27 de diciembre. Ese día Marcela González, pareja del periodista Gustavo Rugeles Urbina, lo señaló por provocarle lesiones en varias partes de su cuerpo.
En el relato que la joven hizo a los peritos forenses de Medicina Legal señaló que su pareja la agredió aproximadamente a la una de la mañana de ese día. “Él es muy celoso y me agredió por eso. Ya me ha agredido antes. Me tiene ‘hackeado’ el teléfono y las redes sociales. Él toma trago y mete vicio seguidamente”, se lee en el informe.
Por cuenta de la agresión, González recibió una incapacidad médica legal de 10 días.
En el relato que la joven hizo a los peritos forenses de Medicina Legal señaló que su pareja la agredió aproximadamente a la una de la mañana del 27 de diciembre.
Archivo particular
La W Radio reveló este martes que Marcela se contactó con esa emisora el día de la agresión en busca de ayuda para dejar a Gustavo Rugeles.
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Gustavo Rugeles tiene un caso de violencia intrafamiliar, pero no aparece en sus antecedentes porque se logró conciliar.
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Dada la polémica que el caso levantó en redes sociales, ambos publicaron un video en el que afirmaban que ese tema se resolvería “de manera privada”. ¿Pero por qué no lo es?
En Colombia, este tipo de casos suelen entenderse como asuntos que se arreglan “de puertas para adentro”, pero eso cambió con la implementación de la ley 1257 de 2008 que previene y sanciona la violencia y discriminación contra la mujer.
Allí se estableció que las violencias no son “conciliables, desistibles o transables”. Además, esa ley también eliminó la violencia intrafamiliar de la lista de delitos querellables, que son aquellos considerados de menor gravedad y en los que se exigía que solo la persona afectada interpusiera la denuncia para iniciar la investigación.
En plata blanca lo que eso significa es, por un lado, que ahora un tercero puede instaurar una denuncia si conoce de algún caso de violencia. Por el otro, que aun cuando la víctima denuncie y desista del proceso o de la actuación de las autoridades, es deber de la justicia investigar de oficio. La ley, además, también ha impedido que las víctimas sean obligadas a conciliar con sus agresores.
“Para que se inicie la investigación no necesariamente es la víctima la que tiene que interponer la denuncia, la puede hacer un tercero, y una vez que la interponga no se puede desistir del proceso. Eso le da un carácter público al delito. La intención de eso es justamente sacar esa idea de que la ropa sucia se lava en casa y establecer un mecanismo legal para atender esas situaciones”, explicó a EL TIEMPO Cristina Vélez Valencia, secretaria de la Mujer de Bogotá.
La funcionaria agregó que lo importante en estos casos no es el escarnio público sino garantizar la protección de las víctimas.
Jineth Bedoya, directora de la campaña No es Hora de Callar, afirma que la violencia contra la mujer afecta el núcleo de la sociedad y que, al sacarlo de la esfera privada, ha podido ser escalado a un problema de salud pública.
“La violencia contra la mujer ha sido catalogada como una pandemia global tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Organización de Naciones Unidas. Cuando una mujer denuncia y el caso se hace público se entiende que no solo está afectando a una persona y el problema más grave es que los patrones de violencia que se mantienen en pleno siglo XXI nos demuestran que lamentablemente en la mayoría de los casos esas violencias terminan en muerte, por lo tanto afecta a la esfera pública”, explica Bedoya.
Una vez conocida la denuncia por las autoridades, aunque la víctima desista de seguir en el proceso, como parece ser el caso de Rugeles, la investigación no se archiva. De hecho, la Fiscalía debe abrir una investigación y activar las medidas de protección para la víctima que podrían ir desde el traslado domiciliario hasta medidas cautelares de seguridad con Policía.
“Las medidas de protección y el proceso judicial no son lo mismo, pero van de forma paralela. Las primeras pueden estar en manos de la Fiscalía, de la Secretaría de la Mujer o de la Policía; mientras que el otro sigue en la comisaría, el juzgado o el lugar donde se estableció la denuncia”, afirmó Vélez, quien precisa que todos estos procedimientos deben incluir también un buen trato de las autoridades a la víctima, no revictimizarla y no obligarla a hacer procedimientos que la pongan en peligro.
Las mujeres se arrepienten de denunciar o de seguir con la denuncia por vergüenza, miedo o porque no creen en la justicia
La apertura de investigación, según Bedoya, supone también que el implicado debe dar testimonio y que las autoridades deben recurrir a los análisis médicos, que por lo general son el sustento del caso, y a las personas que examinaron a la víctima.
“Este acompañamiento se hace de la mano de un psicólogo porque en la mayoría de los casos los demandantes se arrepienten de seguir con el proceso. Hay tres motivaciones para que esto pase: vergüenza porque no quieren exponerse públicamente a que su caso se conozca; miedo porque en el 99 % de los casos el victimario está en su casa o cerca de su entorno social, y porque las mujeres no creen en la justicia. Les da tedio todo el proceso judicial que hay que surtir para denunciar, contando de base con que no se cree en el testimonio de las víctimas”, indica Bedoya.
Fuentes allegadas a Marcela afirman que es justamente el miedo lo que ha hecho que, a pesar de haber instaurado la denuncia, la mujer continúe con Rugeles.
Según estas fuentes, la joven de 22 años y oriunda de Cali estaba a punto de irse de la casa que comparte con el periodista en un barrio de la localidad de Bosa, en Bogotá. También afirman que Rugeles le habría pedido matrimonio el mismo día de la golpiza y que luego de la denuncia dejaron de tener noticias sobre ella.
Además, agregaron que Marcela no suele subir fotos o videos y apuntaron que es posible que Rugeles la esté “manipulando” para hacer publicaciones en redes como la de hace dos días, en la que él pedía que no se “tergiversara la información sobre su vida privada” y ella agradecía los mensajes de apoyo, pero reafirmaba que se trataba de un asunto que “resolverían de manera privada”.
Nos referimos a los hechos de nuestra vida personal que están siendo divulgados de forma tergiversada y malintensionada con el único propósito de hacer daño a nuestro núcleo familiar y a mí carrera profesional. Bendiciones a todos. pic.twitter.com/e6vImp7wLr
— Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) 8 de enero de 2018
Vélez argumenta que, en efecto, una víctima puede retractarse de realizar una denuncia o sentirse presionada a no hacerlo porque la violencia de pareja es un círculo con diferentes momentos.
“Existe una etapa de luna de miel en el que el agresor pide disculpas, se porta divino y ese puede inducir a la víctima a pensar que las cosas pueden cambiar estructuralmente y desistir de la denuncia. Esa es la razón más común. Lo que es grave es que esa fase puede seguir muchas veces con una agresión que puede ser más grave y más fuerte”, explica la secretaria de la Mujer de Bogotá.
Y agrega que es posible que también desistan porque el proceso de denuncia no es fácil, aunque afirma que “es clave que las mujeres lo sigan haciendo como única forma de prevenir la violencia”.
Agrega Bedoya, que puede haber componentes de presión económica o psicológico que impidan que la mujer termine su relación con el victimario.
En los últimos días, Rugeles ha hecho públicas varias fotos con su pareja desde Cartagena.
La relación de Marcela y Gustavo inició en junio de 2017 a través de redes sociales. En agosto de ese mismo año, Marcela decidió venir a Bogotá y varios allegados afirman que desde entonces depende económicamente de él.
Rugeles ha publicado algunas fotografías en compañía de Marcela González con quien tiene una relación desde junio pasado.
Twitter: @GustavoRugeles
La pareja vive junta desde agosto cuando Marcela se trasladó desde el Valle del Cauca a Bogotá.
Twitter: @GustavoRugeles
En el expediente del periodista consta que esta no es la primera vez que recibe una denuncia por violencia contra una mujer. En los primeros meses del 2015 tuvo que presentarse ante las autoridades por agredir física y psicológicamente a su pareja sentimental de ese momento, cuando ella decidió terminar la relación.
A esa mujer, Medicina Legal le tuvo que dar una incapacidad de 10 días por los golpes que recibió. Además, tienes dos casos más por inasistencia alimentaria y otro por hurto en el que fue absuelto.
En el caso de maltrato hacia Marcela, Rugeles no tuvo medida de aseguramiento porque no tenía antecedentes judiciales. Según dio a conocer la Fiscalía, este jueves se radicará un escrito de acusación contra el hombre.
El ente acusador también informó que, como parte de las medidas de protección hacia la víctima, el periodista firmó un acto de compromiso que lo condiciona a que si vuelve a agredir a su pareja irá a la cárcel.
EL TIEMPO logró contactarse con Rugeles dos veces. En la primera dijo que no daría declaraciones y que este asunto lo resolvería en las “instancias que correspondiera”. Una segunda vez él se comunicó con el diario, dijo que sí respondería las preguntas y se concertó una nueva llamada que no contestó.
CINDY A. MORALES
Subeditora ELTIEMPO.COM
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