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Investigación

¿Qué hay detrás del desplazamiento de cientos de personas a Montería?

Cientos de indígenas y campesinos se desplazaron desde el Alto y Bajo Sinú hasta Montería.

Cientos de indígenas y campesinos se desplazaron desde el Alto y Bajo Sinú hasta Montería.

Foto:Archivo particular

Cientos de indígenas y campesino llegaron a Montería huyendo de los enfrentamientos armados.

Salieron huyendo de los enfrentamientos, del fuego cruzado que los deja en el medio. Muchos tuvieron que caminar, navegar ríos en canoas, pasar a carros y, luego, a buses.
Hoy están albergados en plazas y parques de Montería (Córdoba), a la espera de que el Estado les brinde garantías para retornar a sus territorios.
El grupo está conformado por cientos de indígenas embera katío y campesinos de las regiones del Alto y Bajo Sinú, en el sur del departamento, donde las Fuerzas Militares han intensificado los combates contra el ‘clan del Golfo’ y otras estructuras armadas ilegales.
“Somos más de 1.700 personas desplazadas por el conflicto, y siguen llegando más”, le dijo a EL TIEMPO Manuel Domicó, uno de los líderes de las víctimas, que llegó desde la zona del nudo de Paramillo, a más de seis horas de Montería. Sin embargo, un funcionario de la gobernación de Córdoba señaló que la cifra que manejan es de máximo 900 personas.

No pertenecemos a estos grupos y esta guerra no nos compete. No somos actores armados. Somos gente de paz y queremos que nuestro territorio lo sea

El secretario del Interior del departamento, Edgar Garcés, aseguró que ya fueron instalados baños portátiles y se garantizó el acceso a agua potable y alimentación para las quienes llegaron a Montería.
Independientemente de la cantidad, el desplazamiento masivo de esta población encendió las alarmas sobre la difícil situación humanitaria en la región.
Manuel Domicó contó que en el resguardo embera del Alto Sinú hay cuatro jóvenes indígenas desaparecidos, y denunció que en algunas comunidades ha habido presencia de helicópteros del Ejército.
Una situación similar se registró en el consejo comunitario de Cacarica, en el municipio de Riosucio (Chocó), donde los pobladores divulgaron videos en los que se ven tres helicópteros sobrevolando el caserío.
“La Fuerza Pública tiene rodeada una comunidad por tierra y por aire. Tienen apabullada a la población. La comunidad está atemorizada”, dijo Pablo Salazar, líder del consejo.
Helicópteros sobrevolaron el Consejo Comunitario de Cacarica.

Foto:Archivo particular

Reproducir Video
Para Manuel Domicó, “es urgente que se pueda establecer una comisión mixta y que nos den solución para volver a nuestro territorio, que retiren a las Fuerzas Armadas. Cuando hay estos enfrentamientos no podemos salir a recoger el pan de cada día, y las autoridades nos señalan de ser supuestamente aliados de los grupos armados que nos victimizan”.
Un oficial de la Séptima División del Ejército le dijo a este diario que en la región la amenaza del ‘clan del Golfo’ es latente, y que los combates son necesarios para sacar a los grupos ilegales del territorio.

A usted lo amenazan por no arrendar un terreno para la siembra de coca. Si usted lo presta, es malo; si no, también. Es una amenaza por ambos lados

“Las comunidades denuncian que tienen presencia de los grupos armados, pero cuando llega el Ejército se presentan quejas por los enfrentamientos, que son una de las formas de atacar a esas estructuras”, aseguró el militar.
No obstante, los pobladores, muchos de ellos indígenas, señalan que se les están vulnerando sus derechos.
“El Ejercito no nos hizo ninguna consulta frente a la entrada al territorio y eso es una violación al derecho que tenemos nosotros en el marco de la consulta previa, libre e informada”, sostuvo José Evaristo Domicó, coordinador de educación de los cabildos mayores de rio Sinú y río Verde.
El líder indígena mencionó que los sobrevuelos de helicópteros en territorios ancestrales son frecuentes desde inicio de año, y que incluso han aterrizado en potreros de las comunidades.
“El 24 de marzo aterrizaron dos helicópteros bajando personas que preguntaba por clan del Golfo, pero las comunidades indígenas no tenemos información de esos señores. Nosotros no pertenecemos a estos grupos y esta guerra no nos compete. No somos actores armados. Somos gente de paz y queremos que nuestro territorio lo sea.”, aseguró Domicó.
Uno de los temas que agrava la situación humanitaria del sur de Córdoba es la presencia de cultivos de uso ilícito. En esta zona se concentraban la mayoría de las 2.882 hectáreas sembradas con coca que detectó el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas para 2019.
Y según pobladores de la región, los grupos ilegales los obligan a poner sus terrenos a su servicio para cultivar las matas: “A usted lo amenazan por no arrendar un terreno para la siembra de coca. Si usted lo presta es malo, si no, también. Es una amenaza por ambos lados”.
Aunque aseguran que en la zona no se están adelantando operaciones de erradicación manual, hay temor de que los operativos militares sean la antesala de la aspersión aérea con glifosato. “Le tenemos miedo a esa fumigación porque ese químico le hace daño a las personas, a las comunidades y a la madre naturaleza”, dijo el profesor José Domicó.
Entre tanto, lejos de sus tierras, los desplazados están a la espera de una reunión con entidades departamentales para acordar bajo qué condiciones podrían regresar a su territorio.
*Con reportería de Juan Gómez
Especial para EL TIEMPO
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