En la noche del 13 de febrero del 2003, tres trabajadoras sexuales y una menor de edad, que se encontraban en la Torre del Reloj, en el centro de Cartagena, fueron asesinadas por dos paramilitares del bloque Montes de María que se movilizaban en una motocicleta.
El crimen fue aceptado por Eugenio José Reyes Regino, ‘Geño’, en el 2009. Dijo que la orden fue impartida por Úber Enrique Bánquez (‘Juancho Dique’) y el cuestionado empresario bolivarense Alfonso Hilsaca Eljaude, el ‘Turco’, quien, según ‘Geño’, fue financiador del grupo ilegal en Cartagena. El Tribunal pide avanzar en las investigaciones contra el ‘Turco’ por presuntos nexos
El ‘Turco’, según dijo el ‘expara’, pedía que las asesinaran porque habían robado a clientes de un establecimiento público de su propiedad en Cartagena. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que no encontró información sobre el robo.
La Fiscalía sostiene que tiene pruebas de que el ‘Turco’ entregó 8 millones de pesos a Roger Acosta García, el ‘Pollo’, jefe del grupo paramilitar en Cartagena, como ‘regalo’ por los asesinatos, información ratificada por ‘Geño’.
Teniendo como base este caso, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá ordenó a la unidad de justicia transicional de la Fiscalía documentar todos los crímenes cometidos contra trabajadoras sexuales y menores víctimas de explotación sexual en el marco del paramilitarismo. En la decisión regañó a la Fiscalía por no indagar sobre la situación de explotación sexual en la que estaba la menor de edad. Además, solicitó reparación para las familias de las víctimas y que se indague si hubo un daño colectivo.
En el estudio del despacho del magistrado Eduardo Castellanos se encontró que de las 45 sentencias contra paramilitares, en 20 de estas se habla de prostitución forzada.
En la revisión de las sentencias encontraron al menos 12 grupos implicados en estos hechos. “Los ataques se dieron, entre otras razones, por políticas del grupo, constreñimiento, militancia, órdenes de comandantes paramilitares y presencia de grupos armados”, señala el fallo.
Por ejemplo, el paramilitar José Baldomero Linares, ‘don Guillermo’, de las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada y los integrantes de esta bajo su mando entraban a las casas, raptaban a las adolescentes delante de sus padres, las llevaban a los campamentos para tener sexo con uno o veinte integrantes del grupo armado ilegal, las utilizaban para lavarles, cocinarles, y trabajar en los laboratorios de coca, conocidos como ‘cocinas’.
Por su parte, comandantes del bloque Vencedores de Arauca obligaron a menores de edad y mujeres adultas para que sostuvieran relaciones sexuales con ellos, y fueron “sometidas a trabajar sexualmente por órdenes de un comandante a quien tenían que darle dinero”.
En otros casos, las trabajadoras sexuales fueron perseguidas y si tenían alguna enfermedad sexual, eran asesinadas. El bloque Mineros, dice la sentencia, las castigaban recluyéndolas en los calabozos.
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