Investigación

Por los parafiscales, división de ganaderos llegará a los tribunales

Estimativos de Fedegán señalan que el negocio de la carne ilegal mueve 300.000 millones de pesos al año.
Foto:Archivo / EL TIEMPO

Varios sectores califican de ilegal la medida y gremios anuncian demandas.

Unidad Investigativaenero 9 de 2019, 06:54 A.M.

En la polémica decisión del gobierno de Iván Duque de devolverle el manejo de los millonarios parafiscales del sector ganadero a Fedegán está a punto de escribirse un capítulo judicial que involucra al Consejo de Estado, a la Fiscalía y a la Procuraduría.

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Lo que se planificó como una licitación pública terminó resuelto en 42 minutos en un proceso de contratación directa y dividiendo al gremio ganadero.

En efecto, un sector de este gremio no quedó satisfecho con la decisión que se tomó el pasado 4 de enero, por lo que alista sendas demandas contra lo que considera fue un ‘dedazo’ que se saltó advertencias claves, como la de la Contraloría, que desde la administración de Edgardo Maya y ahora en la de Carlos Felipe Córdoba, abogó por una licitación.

Y es que no se trata de un negocio cualquiera, pues el contrato firmado entre el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, y José Félix Lafaurie, líder de Fedegán, tiene vigencia de 10 años, maneja cuantías anuales que superan los 93.700 millones de pesos y le significan a esta agremiación un 5 por ciento de contraprestación: unos 4.685 millones.

La Nueva Federación Ganadera (NFG), agremiación con presencia en 27 departamentos, aseguró que se presentaron varias irregularidades que tienen a su equipo jurídico trabajando en la elaboración de varias demandas.

Alfredo García, su presidente, le dijo a EL TIEMPO: “No entendemos cómo el viernes cancelaron unilateralmente una licitación pública en la que había varias entidades participando y enseguida la adjudican a dedo”.

A lo que se refiere es que el pasado 4 de enero, a las 6:08 de la tarde, el Ministerio de Agricultura declaró desierta la licitación que venía andando desde mayo de 2017; luego, 27 minutos más tarde, esta cartera publicó que el proceso se haría por contratación directa. Y a las 7 de la noche, según consta en archivos oficiales, se registró la firma del contrato entre el Ministerio y Fedegán, el cual tiene vigencia de 10 años.

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“Las demandas están en estudio porque la decisión se tomó de una forma arbitraria, sin oír a los entes gremiales. Es que con el señor ministro de Agricultura ni siquiera nos hemos podido reunir”, puntualizó García.

Esta postura la respaldó el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, quien aseguró: “Este proceso fue ilegal, por las irregularidades tan protuberantes y el procedimiento tan opaco que se utilizó”.

Un primer frente de batalla jurídica será ante el Consejo de Estado, para intentar frenar la decisión administrativa que tomó el ministro Valencia de firmar el contrato con Fedegán.

El segundo es la Fiscalía, entidad a la que se le pedirá que determine si hay o no alguna responsabilidad penal de los funcionarios.

Y el tercero es la Procuraduría, donde, además, se adelanta un proceso preventivo por la polémica que ha rodeado la ya frustrada licitación. Esto se debe a que desde el 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió suspenderle a Fedegán el manejo de los parafiscales, debido a varias quejas que incluían supuesta desviación de recursos públicos y falta de procesos democráticos en el interior de esta agremiación.

Gobierno defiende legalidad

Sin embargo, el ministro Valencia se ratificó en que todo se hizo de forma transparente, al punto de que si no se realizaba esta asignación se podría incumplir la ley. “Dentro del análisis contractual pertinente, no encontramos ningún hallazgo penal o fiscal que inhabilitara a la cartera a contratar con Fedegán”, aseguró.

Y el líder del gremio, José Félix Lafaurie, fue más allá y advirtió que “el Ministerio lo único que hizo fue cumplir la ley que venía siendo desconocida por el gobierno pasado”, para el cual dijo que fue incómodo por sus constantes críticas al proceso de paz.

La polémica por estos millonarios recursos, en pleno año electoral, también tiene connotación política, pues varios sectores han dicho que este ‘dedazo’ es una forma de darle mermelada al uribismo más radical. Esto, claro está, también lo desmienten el ministro Valencia y Fedegán.

UNIDAD INVESTIGATIVA