Por cuatro cargos, a responder policías del caso de la ‘Ñeñepolítica’

Por cuatro cargos, a responder policías del caso de la ‘Ñeñepolítica’

En la noche de este viernes el juez legalizó la captura de los dos indiciados. 

Policías capturados

Wadith Velásquez y Jeferson Tocarruncho, capturados por posible interceptación ilegal. 

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EL TIEMPO

Por: Justicia
05 de junio 2020 , 11:09 p.m.

Ante un juez de Control de Garantías de Bogotá fueron presentados este viernes los policías Jefferson Fabián Tocarruncho y Wadith Miguel Velásquez, capturados la noche del jueves y vinculados a una investigación por presuntas interceptaciones ilegales a cinco de sus compañeros.

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El ente acusador los capturó para imputarles los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Por estos hechos también pedirá una medida de aseguramiento en su contra. La hipótesis de la Fiscalía es que en la investigación contra el ‘Ñeñe’ habrían incluido líneas telefónicas para interceptación que no hacían parte del caso, y, por lo tanto, esas escuchas a sus compañeros serían ilegales.

Según la investigación, los capturados habrían utilizado la declaración de una fuente real y formal para lograr la expedición de una orden de interceptación a sus compañeros.

Los uniformados adscritos a la Dijín de la Policía tuvieron a su cargo la investigación inicial que originó la llamada ‘Ñeñepolítica’, que se evidenció en medio del proceso por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, perpetrado por sicarios el 18 de agosto de 2011 en Barranquilla, Atlántico.

La Fiscalía aclaró que los uniformados no están siendo investigados por las grabaciones que se hicieron legalmente a José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández –asesinado en Brasil en 2019– y que aparecía en el expediente como una de las personas indiciadas como presunto autor material del homicidio.

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Igualmente el ente acusador señaló que ese expediente está a salvo y las grabaciones fueron debidamente judicializadas y guardadas bajo cadena de custodia, por lo que no hay riesgo de que pierdan valor judicial.

Tras su captura, los uniformados permanecieron en la sede de la Dijín, a donde llegó el abogado Miguel Ángel del Río Malo, quien al tiempo representa como víctima a la familia del hombre asesinado.

La audiencia se inició pasadas las 6 de la tarde de forma accidentada, pues luego de la presentación de las partes y la acreditación de los cinco policías que habrían sido víctimas de interceptaciones ilegales, la Fiscalía planteó un posible conflicto para que Del Río Malo siguiera representando a los uniformados detenidos.

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Esto por una declaración juramentada que dio el 27 de mayo la fiscal Jenny Andrea Ortiz Ladino, quien tenía a su cargo la investigación por el crimen de Rodríguez Pomar al momento de realizar las interceptaciones que ahora están siendo cuestionadas, y por las que fueron capturados Tocarruncho y Velásquez.

El representante de la Fiscalía señaló que la investigadora Ortiz declaró que hay hechos que comprometerían al abogado Del Río Malo en presuntas actividades ilegales y que por ello tendría que apartarse de la defensa de los uniformados.

La Fiscalía señaló que esas presuntas irregularidades estarían asociadas al mismo proceso por el que fueron capturados sus clientes, lo que generaría un impedimento para seguir en la diligencia. Según la declaración de la fiscal Ortiz Ladino, se trataría del presunto soborno de testigos del caso por el asesinato de Rodríguez Pomar.

La fiscal Jenny Andrea Ortiz Ladino declaró en una versión juramentada que hay hechos que comprometerían al abogado del Río Malo en presuntas actividades ilegales

El abogado Del Río Malo cuestionó la petición de la Fiscalía y señaló que no estaba impedido. De hecho, horas antes de la diligencia había advertido del tema en sus redes sociales.

Miserables los que están detrás de una compulsa para que me investiguen por comprar testigos. Como no tengo rabo de paja y enfrento todos los incendios quieren contaminar un trabajo legítimo”, señaló.

El juez 62 del caso pidió un receso para examinar la situación y consideró que no prosperaba un conflicto de intereses. La decisión fue acompañada por la Procuraduría.

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Luego de resuelto lo anterior, el ministerio público y el representante de víctimas no tuvieron reparos a la presentación hecha por la Fiscalía por lo que estuvieron de acuerdo el procedimiento.

Por su parte, la defensa, quien también estuvo de acuerdo con la legalización, hizo algunas observaciones. La primera, que la Fiscalía no mencionó que sus clientes decidieron ir voluntariamente a atender la orden de captura que se habían librado en su contra. 

Y por otro lado, solicitó a la Fiscalía que aclarara el lapso de los hechos ya que, a su parecer, era muy amplio considerar que las interceptaciones por las que se capturaron a los indiciados se desarrollaron entre el 25 de mayo hasta el día en que se libró la orden de captura, esto es, el pasado cuatro de junio.

Sobre la solicitud de aclaración el juez consideró que no era el momento para que dicha duda fuera aclarada y  decidió que las capturas fueron legales: “En primer lugar al observar los elementos materiales probatorio se evidencia dos ordenes de captura contra los indiciados y se acredita la existencia del mandamiento escrito expedido por un juez”, aclaró el juez.

Añadió que efectivamente la orden se encuentra vigente y que las personas coinciden con las que fueron capturadas en la sede de la Dijín al rededor de las 10 y media de la noche del pasado 4 de junio.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com 

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