El celular del exsenador Otto Bula no solo guarda conversaciones que revelan cómo se tejió la red de corrupción promovida por la multinacional Odebrecht para quedarse con millonarios contratos en el país.
La confesión del exsenador cordobés y su famoso teléfono han sido claves en las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, que esta semana ordenó que el polémico senador Bernardo Miguel el ‘Ñoño’ Elías Vidal siga preso mientras se decide su suerte. Y en ese expediente se han revelado las pistas de un capítulo que hasta ahora ha pasado desapercibido y podría comprometer a funcionarios de la procuraduría de Alejandro Ordóñez.
Del celular de Bula se recuperó un chat que, dice la Corte, habla de “la gestión de la Procuraduría para que sirviera de intermediaria entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Odebrecht, en relación con unas reclamaciones que tenían por objeto que el Estado reconociera unos sobrecostos causados por la temporada invernal, en relación con la adición del contrato de la vía Ocaña-Gamarra”.
Bula le dijo a la Sala Penal que lo que estaban buscando era “dar una apariencia de legalidad a través de peritos y de la gestión de procuraduría, para no tener problemas legales con los dineros que se iban a reconocer a Odebrecht”.
La Corte advierte que el ‘Ñoño’ “utilizó indebidamente sus influencias (...) incluso para solucionar el conflicto que surgió entre la concesionaria Ruta del Sol y la ANI a raíz de unas reclamaciones suscitadas en la ecuación de equilibrio financiero del contrato”. De hecho, una de las reuniones que organizó en su apartamento para Luis Fernando Andrade, entonces presidente de la ANI, habría tenido por propósito forzar un encuentro con Eleuberto Martorelli, cabeza de Odebrecht en el país, para abordar el asunto. Andrade exigió que el brasileño se retirara.
Al final, la Agencia negó el pago, y el caso fue a un tribunal de arbitramento donde Odebrecht insistió en la reclamación.
La declaración de Bula encendió alarmas en el Ministerio Público. El procurador Fernando Carrillo ordenó una revisión inmediata de esa actuación. El procurador delegado que ha llevado el expediente disciplinario contra los funcionarios enredados está revisando si en el 2015 algún miembro de la entidad favoreció indebidamente a Odebrecht. Fuentes de la Procuraduría aseguran que hasta el momento no se ha encontrado nada irregular.
Intentar que Odebrecht obtuviera esos 700.000 millones que le reclamaba al Estado fue una de las tres misiones que, según las pruebas en poder de la Corte, habría cumplido el ‘Ñoño’ como “alfil de la corrupción” de la multinacional.
Lo que dice el expediente, basado en las revelaciones de Bula, es que reclutar al congresista fue cuestión de apenas un par de meses.
Según le contó Bula a la Corte, entre febrero y marzo del 2013, Federico Gaviria lo buscó para contarle que Odebrecht “estaba interesada en acelerar el proceso de adjudicación de la adición del contrato de la Ruta del Sol, vía Ocaña-Gamarra, y estipular condiciones más favorables”.
Tras esa solicitud, dice, entre febrero y abril de ese año se reunió en su casa en Chía con Gaviria y el ‘Ñoño’, momento en el cual Elías acepta la misión afirmando que “tenía llegada con Luis Fernando Andrade” y pide un soborno del 4 por ciento del contrato.
Tres días después, los directivos de Odebrecht autorizaron el pago, pero el 4 por ciento debían dividirlo entre Elías y su grupo de congresistas, Bula, Gaviria y otros testigos.
Con el testimonio de Bula, la justicia reconstruyó que el ‘Ñoño’ recibió al menos 16.200 millones de pesos de sobornos, que llegaron a sus bolsillos a través de contratos falsos con la firma Sion y Consultores Unidos, sucursal Panamá.
La tercera misión que tuvo el ‘Ñoño’, y que según la Corte mostró “sus buenos oficios” con Odebrecht, fue buscar soluciones para hacer viable el proyecto de Navelena. Aunque el ‘Ñoño’ buscó socios que invirtieran en el proyecto y medió para lograr apalancamiento financiero, su misión se vio frustrada porque en ese momento estalló el escándalo mundial de corrupción.
Gabriel Dumar Lora, preso por el escándalo y uno de los hombres más cercanos al preso senador Bernardo Miguel Elías Vidal, aseguró “que la pequeña empresa L&L” fue usada para entregar plata al congresista Elías Vidal y al exsenador Otto Nicolás Bula Bula.
La empresa, dijo el testigo, era propiedad del conductor Jorge de la Espriella, “quien personalmente le entregaba el dinero a estos o se lo daba a terceras personas según las instrucciones que recibía de aquellos”.
Además de ser conductor, Jorge Eliécer de la Espriella Morales (nacido en Sahagún, como los principales enredados en el escándalo), aparece firmando contratos con la Gobernación de ese departamento.
El 19 de marzo de 2014, durante el mandato del cuestionado gobernador Alejandro Lyons Muskus, la firma L&L logró un contrato por 17 millones de pesos para la “limpieza de parte de la quebrada Mucha Jagua en el municipio de Montelíbano”.
En agosto de 2016, de la Espriella Morales apareció como representante de la firma Alimentar de Colombia y obtuvo un contrato con la Gobernación por 49 millones de pesos. El objeto era apoyar logísticamente un encuentro “para rescatar los valores culturales, recreativos y la expresión artística de las personas mayores del departamento”.
En enero de este año le hicieron una adición al contrato por casi nueve millones de pesos.
Y el 3 de octubre del año pasado, con la razón social Fundación Alimentar de Colombia (Fundalcol), Espriella Morales logró que le asignaran otro contrato. Fue por 95 millones de pesos para “realizar la formación en medios audiovisuales dirigida a la población discapacitada de municipio de Lorica para la realización de un documental sobre artesanía tradicional del municipio”.
Esas revelaciones dan nuevas pistas a los investigadores sobre el entramado que habrían puesto en marcha los salpicados para quedarse con recursos estatales e intentar legalizar los pagos por sobornos.
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