Políticos como contralores: los ratones cuidando el queso / Opinión

Políticos como contralores: los ratones cuidando el queso / Opinión

Instituciones claves para la buena salud del Estado se convirtieron en fortines burocráticos.

Billetes

El el país hay muchas entidades y funcionarios que han caído en las redes de la corrupción.

Foto:

Andrea Moreno / Archivo EL TIEMPO

Por: Jhon Torres
02 de septiembre 2019 , 12:09 p.m.

Desde hace décadas, los colombianos tenemos clara una larga lista de entidades públicas sobre las que hay consenso en que debían desaparecer, por sus grandes líos de ineficiencia y corrupción, pero que siguen vivas por la poderosa maraña de intereses políticos y económicos que las blindan.

Lo más grave es que se trata de instituciones que, en el papel, debían ser claves para la buena salud del Estado, pero que, en manos equivocadas, se convirtieron en fortines burocráticos, cuando no en sofisticados instrumentos usados para dar apariencia de legalidad a lo que en realidad son extorsiones puras y duras.

El del ahora excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga es el último botón de esta muestra. Cada nuevo detalle de la investigación que lo tiene en riesgo de ir a prisión puede que indigne a los colombianos, pero no sorprende a nadie que conozca los tejemanejes de la función pública.

En el expediente aparecen pruebas que, según la Fiscalía, demuestran que Zuluaga y sus padrinos políticos sacaban tajada por no ‘envainar’ a alcaldes de la región con procesos fiscales. Un perfil poco destacado, señalamientos de falsedad en su hoja de vida y denuncias de una oscura maniobra para evitar una inhabilidad por no renunciar a tiempo no fueron problema para que hace casi cuatro años la Asamblea de Antioquia lo eligiera. Los resultados de su gestión aparecen ahora en las páginas judiciales, pero con Zuluaga como investigado.

Y no es un caso aislado. El ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá no habría sido posible si el contralor de la época, Miguel Ángel Moralesrussi, no hubiera mirado para otro lado mientras saqueaban la ciudad. Por supuesto, a cambio de jugosas coimas que llevaron a su condena de 13 años de prisión.

Y el actual contralor de la capital, Juan Carlos Granados, sigue cargando encima los señalamientos de la Fiscalía porque supuestamente participó en la red de corrupción de Odebrecht cuando ocupó la gobernación de Boyacá.

Los políticos profesionales en cargos de control rara vez funcionan. Lo que pasa con las contralorías en muchos departamentos y ciudades es que se convierten en premios de consolación para los ‘quemados’ de las últimas elecciones. Y como los apoyos políticos para ganar no son gratuitos, los procesos fiscales a diestra y siniestra son, con frecuencia, una eficaz herramienta para asustar a funcionarios y alcaldes y tratar de recuperar la ‘inversión’. Esos procesos sirven también para asegurar, más adelante, el voto de alcaldes que participan en la elección de jugosos cargos, como los de las cuestionadas corporaciones autónomas regionales. La justicia se ha pronunciado ya en muchos casos de contralores. Pero, como en tantos otros frentes, la solución de fondo es política, y pasa por darse el lapo de eliminar esas entidades donde la corrupción es la que manda.

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresEt

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