Polémica por libertad a procesado por corrupción pese a prohibición

Polémica por libertad a procesado por corrupción pese a prohibición

Decisión sobre magistrado Carlos Vargas, investigado por corrupción judicial, causó extrañeza.

Humedal de Jaboque

Panorámica del humedal Jaboque.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
11 de diciembre 2019 , 04:56 p.m.

Pese a que el artículo 39 de la ley 1474 del 2011 'Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción', establece que quienes hayan sido imputados por estos hechos no podrán ser beneficiados con casa por cárcel, mientras avanza el proceso en su contra, una decisión de un juez frente a un magistrado del Tribunal Adminsitrativo de Cundinamarca causó extrañeza entre los asistentes y la Fiscalía. 

En la audiencia de medida de aseguramiento contra el magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, a quien la Fiscalía señala de liderar una red de corrupción judicial que torció decisiones por dinero, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que lleva el caso en su contra le dio a él casa por cárcel.

La audiencia se realizó este lunes, 9 de diciembre, y aunque los imputados tienen varios delitos en común, entre ellos cohecho -una de las conductas relacionadas con corrupción- y la Fiscalía solicitó la medida de prisión preventiva para todos, el magistrado del caso no envió a prisión a Vargas.

En cambio, en una audiencia anterior un juez sí había enviado a prisión por estos mismo hechos a las otras dos personas procesada, quienes al no ser aforados, sus casos no los lleva el Tribunal Superior de Bogotá sino un juez de la ciudad.

Aunque los investigadores advirtieron al magistrado que una ley prevé que quienes sean procesados por delitos de corrupción no pueden tener medida preventiva de casa por cárcel, sin dar explicación -señalaron fuentes de la Fiscalía- el togado cobijó con prisión domiciliaria a Vargas.

Y aunque este mismo lunes el ente acusador se opuso a la determinación de casa por cárcel para Vargas y pidió reponer esa decisión, algo que por tratarse de definir la libertad de una persona debe, por ley, decidirse inmediatamente, el togado citó para el lunes 16 de diciembre para resolver la reposición de la Fiscalía.

Frente a estas posible irregularidades en la decisión, fuentes del ente acusador señalaron que podría estarse configurando un prevaricato por parte del magistrado que no envió a prisión al magistrado Vargas, puesto que la Fiscalía advirtió de la obligatoriedad que la ley impone en estos casos. 

De hecho, si en la reposición de la medida de aseguramiento se determina que, efectivamente la Fiscalía tenía razón y el magistrado debe ir a prisión, el magistrado que no lo envió a la cárcel en primera medida sí habría omitido aplicar la ley en su decisión.

Hace unas semanas la Fiscalía había imputado a Vargas por concierto para delinquir agravado en calidad de autor, cohecho y prevaricato por acción y omisión.​ En esa audiencia el ente acusador señaló que el magistrado, junto con la abogada Kelly Andrea Eslava Montes y el señor Aldemaro Vargas manipularon procesos administrativos para obtener beneficios económicos. 

El modus operandi de la red

De acuerdo con el ente acusador, Vargas y otros particulares decidieron manipular procesos administrativos para obtener beneficios económicos. En 2007 Vargas nombró como judicante en su despacho a Kelly Andrea Eslava Montes, quien estuvo allí hasta el 2010 y luego comenzó a ejercer como abogada independiente.

A partir de allí, dijo la Fiscalía, la organización criminal organizó un modus operandi así: en primer lugar, reclutaban a demandantes en procesos en curso en el despacho del magistrado y les ofrecían resultados judiciales favorables a ellos; en segundo término, integrantes de la organización, específicamente Eslava, se convertían en los nuevos apoderados de los demandantes como una estrategia para garantizar el resultado; tercero, con la intervención activa del magistrado buscaban mejorar las pretensiones económicas de la demanda.

De ese modo, el magistrado Vargas, según la investigación, profirió varias decisiones contrarias a la ley que favorecieron a los clientes de la red criminal, y aceptó remuneraciones y dineros por efectuar actos contrarios a sus deberes oficiales.

Eslava Montes quien contactaba a los interesados en los litigios para concretar el proceso y canalizar las ventajas económicas, mientras que otro miembro de la organización, llamado Aldemaro Vargas y quien era socio del magistrado desde 2006, era quien recibía y administraba, los dineros producto del actuar criminal y los invertía en bienes o negocios asociados al magistrado.

Uno de los procesos en los que se investigan las presuntas irregularidades de la red de corrupción judicial es del está relacionado con un fallo de abril 2014 que ordenó a la Empresa de Acueducto de Bogotá el pago de una millonaria suma de dinero a un particular por reparación directa por la no compra de un predio cerca del humedal Jaboque, en Bogotá, y que estaba en la zona de manejo ambiental.En total se ordenó pagar como reparación 64 mil 215 millones de pesos, de los cuales 20 % era para Kelly Andrea Eslava, quien había obrado como apoderada del demandante. En total se ordenó pagar a Eslava 12 mil 843 millones de pesos.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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