Polémica por corruptos que no devuelven el grueso de lo que roban

Polémica por corruptos que no devuelven el grueso de lo que roban

Casos del exgobernador Lyons, Otto Bula y los Nule causan inquietud.

Alejandro Lyons y Otto Bula

El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons (izq.) y el exsenador Otto Nicolás Bula.

Foto:

Gudilfredo Avendaño - Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
08 de junio 2019 , 10:07 p.m.

En octubre del 2017, la Fiscalía señaló que por cuenta de los actos de corrupción del investigado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons se habían desviado al menos 80.000 millones de pesos, pero el cuestionado exmandatario, que hoy es testigo protegido en Estados Unidos, solo devolvió 4.000 millones de pesos.

El acuerdo de cooperación entre la Fiscalía y Lyons, según el cual el exgobernador aceptaba los cargos a cambio de una rebaja de la mitad de la pena y además dejaba de ser investigado por otros delitos, volvió a generar indignación esta semana.

Esto, luego de que la Corte Suprema negó un recurso de la Contraloría General que pedía incrementar el monto del dinero que el exmandatario debía devolver porque consideró “irrisoria” la cantidad que entregó. La Corte dijo que esa devolución debía buscarse por otra vía.

Pero este caso, que ha generado controversia, no es el único. Otros investigados por corrupción se han beneficiado de acuerdos de cooperación con la justicia sin que, en contraprestación, devuelvan una cantidad significativa del dinero que se apropiaron. Por ejemplo, el clan Nule.

En el 2017, la misma Corte Suprema había establecido, al resolver un recurso en el caso de los cuestionados hermanos Nule, que los jueces no podían dar trámite a rebajas de pena sin antes garantizar el reintegro de, al menos, la mitad de lo apropiado irregularmente.

Por esa norma está en vilo el acuerdo con el exsenador Otto Nicolás Bula, procesado por recibir y pagar sobornos de Odebrecht. Será revisado el próximo jueves por un juez.

En noviembre del 2017, un juez especializado de Bogotá tumbó el preacuerdo por el que Bula recibiría una condena de cinco años y seis meses de prisión y devolvería 6.600 millones de pesos. Pero ha habido dificultades con la entrega de unos bienes con los que Bula respaldaría el pago de la deuda.

De hecho, el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa compulsó copias para que se investigara a los fiscales que habían hecho esa negociación judicial.

También está pendiente el preacuerdo con otros enredados en el caso Odebrecht, como los empresarios Federico Gaviria, Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar y Gustavo Torres, con quienes se avanza en la definición de cuánto dinero deben reintegrar por sus actividades ilegales en el movimiento de dinero para dar apariencia de legalidad a plata que, en realidad, se destinó al pago de sobornos de la multinacional brasileña.

Expertos señalan que en la ley está clara la reglamentación para garantizar la devolución de los dineros apropiados irregularmente y que les corresponde a la Fiscalía y a los jueces cumplir la normatividad vigente para que los condenados no se queden con la plata obtenida con delitos.

El penalista y académico Juan Carlos Forero asegura que la Corte Suprema ha sido clara en que el preacuerdo o la aplicación del principio de oportunidad “no pueden vulnerar los intereses de la víctima, sea la víctima una persona natural o sea una persona jurídica o, incluso, sea el mismo Estado”. Y el exfiscal general Mario Iguarán dice que “en la práctica no podemos desconocer que se están haciendo unos reintegros bastantes irrisorios y desvergonzados”.

La Fiscalía defiende este tipo de negociaciones –una herramienta del marco jurídico del país– por ser una vía muy efectiva para desmantelar grandes entramados delincuenciales y de corrupción, y dice que entre el 2018 y el 2019 logró recuperar cerca de 12.000 millones de pesos como parte de principios de oportunidad concedidos a procesados que se han comprometido a colaborar con la justicia.

El ente acusador dijo que, en todo caso, ha cumplido con la ley y que todos los acuerdos han pasado el examen de los jueces.

Fuentes de la Contraloría señalaron que la entidad actualmente está acreditada como víctima en 171 procesos penales en los que están en juego daños por 1,6 billones de pesos. El organismo cuestiona que entes territoriales que tendrían que estar presentes en esos juicios para cuidar los intereses de los ciudadanos no lo hacen.

La respuesta de la Fiscalía

Majer Abushihab, asesor del Fiscal General (e), señaló que, además de los acuerdos que incluyen devolución de dineros, la Fiscalía desplegó operaciones de extinción de dominio para llegar a los capitales ocultos de los corruptos, logrando, “en los últimos tres años, ocupaciones que superan los 13 billones de pesos, de los cuales 1.5 billones de pesos corresponden a casos relacionados con delitos económicos o corrupción”.

Igualmente, dijo que en lo que va del año “se han impactado bienes que en materia de corrupción superan los 500.000 millones de pesos”.

Frente al caso del exgobernador Lyons, dijo que la cifra mencionada de 80.000 millones de pesos equivale al valor de 6 convenios, en los cuales se estableció que se pagaron coimas cercanas a los 8.300 millones de pesos, correspondiéndole a Lyons una suma aproximada de 4.000 millones, “justamente lo que se le exigió devolver en esta Fiscalía, además de requerirle información sobre la ruta y destinatarios del dinero de las coimas, obligación que Lyons debe cumplir o perderá los beneficios”, indicó Abushihab. Y añadió que al exgobernador y a su núcleo familiar se le han ocupado bienes por cerca de 30.000 millones de pesos.

Por último, insistió en que los preacuerdos tienen la intervención de las víctimas, “pero lo más importante: son siempre avalados por un juez, que verifica los términos de legalidad” que permiten que el incremento patrimonial producto de delitos no se quede en las manos de los delincuentes.

JUSTICIA

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