A la polémica exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado, que resultó mencionada hace una semana por el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno como una de las presuntas vinculadas en el ‘cartel de la toga’, se le abrieron dos nuevos frentes esta semana en la Procuraduría, que se suman a otros ya existentes no solo en el órgano de control disciplinario, sino también en la Fiscalía.
El Ministerio Público, además de abrirle una indagación preliminar junto con los también exgobernadores Alejandro Lyons Muskus, de Córdoba, y Juan Carlos Abadía, del Valle del Cauca, por presuntamente haber pagado para resultar beneficiados en procesos judiciales, le abrió un pliego de cargos en otro proceso que va mucho más adelantado.
Se trata de una investigación disciplinaria por la expedición irregular de cinco ordenanzas con las que Hurtado entregó más del 10 por ciento del presupuesto de la Gobernación a 11 de los 12 municipios del departamento bajo una figura que no existe en la ley.
De acuerdo con el expediente, dos semanas después de que sus dos fichas se quemaran en las elecciones del 2015 como candidatos a la Gobernación y la alcaldía de Armenia, Hurtado movió, con ayuda de los seis diputados que le apoyaban todos sus proyectos –a quienes también se les abrió pliego de cargos en su contra–, cinco ordenanzas en las que aceptaba la distribución de 17.000 millones de pesos para “inversión indirecta” en todos los municipios a excepción de la capital. El último documento materializó la falta, según la Procuraduría, porque le quitó al gobernador que la sucedería en el cargo una partida significativa de los recursos del departamento.
“El municipio, se insiste, no hace parte de la persona jurídica del departamento, por lo tanto, no debe estar incluido como sección u órgano del presupuesto de este y tampoco puede ordenar, comprometer o ejecutar el gasto incluido en el presupuesto del departamento”, se lee en un concepto que sobre el tema envió el Ministerio de Hacienda.
De hecho, en un fallo de única instancia que no fue apelado, el tribunal contencioso de Quindío suspendió todas las ordenanzas por considerarlas ilegales. Y ya tumbó, en una decisión de fondo, una de ellas.
El objetivo del proyecto, según la gobernadora, era descentralizar el manejo de los recursos de primera infancia, adolescencia y cultura. Pero no solo la mandataria, sino también los diputados estaban advertidos por un oficio con 12 puntos expedido de forma preventiva por la Procuraduría, en el que señalaba que lo que estaban haciendo era irregular.
Para el Ministerio Público resulta además extraño que las cinco ordenanzas –010, 011, 012, 013 y 015 del 2015– fueron sancionadas todas no por Hurtado –que las radicó y promovió en la Asamblea–, sino por Gloria Inés Gutiérrez Botero, su secretaria privada y quien hacía las veces de gobernadora encargada.
En consecuencia, Gutiérrez enfrenta los mismos cargos disciplinarios que Hurtado; esto es, falta gravísima a título de dolo por la conducta de “prevaricato por acción”. Por este mismo tema, la Fiscalía anunció el 3 de octubre que imputará cargos a la exgobernadora y hoy aspirante a una curul en el Senado.
Pero estos no son los únicos capítulos en el órgano de control. Hurtado, además del presupuesto, habría dejado amarrada la junta directiva de las Empresas Públicas del Quindío, entidad que fue y sigue siendo su fortín político.
Solo nueve días antes de que se diera el cambio de administración, se realizó un cambio en el régimen societario de la empresa, el cual ha impedido que el actual mandatario departamental ejerza control sobre ella, pese a que la Gobernación es la accionista mayoritaria.
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