El plan de la Fiscalía para ayudar a frenar crímenes contra ex-Farc

El plan de la Fiscalía para ayudar a frenar crímenes contra ex-Farc

Partido Farc habla de 234 excombatientes asesinados. El ente acusador priorizó casos y zonas.

Marcha contra asesinato de exguerrilleros e Farc

El 21 de octubre partió del municipio de Mesetas una marcha de excombatientes que piden que cesen los ataques a los firmantes del acuerdo de paz. Se dirigen a Bogotá.

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Partido Farc

Por: Justicia
24 de octubre 2020 , 08:22 p. m.

Juan de Jesús Monroy Ayala, excombatiente de las Farc conocido en la guerrilla como Albeiro Suárez, había abandonado las armas y tras su reincorporación a la sociedad lideraba una cooperativa conformada por 104 excombatientes que siembran cacao y especies nativas en el Meta.

El viernes 16 de octubre, Monroy Ayala, cuyo trabajo en favor de la protección del medioambiente era reconocido incluso por Naciones Unidas, y quien había advertido sobre los riesgos que corrían los excombatientes, fue asesinado en Uribe, Meta, junto con su escolta, el también exintegrante de la guerrilla Luis Alexánder Largo Gómez.

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Desde la tumba de los excombatientes en Mesetas partió, 5 días después del crimen, la ‘Peregrinación por la paz y la vida’, que se dirige a Bogotá y busca llamar la atención sobre los crímenes de excombatientes, que, según el partido Farc, ya llegan a 234 asesinatos tras la firma de los acuerdos de paz.

La Fiscalía, que tiene una unidad especializada en la investigación de esos crímenes, priorizó los casos e incrementó el número de fiscales e investigadores para acelerar esos procesos y llegar no solo a los autores materiales, sino a los intelectuales. El ente acusador ha venido sosteniendo que hay una multicausalidad en los crímenes y que no se ha detectado un patrón específico sobre los responsables o móviles de los asesinatos.

Luisa Obando, directora de la Unidad Especial de Investigaciones, señaló que a medida que se han identificado las zonas en las que más víctimas se presentan, se han creado grupos y unidades itinerantes que apoyan las investigaciones en los sitios.

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Inicialmente se concentraron en Apartadó, Antioquia; Popayán, Cauca, y Tumaco, Nariño, en el año 2018, y un año después estaban los equipos itinerantes en Norte de Santander, Meta, Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo, entre otros.

En el más reciente informe de la Fiscalía sobre ataques a desmovilizados aparecen como zonas críticas Cauca, con 50 casos; Antioquia, con 29; Nariño, con 34; Norte de Santander, con 24; Caquetá, con 21; Putumayo, con 20, y Chocó, que cuenta 17. En el listado hay algunos municipios de Cauca en los que hacen presencia disidencias de las Farc y bandas criminales que se disputan el control territorial de rentas ilegales como el narcotráfico.

La fiscal Obando señaló que se puso en marcha un método de investigación en tres fases: inicialmente, el esclarecimiento del hecho puntual; luego, la caracterización del grupo agresor, y finalmente, el desmantelamiento de esa red identificada como responsable del ataque.

Infografía asesinato de excombatientes 24 octubre

En cerca de la mitad de los casos se han logrado avances judiciales.

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Ese plan, añadió la funcionaria, facilita la investigación al tener en cuenta la asociación de casos para imputar cargos a los líderes de las redes criminales por cadena de mando. Igualmente, permite tener en cuenta la situación particular de cada región para identificar los posibles responsables de la violencia y además lograr la identificación de objetivos de valor para incrementar la persecución de las autoridades sobre ellos.

La Fiscalía ya tiene un mapa de los responsables, sobre los que se han venido consolidando golpes. En Antioquia, los victimarios son del ‘clan del Golfo’ y las disidencias. Otros grupos de disidencias han cometido ataques en Putumayo y Cauca; en Norte de Santander están ‘los Pelusos’, en Córdoba hacen presencia ‘los Caparros’ y en el sur de Bolívar, el Eln.

Y si bien en varias zonas los responsables de los crímenes contra excombatientes son disidencias de la misma guerrilla, esos grupos no funcionan articuladamente ni bajo un mismo mando, y básicamente se mantienen en sus territorios intentando controlar negocios asociados a la droga.

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Según estadísticas de la Fiscalía, de 269 afectaciones que se investigan contra exintegrantes de las Farc, entre homicidios, atentados y desapariciones forzadas, en 127 se han logrado avances; es decir, en el 47,21 por ciento de los casos. Por esos hechos hay 32 condenados, 20 procesos en juicio, 35 en investigación y 38 en indagación con orden de captura.

A pesar de los avances, la preocupación por la violencia contra quienes se acogieron al proceso de paz aumenta. De hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a altos funcionarios del Gobierno y al fiscal general Francisco Barbosa a una audiencia pública para conocer las medidas que se han adoptado para la protección de los excombatientes.

El 25 de noviembre asistirán a la JEP, entre otros, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila; el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la ministra del Interior, Alicia Arango, y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Marcha contra asesinato de exguerilleros de las Farc

Cerca de 200 excombatientes están movilizándose desde Meta. Se espera que el viernes lleguen a Bogotá, en donde harán una concentración en protesta a los ataques contra exguerrilleros.

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Partido Farc

Entre tanto, a nivel internacional hay un capítulo abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo ante el cual acudieron los exjefes de las Farc pidiendo medidas cautelares para garantizar la seguridad de los excombatientes y denunciaron el “exterminio sistemático” en contra de quienes firmaron el acuerdo.

Además, el lunes los líderes del hoy partido Farc le pidieron a la Procuraduría que aplique su función de protección a los derechos humanos y de garante de los mismos para que inste al Gobierno a tomar medidas, incluida la asignación de recursos, que garanticen la implementación de los planes de protección para excombatientes.

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