Procuraduría alerta por estado crítico de la EPS Coomeva

Procuraduría alerta por estado crítico de la EPS Coomeva

La EPS, con más de 2 millones de afiliados, está al borde del colapso, sostiene la Procuraduría.

Fernando Carrillo, procurador

La Procuraduría de Fernando Carrillo advierte en un documento que Coomeva EPS es prácticamente inviable y no cumple con las condiciones de permanencia.

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Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
26 de noviembre 2018 , 10:14 a.m.

“La cartera acumulada de Coomeva EPS en el periodo marzo-junio de 2018 supera los 294.000 millones de pesos; sin embargo, el acumulado de cuentas por pagar es superior a los 1,8 billones de pesos, de los cuales más de la mitad corresponde a cuentas por pagar a prestadores y proveedores del sistema”.

Con advertencias de ese calibre, la Procuraduría acaba de pedirle a la Superintendencia de Salud que le imponga vigilancia especial a la EPS Coomeva, que atiende a 2’217.567 usuarios en todo el país y está inmersa en una crisis que la tiene al borde del colapso.

La solicitud, fechada el 22 de noviembre, argumenta que luego de una extensa radiografía de sus finanzas y funcionamiento se logró establecer que esta EPS, con presencia en 217 municipios de 25 departamentos, prácticamente es inviable y no cumple con las condiciones de permanencia.

En el documento, firmado por el procurador Fernando Carrillo y conocido por EL TIEMPO, se advierte que esta EPS afronta un desorden administrativo que solo en 2017 la llevó a incumplir el 91,87 por ciento de los compromisos de pago que tenía durante esa anualidad.

Dice la Procuraduría que, para ese mismo año, Coomeva registraba activos por 1.398 millones de pesos, pasivos por 1.894 millones y un patrimonio negativo de 495.670 millones de pesos. La propia EPS –al analizar las cifras– ha reconocido “un riesgo de inviabilidad del negocio extremo”.

Coomeva tiene medidas preventivas desde 2012 y, de forma ininterrumpida, ha estado bajo vigilancia especial, pero no obstante los compromisos e intentos de saneamiento, la Procuraduría enfatiza que su situación ha empeorado en los últimos seis años.

Por eso le dice a la Supersalud que esto no se puede prolongar por más tiempo y que empiece a remover a los funcionarios encargados de las finanzas para nombrar un supervisor que revise la contabilidad y priorice los pagos, entre otras medidas urgentes.

Y pide que se revisen con especial cuidado los pagos efectuados a instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) de propiedad de la EPS, ante la posibilidad de que esos dineros puedan terminar en firmas de papel.

Según la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el giro directo a IPS de Coomeva, con corte a agosto pasado, sumaba 431.693 millones de pesos. Dice la Procuraduría que estos montos hacen “necesario vigilar y corregir la integración vertical”.

“El análisis de los hallazgos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar de vigilancia especial en 2012, frente a los hallazgos que sustentan la prórroga de la medida en 2018, demuestra que la situación financiera, técnica y científica de Coomeva EPS no ha mejorado, sino que se ha agravado”, precisa el Ministerio Público.

Una de los aspectos que más preocupan a la Procuraduría es la cantidad de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) que sus usuarios han puesto ante la Superintendencia de Salud.

Solo entre enero y octubre de este año se han reportado 51.485 PQRD contra esta EPS –es la tercera con más reclamos, relacionados con la deficiencia en la asignación de citas médicas especializadas, con la falta de servicios de imagenología de segundo y tercer nivel, con el inocuo suministro de medicamentos, con la no asignación de exámenes y cirugías, y con el no pago de incapacidades y licencias de maternidad.

Emdisalud en la mira

Pero la preocupación de la Procuraduría no es solo en torno a Coomeva. En otra comunicación remitida a la Supersalud y en poder de EL TIEMPO, advierte que la polémica Emdisalud EPS también está en alto riesgo, y se deben adoptar medidas especiales para evitar una crisis en los servicios de los doce departamentos en los que opera.

El Ministerio Público halló en esa EPS, con 462.780 usuarios, una crisis que “vulnera los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, (...) y no está cumpliendo con su función, como consecuencia del inadecuado desarrollo de los procesos contractual, administrativo, financiero y asistencial, con graves consecuencias sobre la garantía de prestación de los servicios de salud”.

La radiografía del colapso de esta EPS, que ha sido mencionada en expedientes sobre paramilitarismo por supuestamente ser usada como puente para desviar recursos públicos, indica que solo en un año ha recibido 4.863 PQRD y que, además, se evidencia la ausencia de una red de prestación de servicios médicos –a todo nivel– que garantice la atención de sus usuarios.

Y solo en un año de vigilancia financiera, según la Procuraduría, se encontró que Emdisalud genera pérdidas de 83.769 millones de pesos, un patrimonio negativo de 6.946 millones, endeudamiento del 107,30 por ciento, deudas por 153.000 millones y cuentas por cobrar que ascienden a los 85.000 millones.

Ante esta situación, y tras recordar que a Emdisalud se le han impuesto medidas de vigilancia especial desde 2010, la procuraduría exige que se le dé un ultimátum para que tome medidas de fondo y no se dilate por más tiempo su saneamiento. Incluso, aprovecha para recordar que hay al menos 16 EPS en una crisis similar, que debían remover a su revisor fiscal para designar un contralor, y que tres de ellas no lo han hecho.

Al respecto, Carrillo lanzó un mensaje explícito sobre todas estas EPS, incluida Coomeva: “Advierte el Ministerio Público la imposibilidad jurídica y la inconveniencia de prorrogar por años las medidas de vigilancia especial sin que se resuelvan de fondo las causales que dieron origen a estas medidas”. La solicitud del procurador se conoce tres días después de un acalorado debate en el Congreso en el que se llamó la atención sobre la crisis de todo el sistema y se exigieron medidas de choque al gobierno Duque. El ministro del ramo, Juan Pablo Uribe Restrepo, propuso una especie de comisión de la verdad como antesala de la toma de medidas de fondo. Se espera que esta misma semana, la Supersalud responda a los requerimientos de la Procuraduría y que, una vez notificadas de la situación, las EPS también se pronuncien.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.co
En Twitter: @uinvestigativa

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