En el séptimo piso de la sede del Inpec, antes de ingresar a la oficina de la Dirección General, se ven las fotos de varios de los directores que han pasado por el Instituto, que en los últimos 10 años ha cambiado de cabeza en cinco oportunidades.
Además de la del general William Ruíz, que apenas duró ocho meses en el cargo y que salió este miércoles, tras el escándalo por la fuga de la excongresista Aída Merlano, se encuentran en ese mural de honor Teresa Moya Suta, quien salió en febrero de 2010, luego de la fuga de La Picota de los narcoparamilitares Dumar de Jesús Guerrero Castillo, alias Carecuchillo, y Rahumir Rodríguez Trujillo, alias Tribilín. Igualmente está la foto de Francisco Bernal, que dejó el cargo en febrero de 2000, tras la muerte de 15 internos en una revuelta y el traslado de prisión del contralor David Turbay, y quien fue reemplazado por Bernardo Echeverry, quien lidió con la fuga de 344 internos de la cárcel de Popayán.
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Desde su aparición, en 1992, producto de la fusión de la Dirección General de Prisiones y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, el Inpec ha pasado de escándalo en escándalo y se han escuchado propuestas para reformarlo. Algunas van desde su privatización, hasta su liquidación y entregarle la responsabilidad de las cárceles a un cuerpo especial de la Policía.
Pero ninguna de las propuestas ha prosperado, solo se han realizado pequeñas cirugías como la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), que maneja la plata y opera la infraestructura penitenciaria del país.
Entre tanto, el Inpec, que ya cumple más de 27 años de edad, sigue custodiando 190.338 presos con una guardia de 12.848 uniformados, un hacinamiento en los centros penitenciarios del 53,8 por ciento y con 82 sindicatos que dificultan un control efectivo.
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Y aunque con la fuga de la exsenadora Aída Merlano volvieron a escucharse este miércoles propuestas que van desde crear una nueva entidad, hasta una reforma a fondo, el Gobierno no entregó mayores pistas sobre su futuro. Solo señaló que se le había pedido la renuncia al director del Inpec y a la directora y subdirectora de la cárcel El Buen Pastor, donde estaba presa la excongresista, quien huyó cuando cumplía una cita odontológica.
Cifras de los custodiados por el Inpec.
Inpec
“El gobierno, en cabeza del Ministerio de Justicia, reitera que no tolerará ningún acto que afecte la eficaz y recta administración de justicia, que ponga en tela de juicio nuestras instituciones”, señala en un comunicado la ministra de Justicia, Margarita Cabello. Y añadió que “el Ministerio tomará las acciones necesarias para que, a través del Inpec, se revise el adecuado cumplimiento de protocolos de seguridad”.
La fuga de Merlano se conoció justo cuando la Fiscalía decidió llamar a indagatoria al general (r) Fabio Campo Silva, director del Inpec entre 2000 y 2001, por los múltiples delitos cometidos en esa época en La Modelo, lo que expone los huecos históricos que ha tenido este instituto.
Para el exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, lo que se requiere es “una reorganización, una reingeniería interna muy severa, muy estricta. Inversión en la construcción de centros carcelarios”.
Lo que se requiere es una reorganización, una reingeniería interna muy severa, muy estricta
El tambien exjefe de la cartera de Justicia Yesid Reyes insistió que más bien se deben buscar nuevos mecanismos de vigilancia para asegurar la custodia de los internos: “Es muy importante que se cumpla con los protocolos de los niveles de riesgo de los detenidos”.
Por su parte, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), consideró que el Inpec “es una institución que requiere una intervención similar a la del DAS, empezar desde cero”.
Y Hugo Acero, analista en seguridad, dijo que el Congreso y el Gobierno deberían estudiar la viabilidad de acabar con el Inpec y pensar en otras fórmulas, como las que se plantearon en 2018 en un estudio del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Acero insistió en su columna publicada el sábado pasado en este diario, en la que advierte que el Inpec “es la muestra más clara de un Estado fallido”, y sostiene que “esta situación no es nueva y tiene que ver con la falta de control de las cárceles por el Estado, donde el Inpec parece que no lo representa, sino que es otro grupo que contribuye al desgobierno y el caos en este sector de la justicia”.
El drogoneante Luis Pinzón, secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, señaló que requieren más plata para aumentar la planta de guardianes y que a la dirección del Inpec lleguen “personas idóneas”.
Aunque desde el Congreso se registraron voces de rechazo a lo sucedido y fuertes cuestionamientos al Inpec, lo cierto es que fuentes oficiales señalaron que no hay en trámite ninguna iniciativa que busque alguna reforma al instituto para solucionar sus males.
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