Piden de nuevo al Fiscal que se aparte de proceso por campaña de Duque

Piden de nuevo al Fiscal que se aparte de proceso por campaña de Duque

Transparencia por Colombia y Dejusticia aseguran que debe declararse impedido. 

Francisco Barbosa

Barbosa también habló de nuevos resultados en las investigaciones por Odebrecht.

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Presidencia

Por: Justicia
06 de mayo 2020 , 03:34 p.m.

En una nueva comunicación, la organización Transparencia por Colombia y el centro de estudios Dejusticia le pidieron al fiscal general, Francisco Barbosaque se declare impedido y se aparte de la supervisión de la investigación penal relacionada con las denuncias por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Iván Duque. 

Esas investigaciones las anunció la Fiscalía a mediados de marzo, cuando el ente acusador dijo que abriría procesos contra personas no aforadas que podrían estar involucradas en los audios que se le interceptaron a José Guillermo 'Ñeñe' Hernández, en los que se escucha hablando de supuestos dineros ilícitos en la campaña de Duque.

Por esa fecha, además, a la Fiscalía se le enviaron denuncias contra María Claudia Daza Castro, quien hacía parte de la UTL del senador Álvaro Uribe, y contra Priscila Cabrales, quien trabajó en la campaña de Duque, quienes presuntamente estarían relacionadas con los audios y esos hechos.  

El 16 de marzo, estas organizaciones le habían pedido a Barbosa que, como Fiscal General, se apartara de la supervisión de todas estas investigaciones –ya que los procesos no los lleva él, sino sus fiscales delegados– y se nombrara a un fiscal ad hoc con estos fines. 

En ese momento, Dejusticia y Transparencia por Colombia argumentaron que entre el Fiscal General y Duque hay una relación personal y profesional que configura un conflicto de interés por parte de Barbosa para liderar estos procesos. Es por eso que se le pidió a la Corte que nombrara a un fiscal ad hoc que lo reemplace en esos casos "para llevar el proceso de forma imparcial y autónoma". 

Sin embargo, aseguran las dos organizaciones,  su argumento "no fue comprendido de forma adecuada por la oficina de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía".

Esto porque dicha oficina les respondió a su petición que, según el Código de Procedimiento Penal, los impedimentos y recusaciones "se predican únicamente a procesos en curso, y que estos trámites solo se pueden adelantar sobre el fiscal en concreto que lleve el proceso, y no sobre el Fiscal General de la Nación". 

Esta negativa de la Fiscalía fue la que llevó, por segunda vez, a Transparencia por Colombia y Dejusticia a pedirle a Barbosa de nuevo que se aparte del caso y, además, manifestarle su "preocupación por las denuncias de presuntos delitos electorales cometidos en el marco de la campaña presidencial de Iván Duque Márquez". 

Estas organizaciones insisten en que preocupa que en este proceso haya conflictos de interés –tanto potenciales como aparentes– en su cabeza, y el impacto que estos podrían tener en las investigaciones que debe iniciar su institución próximamente. 

Aseguran que la respuesta que la Fiscalía les dio a su primera solicitud no tuvo en cuenta dos puntos. El primero es que, dicen las organizaciones, "no es cierto que los conflictos de interés se deban relevar solo en casos concretos, ni que los únicos mecanismos para tramitarlos sean los impedimentos y recusaciones". 

Así, aseguran en su nueva carta al Fiscal, según el Departamento Administrativo de Función Pública, hay un conflicto de interés cuando quien ejerce un cargo público tiene "colisiones con los deberes y obligaciones del cargo que se desempeña". 

Esa definición, aseguran, es amplia y por lo tanto no se debe tramitar únicamente a través de los mecanismos que habla la Fiscalía como recusaciones o impedimentos.  

 Además, aseguran que no se puede equiparar un conflicto de interés con un conflicto de interés actual. Esto porque, aseguran, la Ocde reconoce que se puede tener en cuenta la existencia de un conflicto de interés aparente y potencial, es decir, futuro. "De hecho, es explícita refiriéndose a casos, como cuando un funcionario público tiene una amistad entrañable con una persona determinada que en un futuro podría llegar a verse involucrada en las responsabilidades oficiales de este servidor", aseguran. 

Es así cómo, al pedirle nuevamente que se aparte del caso, le dicen que el hecho de que todavía no se haya incurrido en un conflicto de interés actual no exime a los servidores públicos, y más a él por tener un cargo de Fiscal General, de "tener un conflicto de interés potencial o aparente que deba ser transparentado". 

Si ese conflicto de interés potencial existe, y esto no se discute de cara a la ciudadanía, dicen en su carta, esta situación "mina la confianza de la ciudadanía en la idoneidad e imparcialidad del funcionario". 

También le recuerdan que, según la Ley 2013 de 2019, los servidores públicos deben presentar un registro de conflictos de interés cada año y el formato diseñado por el Departamento Administrativo de Función Pública incluyó los potenciales conflictos de interés. "Sin embargo, en la declaración que se encuentra disponible al público se indica que usted no tiene ningún conflicto de interés potencial" a pesar de que, insisten, tiene una "amistad entrañable con el Presidente". 

Esta situación nos extraña y preocupa porque consideramos que su amistad entrañable con el Presidente de la República sí constituye un conflicto potencial de intereses

En segundo lugar, cuestionan que si bien es cierto que los fiscales delegados que llevan los casos tienen "cierta autonomía", de todos modos es el Fiscal General el que tiene la facultad de nombrarlos o removerlos de su cargo, "por lo que es de suma importancia que este transparente sus conflictos potenciales y aparentes de interés". 

Con estos argumentos, las organizaciones le piden nuevamente que se aparte "de la supervisión de los fiscales que tramitan estas investigaciones, no asumir directamente el conocimiento de ninguna de estas, y solicitar el inicio del proceso de designación de un(a) Fiscal General de la Nación ad hoc que con autonomía e imparcialidad lidere las investigaciones de los posibles delitos electorales que se pudieran haber cometido", dice la carta enviada al Fiscal, firmada por Vivian Newman Pont, directora de Dejusticia, y por Gerardo Andrés Hernández Montes, director de Transparencia por Colombia. 

La primera respuesta de la Fiscalía

En la respuesta que la oficina jurídica de la Fiscalía General les envió a Dejusticia y a Transparencia por Colombia sobre su primera solicitud del 16 de marzo, esta dependencia asegura que una solicitud de impedimento o recusación contra el Fiscal "no puede ser resuelta a través de un derecho de petición". Así, aseguran que este tipo de situaciones deben plantearse dentro de un proceso penal. 

También dice la oficina que solo las partes procesales pueden recusar a un funcionario que lleve una investigación. Así, dice la respuesta que la Fiscalía les dio el 30 de marzo, "el despacho del Fiscal General de la Nación no adelanta investigaciones penales por presuntos delitos electorales cometidos en el marco de la campaña presidencial de Iván Duque". 

El despacho del Fiscal General de la Nación no adelanta investigaciones penales por presuntos delitos electorales cometidos en el marco de la campaña presidencial de Iván Duque

Esto porque, dice la oficina jurídica, esos procesos son de conocimiento de distintos fiscales de la entidad que llevan los procesos con "independencia y autonomía para el desarrollo de sus labores". Según el ente acusador, solo ellos serían quienes eventualmente podrían ser recusados por ser quienes llevan los casos, si tuvieran un conflicto de interés. 

Sobre la supervisión de los fiscales, la Fiscalía asegura que esta función está a cargo de los directores seccionales, directores especializados, delegados y, en última instancia, del Vicefiscal General. 

Ante estas afirmaciones,  las organizaciones insisten en que los conflictos de interés también pueden ser potenciales y que los mecanismos para pedirle a un funcionario que se aparte de un caso son amplios y no se limitan a la recusación o impedimento dentro del proceso judicial. También dicen que si bien los casos los llevan los delegados, el Fiscal General es quien los designa y remueve. 

JUSTICIA

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